La solución administrativa para el barrio de Erripagaña, repartido en cuatro municipios desde que hace 21 años el Gobierno foral aprobara el plan urbanístico para promover miles de viviendas entre la ripa de Burlada, Beloso y Mendillorri, tendrá que esperar. A pesar de que fue una de las “prioridades” en programas electorales hace dos años y de que estos meses ha sido objeto de declaraciones y acuerdos entre las alcaldías de Burlada, Pamplona, Valle de Egüés y Huarte, sigue pendiente una propuesta concreta, la pregunta dirigida al vecindario y la forma de llevar a cabo ese planteamiento. Antes de San Fermín, y un mes después de acordarlo conjuntamente las alcaldesas de Burlada y Valle de Egüés y los alcaldes de Pamplona y Huarte, el Ayuntamiento de Pamplona adoptó una declaración de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin sobre la encuesta sociológica y los siguientes pasos a seguir para el proceso participativo. Sin fecha, como exigía UPN para el 31 de diciembre. En el resto de municipios no se ha tratado todavía en pleno y, si acaso, lo dejan para septiembre.

El acuerdo en Pamplona se adoptó en un pleno a principios de mes. Partió de una declaración conjunta de los grupos que forman el equipo de gobierno: EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, hecha pública a la vez que UPN planteaba una enmienda al texto. Las abstenciones en diferentes puntos de las otras formaciones, UPN, el PSN o el PP, propiciaron que saliera adelante el texto. Reflejó, sin embargo, las diferentes visiones sobre un problema enquistado en un barrio que llegará a las 6.300 viviendas y superará los 15.000 habitantes cuando termine su desarrollo y que ahora, con cerca de 12.000, viene denunciando falta de dotaciones y servicios. Para el próximo curso se espera abrir el centro de 0 a 3 años, construido por el Gobierno de Navarra para sustituir al que se inundó en Burlada en 2021. El centro de salud no se prevé hasta 2028.

SONDEOS, TALLERES Y CONSULTAS

La declaración, presentada como “definitiva”, fue la forma de Pamplona de materializar el acuerdo de principios de junio sobre la encuesta sociológica. Entonces se habló de un acuerdo de las alcaldías que debía ratificarse en los órganos de cada municipio. En el Valle de Egüés se trató en una comisión y en un pleno, sin avances concretos pero con la petición de alcaldesa, Xuriñe Peñas, al igual que su grupo, UPN, en Pamplona de que se resuelva el proceso para el 31 de diciembre. En Burlada y en Huarte ni siquiera lo han tratado, reconocían sus alcaldes, Berta Arizkun y Alfredo Arruiz, ambos de EH Bildu, como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

Junto al apoyo al sondeo “para conocer la opinión del vecindario y tener un diagnóstico compartido”, se comprometían a poner en marcha un “proceso participativo”. Incluía, recoge la declaración que aprobó el tripartito de la capital, “talleres deliberativos cuyas conclusiones sirvan para formular las preguntas de la consulta ciudadana”.

COMPENSACIONES ECONÓMICAS

Y daban un paso más a la hora de perfilar la preguntas a la ciudadanía. Según el acuerdo que adoptó EH Bildu con sus socios en Pamplona, “antes de la consulta a la ciudadanía y durante el proceso participativo”, se definirán tanto el proceso administrativo como las compensaciones económicas necesarias para cualquier escenario resultante.

El de las compensaciones económicas de uno de los escollos que ha dificultado acuerdos durante este tiempo. Los diferentes informes económicos recopilados desvelaron, por un lado, la necesidad de reducir la fórmula administrativa y, por otro, las afecciones, especialmente en Burlada. Un informe elaborado desde la intervención municipal concluyó que el Consistorio sería inviable si se desprendiese de su parte de Erripagaña y de los ingresos anules que reporta, tanto vía impuestos municipales como por el reparto de fondos locales. El territorio, de 800.000 metros, pertenece en un 59% a Burlada (59%), a Pamplona en un 21% y el 20% restante se reparte entre Valle de Egüés y Huarte.

La Cámara de Comptos consideró lo más razonable, de hecho, que el barrio “quede en manos de Pamplona, Burlada o ambos municipios”. Opinó, en septiembre del año pasado y antes de que cada municipio hiciera su análisis, que “la actual realidad del territorio, que forma parte de cuatro municipios, es incompatible con una gestión racional, eficaz y eficiente”.

El acuerdo adoptado en Pamplona implica también aceptar la petición de la asociación vecinal de Erripagaña para mantener una reunión con el departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y los cuatro ayuntamientos. Matiza, sin embargo, que esa petición no limitará los pasos que puedan dar los municipios por su parte.

La llamada a la intervención también del Gobierno de Navarra la realizó la asociación, particularmente, en abril cuando recordó que el Ejecutivo había quien en 2004 aprobó el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal que propició el desarrollo de Erripagaña. Reclamaban que fueran parte de la solución al problema que se creó al repartir un nuevo barrio con miles de viviendas entre cuatro municipios.

El Ejecutivo, a través del Gabinete de Cohesión Territorial, contestó en su día que estarían para acompañar en el proceso participativo que desde 2024 se viene hablando, sin llegar a materializarse, entre los cuatro ayuntamientos.

Posteriormente, los municipios también hablaron de la implicación necesaria del Gobierno para dar respuesta a la situación que se cree ante la propuesta administrativa. De hecho, han solicitado ya formalmente ese encuentro y siguen esperando la fecha para la reunión. Algunas fuentes criticaron, sin embargo, que el PSN en la capital no hubiera apoyado la petición al Gobierno de Navarra.

“SIN PLANIFICACIÓN”

Critican desde el Consistorio pamplonés que el desarrollo urbanístico de Erripagaña, aprobado tras años de trámites cuando gobernaba UPN en Navarra, se llevó a cabo “sin una planificación adecuada” y achacaban a esa “falta de previsión” la situación que “repercute en el día a día del vecindario”