El proyecto minero de la comarca de Sangüesa sigue dando pasos adelante. La empresa Geoalcali ha recibido ya la autorización del Gobierno de Navarra para la construcción de la línea eléctrica que será necesaria, y ahora está a la espera de que el departamento de Ordenación del Territorio autorice que el Ayuntamiento de Sangüesa pueda otorgar la licencia para la construcción de la planta de tratamiento de la potasa que se extraiga en suelo no urbanizable.

Así lo recalca también el consistorio sangüesino en un comunicado informativo, señalando que hoy “ningún expediente está pendiente de decisión municipal”. “Las licencias de obra municipales para las líneas eléctricas y para la planta de explotación requieren de la autorización previa del Gobierno. Para la planta no se ha otorgado; y la construcción de la línea se ha autorizado, pero su ejecución ha quedado condicionada a la obtención de otras autorizaciones pertinentes para las actividades o instalaciones a las que esa línea vaya a dar servicio”, explica.

Ignacio Salazar, CEO de Geoalcali, se muestra “optimista” en lograr una “pronta resolución” por parte de la administración. “Sabemos que el Gobierno de Navarra, como lo ha manifestado públicamente en varias ocasiones, considera el proyecto indispensable para el impulso de este territorio castigado por la despoblación”. En la parte aragonesa, falta también la licencia de obra de Undués de Lerda para construir la bocamina.

FINANCIACIÓN YA FIRMADA

‘Mina Muga’ prevé una inversión de más de 500 millones de euros. Se explotará un yacimiento de potasa a caballo entre Navarra y Aragón con una vida útil estimada de 18 años ampliables. En la fase de construcción de instalaciones y bocamina, prevista para comenzar esta primavera o verano, se generarán 1.000 empleos directos durante dos años y medio. El objetivo después es comenzar a extraer potasa a lo largo de 2024 e ir creciendo en esta fase de operaciones de 500 empleos directos iniciales hasta 800.

¿Sigue Geoalcali manteniendo esos plazos? “Por nuestra parte sí, estamos listos. Hemos firmado ya un mandato bancario para la financiación de la construcción del proyecto por 312 millones de euros. Un proceso en el que han participado bancos europeos, expertos en la industria extractiva, que tras una exhaustiva auditoria han reconfirmado la solvencia técnica, social y ambiental de este proyecto”, asegura Ignacio Salazar.

De forma paralela, administraciones y empresa están en conversaciones para definir un proyecto de accesos a la mina. El consistorio sangüesino defendía un acceso directo a la autovía A-21, entre Yesa y Liédena, que el Gobierno “no contempla”. Según aclaraba ayer la alcaldesa, Lucía Echegoyen, “la opción que parece más factible ahora es que los camiones de la mina salgan por la carretera de Javier, circulen después por una zona de huertas y salgan a la rotonda de la Papelera sin pasar por la variante de Sangüesa”.

Salazar asegura que “se hará lo que las autoridades dicten, esperando siempre que las decisiones que se tomen se hagan con el propósito de velar por el bienestar de la comunidad”.

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