La imagen que ilustra este reportaje refleja la impotencia, el agotamiento y seguramente el hartazgo de las personas que en ella aparecen. De un lado, Javier Míguez, presidente de la comunidad de vecinos del portal número 11 de la calle Río Alzania de Pamplona, apoya cabizbajo su mano en la mejilla; en frente, agentes de la Policía Municipal ante la enésima llamada de los vecinos por la bajera ocupada en el bajo del portal. Fue este lunes 9 de febrero, esta vez por un enganche ilegal a la red de electricidad de la comunidad, el cuarto en menos de dos meses, y por una “gran pelea” entre los propios okupas, unas 17 personas que duermen en condiciones “deplorables e insalubres”, denuncian los vecinos.

 Las calles de los ríos se levantaron en Pamplona a uno y otro lado de la avenida de Zaragoza a mediados del siglo pasado, en la Milagrosa y Azpilagaña. Nuevas arterias urbanas, edificios humildes de tres, cuatro y cinco alturas a las que dieron vida sobre todo familias llegadas de otros puntos de Navarra. Muchas siguen allí, memoria de un barrio que han delineado en estas décadas, hay quien se ha incorporado, personas de otros países integradas en la vida de la ciudad, a diez minutos a pie del centro. 

Javier Míguez reside con su madre, “gran dependiente”. “Ella vive aquí desde 1971 y yo desde 1973”, se muestra dispuesto a trasladar una vez más la desazón del vecindario ante la ocupación que les ha generado tantos problemas. 

Eva Lacunza, administradora de la comunidad, explica que muchos vecinos quieren hablar, contar su historia, pero no se atreven a dar su nombre ni aparecer en fotografías. A Javier, “la desesperación” le ha llevado a tomar otra determinación. “Ya me da igual”, resume diáfano. Recuerda que el local ocupado fue hace décadas una carpintería. “Había otras dos más en la calle”, en una zona con muchos talleres mecánicos, de electricidad... “Cuando cerró la bajera estuvo años vacía hasta que hace un tiempo una persona la ocupó, un hombre entrado en años. Lo sacaron en bolsa”, señala que falleció en el interior de un local que no reúne ni una mínima condición para habitar en él. “Al poco tiempo llegó la mujer que lo gestiona ahora con otras dos personas”, apunta. 

La administradora de la comunidad lo confirma y añade que esta mujer al parecer alquila colchones a otras quince personas que pernoctan en el lugar. Los conflictos han sido numerosos en estos tres o cuatro años. Y el gasto por reparaciones en la comunidad supera los 7.000 euros, indica Javier Míguez.

 La situación ha aniquilado la tranquilidad de la calle, una arteria pequeña, como abrigada bajo la calle Abejeras, junto a la plaza del Búho y su frontón, el peculiar mirador, un rincón poco conocido de Pamplona, arquitectura pública y singular, “ahora habitada durante horas por las personas que duermen en la bajera”. “Ahí están bebiendo cerveza, varios son mayores de 40 años y toxicómanos”, apuntan los vecinos. “El otro día a mi sobrino le ofrecieron crack, el tema es muy serio”, interviene otro vecino que prefiere no identificarse.

 La administradora hace otra reflexión: “Estos okupas necesitan una solución habitacional, pero no es esta”. Piden “soluciones reales” al ayuntamiento, creen que las multas a la propietaria no lo son y agradecen la labor de la Policía Municipal, en especial la del policía de barrio. Pero los mismos agentes dicen sentirse “atados de pies y manos”. La propietaria del local, dicen, es una persona mayor que reside en el centro de Pamplona. No ha presentado denuncias por la ocupación, de manera que esto obstaculiza cualquier procedimiento. “La policía fue a hablar con ella y le expuso la situación, pero el agente nos dijo que no sabe si ella llegaba a comprender lo que le decía”, trasladan en Río Alzania. La frase calibra lo complejidad del problema. Tanto que los vecinos han llegado a plantearse en algún momento tratar de comprar la bajera. Javier Míguez indica que dos vecinos ya se han ido. “No podían más, y otro ha vendido el piso”. Repara en la degradación de una calle que siempre ha sido amable. En una realidad que llega a todos los barrios, varios comercios han bajado la persiana: ‘Calzados Alfaro’, ‘Confecciones Vitori’..., permanecen aún los letreros. Frente al número 11 se encuentra la Asociación de Vecinos de Azpilagaña y en el 13 la iglesia Cuerpo de Cristo de Remar; en los extremos de la manzana hay dos comercios que bien podrían estar en la arteria comercial de la ciudad: una perfumería y una peluquería, locales cuidados, en diseño y en atención cercana.

 Los vecinos valoran “positivamente que el asunto haya sido tratado en sede municipal y que, al menos, se haya producido un debate público en el seno del Ayuntamiento”. Sin embargo, consideran que esto “no equivale a su resolución, ni ofrece una respuesta efectiva a la situación que se vive diariamente en el entorno afectado”. 

El Ayuntamiento ha afirmado haber impuesto multas que alcanzarían los 5.000 euros, pero los vecinos subraya que “las sanciones económicas, por sí solas, no solucionan el problema, ni garantizan la seguridad, la salubridad ni la convivencia vecinal. Las multas pueden engrosar las arcas municipales, pero no cierran el local, no eliminan los riesgos existentes, ni protegen a las personas que viven en el edificio y sus alrededores”. 

 “Todo ello se agrava por una circunstancia especialmente sensible: en el edificio reside un menor cuya situación personal se está viendo seriamente afectada por el clima de tensión, miedo e inestabilidad generado por esta ocupación, hasta el punto de haber requerido tratamiento psicológico. Este hecho, conocido por la Administración, exige una actuación inmediata y prioritaria desde la perspectiva de la protección del menor”, apuntan y lamentan que “ningún responsable del equipo de gobierno municipal” se haya reunido con ellos, “ni haya acudido al lugar para conocer de primera mano la realidad diaria que se vive en el edificio y su entorno”. “Las explicaciones ofrecidas desde la distancia, sin contacto directo con los afectados, resultan insuficientes y generan una profunda sensación de abandono institucional”, afirman.

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 Los vecinos urgen al “cierre efectivo del local, mediante el ejercicio de las potestades administrativas que la ley reconoce al Ayuntamiento en materia de seguridad, salubridad y convivencia ciudadana, tal y como ha recordado el Defensor del Pueblo de Navarra, que en su Resolución Q18/195 señala el deber legal de las Administraciones de actuar y de impedir el uso de inmuebles cuando existan riesgos para las personas o se incumplan las condiciones mínimas de habitabilidad, sin que resulte suficiente limitar la actuación a la imposición de sanciones económicas”, arguyen.

 Exigen asimismo “la intervención coordinada de los servicios sociales, para ofrecer alternativas a las personas ocupantes en situación de vulnerabilidad, evitando que el problema se perpetúe, una actuación integral”. Los vecinos quieren dejar claro que no buscan “confrontación política, ni ser utilizados en debates partidistas”. Su reivindicación es “transversal, legítima y profundamente humana: poder vivir con tranquilidad, seguridad y dignidad en sus viviendas”.