La reducción de ciclos disponibles en el servicio público de bicicleta eléctrica volvió a centrar el debate político en el Ayuntamiento de Pamplona, con duras críticas por la falta de explicaciones a las personas usuarias y a quienes pagan el abono anual sin poder disfrutar del servicio. Y es que se trata de un servicio que utilizan cerca de 60.000 personas cada mes y que, de un tiempo a esta parte, no hace más que sumar errores a un listado que ya es demasiado largo.

Dado el panorama, desde la oposición se cuestionó por qué no se ha informado públicamente de esta situación, qué respuesta se da a la ciudadanía afectada y qué garantías ofrece el Ayuntamiento al resto de municipios de la Comarca de Pamplona ante un sistema que no funciona correctamente ni siquiera en la capital. También se reclamaron explicaciones sobre qué medidas se están adoptando para asegurar la disponibilidad de bicicletas y qué tipo de supervisión se está realizando desde el área de Movilidad para garantizar su mantenimiento y buen estado.

EL SERVICIO NO ES ADECUADO

Desde EH Bildu, Borja Izaguirre calificó la situación como una “herencia envenenada”, reconociendo que el servicio actual “no es el adecuado”, aunque aseguró que se está trabajando para solucionarlo. Recordó que UPN prometió un sistema gratuito que finalmente no lo ha sido y subrayó que se trata de un modelo deficitario, con numerosos inconvenientes. En este sentido, explicó que en abril de 2025 el Ayuntamiento se comprometió a un rescate de la concesionaria Ride On y defendió que la prioridad es garantizar un buen servicio público de bicicleta eléctrica en Pamplona. Izaguirre admitió que el sistema no es el mejor y avanzó que se darán explicaciones en la Junta de Movilidad, señalando que el proceso es jurídicamente complejo y avanza con lentitud, pese al contacto diario con la empresa.

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En la misma línea, Marina Curiel (PSN) afirmó que UPN “no cuenta nada que no se sepa ya” y calificó el proceso como una “chapuza administrativa”, sin presupuestos ni previsión de mantenimiento. A su juicio, el anterior equipo de gobierno “se pilló los dedos”, prometió gratuidad y puso en marcha un sistema deficitario. Javier Leoz (Geroa Bai) señaló que los problemas se originan en la propia concesión y advirtió de que lo que se presentó como gratuito ha acabado siendo caro, defendiendo la necesidad de facilitar la comarcalización del servicio. Por su parte, Txema Mauleón (Contigo-Zurekin) insistió en que la movilidad sostenible ha sido siempre una prioridad y aseguró que se están dando pasos para rescatar un sistema claramente deficitario.

Desde el PP, Carmen Alba reclamó explicaciones y consideró un “sinsentido” no apoyar una declaración que únicamente pedía aclaraciones sobre la situación del servicio.

Decir que la declaración fue rechazada, con siete votos en contra y cinco a favor, sin que prosperara la petición de explicaciones formales sobre el estado actual del servicio de bicicleta eléctrica. "Nos vamos con cero respuestas, nosotros y la ciudadanía", sentenció el regionalista Aitor Silgado.