"El flujo de llegadas es mucho mayor que el de salidas".  Este es uno de los problemas que el Ayuntamiento de Pamplona ha encontrado en la antigua ikastola Jaso de Echavacoiz de Pamplona, que lleva tres años ocupada por personas sin hogar, que viven en una situación de insalubridad y que genera situaciones de inseguridad en el barrio, por la presencia de perfiles conflictivos. Actualmente hay más de 50 personas a pesar de que hasta hace unas semanas el consistorio había logrado reducir la cifra de okupas a 5 mediante traslados a distintos recursos municipales. Así lo ha explicado este jueves el director de servicios sociales, Ruben Unanua, en el foro de barrio. El objetivo tanto del ayuntamiento como de la ikastola, propietaria del inmueble, es derribarlo cuanto antes, han explicado ambas partes, que han pedido "paciencia" al vecindario porque la solución es compleja. 

En el foro ha intervenido el director de la ikastola Jaso, Unai Arellano, que en primer lugar ha agradecido la "paciencia" del vecindario. El antiguo colegio es propiedad de la cooperativa de padres. El edificio quedó en desuso con el traslado a Mendebaldea. "El solar no estaba abandonado. Estaba cerrado, tapiado y señalizado pero hace tres años lograron entrar", ha relatado Arellano. Después de tres denuncias, el asunto está judicializado. "Ha sido una preocupación máxima y una impotencia máxima", ha admitido el director del centro, que ha recibido el aplauso del vecindario al terminar su intervención.

Unai Arellano y el concejal de barrio, Endika Alonso Irisarri (EH Bildu) han informado de los pasos que se han dado de momento. "Estamos afinando y analizando la forma más adecuada de avanzar. Hay que ver cuál es la fórmula más rápida y más factible para derribar el edificio, que es el deseo de los propietarios. La fórmula que parece más lógica y más ágil conlleva una solicitud por parte del propietario para que el consorcio (del TAV) autorice el derribo. La ikastola ya ha registrado una petición y ahora es el Ayuntamiento quien va a hacer la solicitud al consorcio para que se convoque cuanto antes una reunión y para que se autorice ese derribo", ha detallado Alonso Irisarri.

De forma paralela, el consistorio se ha comprometido a buscar una solución para las personas que permanecen en el antiguo colegio, actualmente más de 50. El director de servicios sociales ha señalado que de forma periódica y con ayuda de Policía Municipal, hacen "una foto" del colectivo de okupas para ver su evolución. "No son un grupo homogéneo y hay personas en situación de exclusión social. Hay gente con alta motivación por salir y otros que no. En verano había trece personas y se buscó salida para 9, pero en febrero ya había cuarenta", ha ido relatando. 

Como tercera medida, Policía Municipal ha intensificado los patrullajes. El vecindario ha admitido que se ve una mayor presencia policial, pero la sensación de inseguridad es alta. "Se pasa miedo cuando sales a pasear, no por las personas que viven en la ikastola sino por el movimiento de personas que genera. A veces te abordan o te piden un cigarrillo", ha contado una vecina.