Alquiler
La consejera de Vivienda de Navarra niega un sobrecoste de 40 millones en las VPO y lo limita a 7,4 millones
Begoña Alfaro justifica que algunas viviendas de alquiler social hayan costado el doble del precio del mercado por las exigencias de eficiencia para poder recibir ayudas europeas
Publicado el 25/09/2025 a las 05:00
La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, justificó este miércoles que los costes de construcción de vivienda para alquiler social sean más elevados que los de las VPO de compraventa y de las promociones privadas por las exigencias de eficiencia energética y medioambientales que impone la UE para poder beneficiarse de las ayudas de los fondos NextGeneration. No obstante, aseguró que “no existe un sobrecoste de 40 millones”, tal como cuantificó la intervención delegada en un reparo suspensivo en junio de 2025. Según los datos de la consejera, las licitaciones del programa Navarra Social Housing han sumado 123 millones, mientras que el precio final una vez sumadas las modificaciones ha sido de 131 millones. Esto da unos sobrecostes de 7,4 millones, que suponen un 5,98% sobre el precio de licitación, “que entra dentro de lo razonable y de lo permitido legalmente”, afirmó Alfaro en el Parlamento de Navarra.
La consejera compareció a petición de UPN para dar explicaciones sobre dos informes de reparo, de junio de 2024 y junio de 2025, de la intervención delegada de Vivienda, que alertan del “sistema monopolístico” creado por Nasuvinsa en vivienda de alquiler social, con unos “excesivos costes de construcción” que provocan “una ineficiencia en los recursos públicos y un posible quebranto a la Hacienda foral”. En un informe de 11 páginas, el interventor analiza los presupuestos de varias promociones y el precio por metro cuadrado y lo compara con el módulo de VPO, el programa de vivienda social del País Vasco y los precios de mercado. Concluye que se financian pisos a un precio que duplica el de la iniciativa privada. Además, alerta de los elevados niveles de endeudamiento de Nasuvinsa y la ausencia de un plan de viabilidad “consistente”. El parlamentario de UPN José Luis Sánchez de Muniáin dijo que es uno de los informes “más severos, críticos y alarmante que se han conocido”.
“No hay monopolio”
Ambos reparos suspensivos fueron levantados por el interventor general, que dio la razón a las explicaciones del departamento de Vivienda. El director general de intervención rechazó que hubiera monopolio y defendió la legalidad de las subvenciones directas a la empresa pública “por razones de interés público”. Respecto a las críticas a la gestión, el interventor general evita pronunciarse al considerar que excede a su labor de fiscalización.
La consejera de Vivienda recordó este miércoles que el interventor general es el “superior jerárquico” del interventor delegado y quien resuelve las discrepancias con el departamento, restando así valor a los reparos suspensivos. Alfaro reprochó que el interventor delegado cifre en 40 millones los sobrecostes “sin entrar en detalles y sin aportar ningún informe técnico ni estudio de referencia”. EH Bildu fue más allá en sus críticas al interventor delegado al afirmar que sus informes tienen “un claro sesgo político y hace valoraciones que trascienden a lo técnico”.
Begoña Alfaro sí que admitió que los costes de construcción de viviendas de alquiler social son más altos que el módulo de VPO de compraventa y de las promociones privadas y explicó los motivos. El principal es que las ayudas europeas al alquiler social están sujetas a unas normas de eficiencia que encarecen el producto. “Las calidades que aplica Nasuvinsa son superiores. Al ser de alquiler deben ser gestionadas y mantenidas durante décadas”, afirmó. No obstante, añadió que estas exigencias redundan después en unos menores gastos energéticos y de mantenimiento.
La consejera negó que Nasuvinsa tenga el monopolio en la promoción de VPO de alquiler social, tal como denunció el interventor delegado. “Hay un monopolio de hecho porque no ha habido entidades locales ni iniciativas privadas en favor del alquiler social”, dijo el Alfaro. Todos los grupos, incluido UPN, aceptaron esta tesis.
UPN DENUNCIA QUE NASUVINSA "CONSTRUYE A PÉRDIDAS"
UPN reiteró este miércoles sus críticas al departamento de Vivienda y a Nasuvinsa por su “ineficiencia” en la promoción de VPO de alquiler social. “Se construyen viviendas por más del doble de lo que deberían costar. Nasuvinsa está construyendo a pérdidas y eso supone que se está detrayendo dinero de futuras promociones de vivienda social”, afirmó José Luis Sánchez de Muniáin. En opinión del parlamentario regionalista, las exigencias de eficiencia energética y medioambientales pueden producir un aumento de los costes pero en ningún caso pueden justificar que se pague más del doble. “Se está produciendo un quebranto a las arcas públicas por unos sobrecostes que no están justificados”, reiteró. Sánchez de Muniáin se mostró de acuerdo con los argumentos del interventor general para levantar el reparo suspensivo, pero recordó que no entra a valorar si hay sobrecostes injustificados o una negligente gestión.
Por ser empresa pública, Nasuvinsa no está sometida a la fiscalización del Gobierno de Navarra sino a una posterior auditoría pública. Kevin Lucero (PSN), que felicitó a la consejera Begoña Alfaro por su gestión, afirmó que “estas auditorías ya se harán y podremos ver si ha habido costes injustificados”. Geroa Bai y Contigo-Zurekin defendieron que la vivienda protegida cuente con unos estándares de calidad superiores. El PP evitó las críticas a Alfaro y mostró su respeto a la labor del interventor delegado y el general.
