La situación del empadronamiento en Pamplona continúa generando una creciente preocupación entre colectivos sociales y personas afectadas, que denuncian que el Ayuntamiento sigue incumpliendo resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) al denegar o retrasar el acceso al padrón a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a quienes no disponen de una vivienda estable. Este hecho, según subrayan, supone una vulneración directa de derechos fundamentales, ya que el empadronamiento es la puerta de entrada a servicios básicos como la sanidad, la educación o la atención de los Servicios Sociales.

Diversos colectivos han hecho públicas estas denuncias, señalando que, pese a que el Ayuntamiento ha reconocido parcialmente las resoluciones del TAN, en la práctica continúa aplicando criterios restrictivos que dejan fuera a numerosas personas. Entre las voces que están visibilizando esta problemática se encuentran Peio Lasa, representante de Apoyo Mutuo; Santi Rabadán e Itziar Bardají, en nombre de la Asamblea del Padrón de Iruñea; y Brenda Esquivel, de SOS Racismo Nafarroa. Todas ellas coinciden en señalar que la situación no solo persiste, sino que está teniendo consecuencias cada vez más graves en la vida cotidiana de los afectados.

Uno de los aspectos más críticos que denuncian es que, en la práctica, la falta de empadronamiento bloquea cualquier tipo de intervención institucional. Sin padrón, explican, los Servicios Sociales no pueden actuar, lo que deja a muchas personas completamente desprotegidas. Ante esta realidad, muchas se ven obligadas a recurrir a redes informales y dinámicas de autogestión para poder sobrevivir, generando situaciones de precariedad extrema que podrían evitarse con una correcta aplicación de la normativa.

La problemática se ha agravado especialmente tras el desalojo de Aranzadi. Aunque algunas de las personas desalojadas han recibido una ampliación de ayudas habitacionales, los colectivos advierten de que una parte importante sigue en situación de calle. Esta falta de alternativas reales, unida a la imposibilidad de acceder al padrón, sitúa a estas personas en un limbo administrativo y social del que resulta muy difícil salir. En este contexto, las organizaciones denuncian una falta de planificación y de respuesta estructural por parte de las instituciones.

Una de las pancartas más representativas resumía la denuncia con el lema: “El padrón, como los pimientos, unos sí y otros no”, poniendo el foco en lo que consideran una aplicación arbitraria y desigual de este derecho, que debería ser universal para todas las personas que residen en Pamplona.

También recordaron las palabras del concejal de Acción Social, Txema Mauleón, quien dijo que el único requisito para acceder al empadronamiento es acreditar una residencia continuada en Pamplona de al menos tres meses. Sin embargo, los colectivos sociales cuestionan esta afirmación y sostienen que no está recogido en la legislación vigente. Según explican, la normativa estatal no establece ese criterio como condición para el empadronamiento, por lo que consideran que su aplicación constituye una práctica ilegal que limita el acceso a derechos básicos.

Los datos más recientes manejados por estas organizaciones reflejan la magnitud del problema: alrededor de 500 personas en Pamplona se encuentran actualmente con el padrón denegado o atrapadas en procedimientos administrativos sin respuesta. Esta cifra, advierten, no solo evidencia un problema estructural, sino también la urgencia de adoptar medidas inmediatas que garanticen el cumplimiento de la legalidad y el acceso efectivo a derechos fundamentales.

En este contexto, los colectivos reiteran su exigencia de que el Ayuntamiento aplique de forma íntegra las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra, respete la normativa vigente y garantice el empadronamiento de todas las personas que residen en la ciudad, independientemente de su situación habitacional.