Una sentencia del juzgado Contencioso Administrativo ha concluido que el patrocinio del Ayuntamiento de Pamplona a la Korrika, por el que pagó 6.000 euros, es legal. De esta forma, corrige la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que consideró que la aportación vía patrocinio no cumplía la legalidad porque la normativa obliga a que se justifique la contraprestación y, en este caso, no estaba clara al desconocerse el valor de mercado de la publicidad que ofrecía la Korrika al consistorio.

El resultado de la sentencia del Contencioso fue dada a conocer por la asociación Pompaelo, precisamente la que recurrió al TAN el patrocinio municipal a la Korrika.

Según su comunicado, el tribunal se basa en que “para que un contrato pueda ser considerado contrato de patrocinio no es necesario acreditar que el ayuntamiento haya recibido servicios por valor equivalente al dinero que ha entregado”.

Pompaelo añade que el Contencioso concluye diciendo que “dada la naturaleza del acto impugnado, se entienden las dudas de derecho sobre la validez del mismo y, dada la singularidad jurídica del presente caso no procede condena en costas”.

PATROCINIO Y NO SUBVENCIÓN

Como se recordará, y según recalca Pompaelo, la normativa de subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona prohíbe financiar actividades en las que se exalte el terrorismo o a terroristas. “Esta prohibición no se limita a los casos en que sean los organizadores los que hagan la exaltación, o en los que se haya probado un delito de apología del terrorismo. Parece evidente que la Korrika, en su formato actual, no es financiable por este canal. Una carrera en favor de la enseñanza adulta de la lengua vasca notoria por la exhibición de carteles de apoyo y exaltación a personas condenadas por actos de terrorismo”, indica.

Ante esto, añade que el ayuntamiento formalizó un contrato menor de prestación de servicios patrocinando un kilómetro de la Korrika por 6.000 euros.

Tras el recurso de Pompaelo y la resolución del TAN, el equipo de gobierno municipal encabezado por el alcalde, Joseba Asiron, decidió recurrir al Contencioso Administrativo.

La asociación, ante el coste del proceso judicial, que cifró en unos 10.000 euros, decidió lanzar un llamamiento para conseguir estos fondos y poder continuar con el proceso. Al final, se sumaron particulares, entidades y partidos como UPN y PP.

Tras la sentencia del Contencioso, Pompaelo reconoce que respeta la decisión, pero que no la comparte y adelantó que si vuelve a producirse una contratación tan “singular y discutible, nos plantearemos recurrir de nuevo”.