Ayuntamiento de Pamplona

Varapalo judicial a Asiron por la gestión del euskera en las Escuelas Infantiles

  • El fallo del Tribunal Superior anula los cambios que impuso el cuatripartito
  • Fija que compete al Gobierno y no al Ayuntamiento cambiar el modelo lingüístico

El 54% rechaza la gestión municipal con las escuelas infantiles

Imagen de una concentración, a primeros de este mes, en favor de mantener los modelos de escuelas infantiles.

Actualizada 13/12/2017 a las 09:44
  • diario de navarra

El Ayuntamiento de Pamplona no es competente para cambiar la oferta educativa de las escuelas infantiles e implantar en ellas el euskera. Esa es la principal idea que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra recoge en la sentencia con la que desestima el recurso del consistorio y avala un fallo anterior que anulaba el acuerdo municipal por el que el actual equipo de Gobierno Municipal, encabezado por Bildu, modificó el modelo lingüístico de castellano a euskera en dos escuelas infantiles y reubicó otros tres centros. El fallo entiende que el único competente para este cambio es el Gobierno de Navarra a través de su Departamento de Educación.

La decisión judicial echa por tierra la mayor parte de los argumentos esgrimidos en el proceso por el consistorio pamplonés, y avala las tesis de las 53 familias que desde el primer momento defendieron el derecho de sus hijos a poder terminar el ciclo de 0-3 años en la escuela y el modelo que habían elegido.

Contra el nuevo fallo judicial, que condena otra vez a costas al Ayuntamiento de Pamplona, cabe interponer un recurso de casación.

Una modificación esencial

En esta nueva sentencia el tribunal no admite la idea defendida por el consistorio de que los cambios introducidos en las Escuelas Infantiles en febrero de 2016 fueron una mera “reestructuración” que no afectó a las competencias del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, ni acepta que el papel de este sea exclusivamente el de crear nuevos centros, inspeccionarlos, y financiarlos. Incluso el juez considera “innecesario”, por su “irrelevancia”, que la letrada municipal ahonde en este aspecto porque no afecta a la “cuestión nuclear”.
Para concretar si las modificaciones fueron un cambio, como estimó la anterior sentencia, o “una mera reestructuración”, como mantiene el Ayuntamiento, el juez no tiene reparo en consultar el significado de ‘reestructuración’ en el diccionario, y tras comprobar que implica “reordenar las partes de un conjunto sin variar el conjunto”, se ratifica en que la actuación municipal supuso algo más.

“Lo hecho modifica ostensiblemente el conjunto de la oferta educativa municipal, que cambió su configuración en 5 de las 12 escuelas de titularidad municipal, y no en aspectos secundarios o de escasa transcendencia, sino en un extremo tan esencial como el modelo lingüístico”, señala el fallo.

Para avalar su afirmación la sentencia se hace eco incluso de los informes del Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles Municipales, en los que se hablaba de “importantes modificaciones en la oferta”. Y cita a modo de ejemplo que el número de plazas en vascuence pasó de 164 a 408 o que se suprimieron 255 plazas en castellano y castellano-inglés.

Competencia del Gobierno

También rechaza la sentencia el argumento municipal de que el primer ciclo de educación infantil no es obligatorio, y que por ello no le afecta una norma que pone en manos del Gobierno de Navarra la enseñanza del euskera.

El tribunal mantiene que pese a las diferencias entre los ciclos, en el “uso e implantación del vascuence en la enseñanza la competencia es del Gobierno de Navarra y no de los municipios”. Y cita la propia ley del euskera, que reserva al Gobierno “la incorporación del vascuence a los planes de enseñanza”, y un decreto posterior que deja en manos de la Administración la autorización para implantarlo en la zona mixta. Al no haber obtenido esa autorización, entiende el juez que el Ayuntamiento de Pamplona vulneró “el régimen competencial”.

No estima la sentencia sin embargo que se haya vulnerado el derecho a la educación tal y como queda recogido en la Constitución, porque hace referencia a la enseñanza básica, que es la única obligatoria y gratuita. Y tampoco entiende que se haya visto afectado el derecho a la libre elección de centro.

Sí ve por el contrario el juez que se ha vulnerado el decreto que obliga a garantizar la continuidad en el mismo centro y modelo elegido por los alumnos hasta el final de la escolarización, a pesar de que el Ayuntamiento sostenga que la escolarización en las Escuelas Infantiles, por tratarse de una “potestad discrecional y de autoorganización”, puede modificarla. Sobre esto la sentencia señala que la prestación del ciclo educativo, pese a no ser un servicio obligatorio, no puede desarrollarse y modificarse de forma discrecional, y que por ello tampoco se puede modificar el derecho a continuar en la plaza obtenida.

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