Lo ocurrido este fin de semana en el convento de las Agustinas de San Pedro no es nuevo. No se habían registrado caídas por el hueco del ascensor, pero sí otros episodios de ocupación, inseguridad y una alarmante falta de salubridad. Ese agujero de entre 5 y 6 metros por el que cayeron dos personas la madrugada del domingo, una de ellas en estado muy grave, era el “urinario” de los cerca de 70 jóvenes que pernoctan en un edificio propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. Aunque el inmueble tiene ya un futuro definido, como hospital de neurorrehabilitación, el presente sigue cayendo en barrena. 

Y lo hace tras cierres sucesivos del edificio, con tapiados de las entradas, y posteriores ocupaciones, que lo han convertido en uno de los focos de inseguridad que más preocupa a la Policía Municipal. Fue el pasado 2 de junio cuando el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea (EH Bildu), pronunciaba unas palabras cargadas de triunfalismo que parecían poner fin a la precaria situación del edificio : “Ha habido un final feliz”.

Tal optimismo se debía a que el consistorio había aprobado la adjudicación del inmueble al Grupo Vitalia para convertir el convento diseñado por Fernando Redón en un “centro sociosanitario especializado en neurorrehabilitación neurológica y funcional y también en cuidados residenciales continuados y paliativos”. Todo ello, con la condición de recuperar el inmueble, lo que supone una inversión de 7,5 millones de euros.

MODIFICACIÓN DEL PEAU

Desde aquel anuncio de junio no se han producido cambios en la recuperación del edificio. La adjudicación del convento y su conversión en un centro sociosanitario está directamente relacionada con la modificación del PEAU (Plan Especial de Actuación Urbana) para que el Grupo Vitalia pueda convertir la parcela contigua en una residencia de mayores con apartamentos tutelados. Si el convento se convertirá en ese centro especializado en neurorrehabilitación con 33 plazas -la mitad de las celdas con que contaban las monjas-, la parcela contigua, en la trasera de Agustinas, acogerá 120 plazas en la residencia y a 39 personas en los apartamentos tutelados. El PEAU, que debe aprobarlo el pleno, todavía no se ha modificado.

Así las cosas, y a la espera de un “final feliz” para el edificio del parque de Aranzadi, la realidad actual transita por derroteros más sombríos. Y es que, ese “final feliz” para Agustinas significa a su vez un final incierto para las personas que allí duermen. Y es que el problema del convento no solo afecta al Urbanismo municipal. También a Acción Social.

El convento, que se ubica a apenas 10 minutos del Casco Histórico pamplonés, en la almendra que forma el meandro del Arga, da cobijo a 70 personas, migrantes en su mayoría y en situación de exclusión social. Este periódico ha contado en numerosas ocasiones la situación en la que malviven, con imágenes de un interior en progresivo deterioro y decenas de tiendas de campaña apostadas en los soportales. Tanto en los mandatos de Maya (UPN) como en los de Asiron (EH Bildu) el edificio se ha clausurado, pero se ha vuelto a ocupar en pocas semanas.

Nada que ver con la clausura voluntaria de unas religiosas, las “Petras”, que dejaron el convento en 2011 y que vivían ya en el siglo XIII en el monasterio viejo de San Pedro, al otro lado del río. En 1967, Fernando Redón (Pamplona, 1929-2016) se encargó de dar forma a un moderno convento, un encargo inusual en estos tiempos, con forma de “U”, con un atrio abierto en la entrada, iglesia, claustro y celdas para las monjas.

El anunciado derribo de la antigua ikastola Jaso, otro foco de inseguridad, dejará a medio centenar más de jóvenes en la calle y agudizará el problema de las personas sin hogar en Pamplona.

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