Tras el incendio que el pasado 26 de noviembre asoló un bazar en la Rochapea continúa el calvario de las 16 familias que fueron desalojadas del número 100 de la calle Marcelo Celayeta, cuyo inmueble permanece tapiado y en el que ha sido necesario colocar vigilancia privada para evitar ocupaciones ilegales. Un servicio de día y noche que ha supuesto una factura de 93.000 euros. Desde el Ayuntamiento se esgrime que al tratarse de una propiedad privada son las aseguradoras quienes deben asumir la vigilancia pero que aún así, se ha redoblado el patrullaje por la zona sobre todo de madrugada. Los afectados replican que ellos no fueron los causantes del fuego por lo que esperaban más amparo municipal. 

Según su relato de los hechos, fue el Jefe de Policía Municipal el que les comunicó que el dispositivo se retiraría el viernes de la semana siguiente al día 26 (miércoles). Desde entonces un vigilante por la mañana y otro por las noches se han encargado de velar por la seguridad del inmueble. Respecto a los retrasos en la tramitación, la cronología de los hechos que aportan los afectados es que el 1 de diciembre acudieron tres peritos a la zona, el de la comunidad de vecinos, el del dueño del local y el del inquilino del bazar. Policía Nacional les comunicó que iban a iniciar la investigación del origen del fuego pero que necesitan garantizar la seguridad para entrar en el bazar, al igual que los tres técnicos especializados en incendio de las aseguradoras. 

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RETRASOS DE 9 DÍAS Y UN MES

Desde el Ayuntamiento, continúan su relato, se les notifica que el primero que debe acceder  para dictaminar si se puede hacer ese trabajo de campo en el interior es un arquitecto municipal. Pero no les dan fecha de cuando realizará esta visita y, aseguran, nueve días después se notifica a la administración de fincas que se encarguen ellos de contratar a un arquitecto. El 19 de diciembre, dicho profesional entrega su informe. El permiso para entrar al bazar se demoró hasta el 19 de enero y ahora les indican desde las oficinas municipales que deben buscar un promotor de obra. Todavía no han obtenido respuesta de porqué es necesario este promotor ni, aseguran, qué datos deben recabar sobre el incendio. Y alegan que aún queda por delante una prolija tramitación y acciones para el regreso de esas 16 familias, 

Tres de las familias, que suman 16 personas, se alojan en hoteles, a través del Ayuntamiento, mientras intentan encontrar vivienda en alquiler. Otras familias se han ido a vivir con familiares y dos han encontrado pisos en alquiler, cubiertas en parte por su seguro. Estaría pendiente el desescombro, valorar como está la estructura del edificio, hacer un proyecto de obra y un informe que resuelva la responsabilidad del incendio para que los perjudicados reclamen los daños.

Desde el Ayuntamiento remarcan que el retraso no es debido a ellos porque sí han respondido en todo momento con celeridad. Hasta el momento, se han cursado tres visitas al edificio y se ha celebrado ya una primera reunión (el 21 de este mes) con el vecindario para buscar soluciones. La semana que viene ya hay programada una segunda cita tramitada a través de la comunidad de vecinos para aportar toda la información que les requieran. Sobre la vigilancia, indican que Policía Municipal mantuvo el dispositivo de vigilancia mientras el tráfico estuvo desviado y la calle cortada. A partir de la apertura, los patrullajes en la zona han crecido, pero son las aseguradoras quienes tienen que poner la seguridad en el interior del edificio ya que éste es propiedad privada, insisten. No consta que haya denuncias ni quejas en las oficinas de atención ciudadana, remarcan.