Pamplona revisará, en principio a la baja, el número de calles a las que se veta la posibilidad de crear viviendas en planta baja. Así se trasladó este jueves durante el primer pleno del último curso político de la legislatura. Las elecciones están a un horizonte temporal de poco más de nueve meses y se nota el discurso preelectoral. Los corporativos dedicaron buena parte de sus intervenciones a reivindicar sus siglas y sus méritos. Los deméritos no existen en los partidos. Ni la autocrítica.

El caso es que el Ayuntamiento de Pamplona va a flexibilizar las medidas que acotan la posibilidad de construir viviendas a pie de calle aprobadas en el pleno de julio de este año. Entonces, se aprobó la suspensión durante un año de licencias para estos pisos en 90 calles consideradas “ejes comerciales estratégicos” de 12 barrios pamploneses. La medida, avalada por la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, puso en pie de guerra a promotores -no necesariamente profesionales-, que habían solicitado la licencia y habían incurrido ya en inversiones.

De hecho, el debate de este jueves ssobre este asunto partió de siete recursos de personas afectadas por la suspensión temporal. El concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea (EH Bildu), aseguró que la suspensión de las licencias iba a ser más breve que el año aprobado y apuntó a finales de año para levantar el veto. Juan Echeverría (UPN) le rebajó el entusiasmo y auguró un plazo más largo para que la suspensión se levante, habida cuenta de los trámites burocráticos y administrativos.

“Lo que quieren es ampliar la prohibición de viviendas. Ustedes resuelven todo prohibiendo. Lo que hay que hacer es dejar de asfixiar a los autónomos”, se quejó Echeverría en alusión a los comerciantes. Abaurrea había asegurado antes que la medida “de activación y ordenación de las plantas bajas en la ciudad” persigue dos objetivos: “fomentar y proteger el comercio de proximidad y fomentar la transformación de locales comerciales en vivienda”.

Según el concejal de Urbanismo, estas dos medidas aparentemente contradictorias se conjugan con el “ordenamiento de usos”. “Lo que hemos hecho es determinar en qué zonas de la ciudad es fundamental que exista el comercio de proximidad y además que tenga las condiciones urbanas para que así lo sea”. Por otro lado, defendió la transformación de locales en viviendas “en muchos ámbitos donde no hay vocación ya de que existan locales comerciales”.

Fue el PSN, socio necesario del tripartito para sacar cualquier iniciativa adelante, el que pidió, por un lado, acotar el número de calles a los que afecta el veto. Fue Xabier Sagardoy quien defendió la postura socialista de acuerdo a su intervención en el pleno de julio en el que pidió la urgencia de la suspensión ante “la proliferación de viviendas en algunos lugares que entendemos que son indeseados, como son los ejes comerciales principales de los barrios”. E insistió en la idea de reducir “sustancialmente” las calles en las que se prohíbe la construcción. “Entendemos que varias de las calles que ahí se incorporaron no son susceptibles de una limitación perpetua de las aperturas”, añadió.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Armendáriz declaró que la medida nace del hecho de que “se estaba echando a comerciantes que tenían alquileres en áreas comerciales para convertir esas bajeras en pisos turísticos o viviendas”. Carmen Alba (PP) mostró su preocupación por la “inseguridad jurídica” y Txema Mauleón (Contigo-Zurekin) se felicitó por la medida. “Tienen un doble objetivo muy positivo”, concluyó.

El Ayuntamiento de Pamplona aprobó este jueves la modificación del artículo 89 del PEPRI, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo, es decir, la norma que obliga a los bares del centro histórico de la ciudad a tener un vestíbulo estanco con dos puertas. En 2017 se estableció la obligatoriedad de que los establecimientos de hostelería del Casco Viejo contasen con estas dos puertas.

Tras sucesivas moratorias, el consistorio hizo una radiografía de la realidad de estos bares. La fotografía que ha devuelto la medida afecta a 130 bares. De ellos 26 ya tenían las dos puertas, 24 las solicitaron, 43 han quedado exentos al cambio por no emitir música a partir de las 23 horas, 15 solicitaron la excepción por razones técnicas, 9 bares no han respondido al requerimiento municipal y 8 establecimientos históricos han perdido la licencia.

La modificación aprobada por asentimiento -no fue necesaria una votación- ajusta la norma del PEPRI a la realidad hostelera del Casco Antiguo. El concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea (EH Bildu), sacó pecho de las medidas aprobadas por el gobierno de Asiron y celebró la merma de establecimientos, tras lo que consideró la “hemorragia [de licencias] de los mandatos de Barcina”.

¿Qué supone la modificación del PEPRI? Básicamente, suavizar la condición taxativa de instalar el vestíbulo estanco. Fue el concejal de UPN, Javier Labairu, quien le recordó a Abaurrea que fue la formación regionalista la que pidió en el pleno de junio de 2025 que se contemplase la flexibilidad que ahora acoge la norma. También recordó que Abaurrea le respondió entonces con que era un “follonero, que venía a a liarla y a enredar”. “Pues no, señor Abaurrea. Lo que quería era soluciones”, respondió Labairu.

“Mi pregunta es para el señor Mauleón. Entiendo el juego político, pero usted se pasó de frenada en la comisión de Presidencia y llamó asesinos a los fundadores de UPN. Hay límites que no se pueden sobrepasar. Espero que se retracte y desaparezca del acta porque si no le anuncio que los servicios jurídicos de UPN están planteando demandarle por vulneración al derecho al honor de cada uno de ellos”. Son palabras de Cristina Ibarrola, portavoz y presidenta de UPN, al final del larguísimo pleno de ayer contra el concejal de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón.

El edil respondió que había aludido a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Franco antes que fundador de Alianza Popular, antecesor del PP. “No me refería a los fundadores de UPN pero han sido coalición del PP durante muchos años”, respondió para retractarse de lo dicho. El PP se sumó a la posibilidad de demandar a Mauleón.