Suceso
Una de las inquilinas de la bajera de la Rochapea: "Nos han dejado de la mano de Dios y no sé si podré regresar"
En la bajera donde ocurrió el asesinato vivían 9 adultos y un menor en seis habitaciones con un alquiler de entre 300 y 550 euros al mes
Actualizado el 11/10/2024 a las 09:06
“Llevo desde la madrugada en la que mataron a Keyle con la misma ropa. No he podido coger nada. No nos dejan entrar”, decía este jueves 10 de octubre una de las inquilinas de la bajera de la Rochapea donde la noche del martes al miércoles murió asesinada la joven de 20 años en el bajo del número 6 de la calle Carmen Baroja Nessi.
La policía continúa recabando pruebas en este local con dos entreplantas entre las que se repartían seis habitaciones, una cocina y dos baños que ocupaban nueve adultos y una menor. Y mientras espera a que termine el trabajo de campo, sin saber si al propietario -padre de la joven muerta- le dejarán continuar alquilando las habitaciones, esta inquilina se muestra pesimistas sobre su futuro. “La mayoría estamos repartidos en casas de familiares o amigos; también hay quien ha ido a un albergue. Pero si vivíamos aquí era porque no había sitio en estos lugares donde nos han acogido”, dice.
Ella afirmó que acudió sin éxito a que en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona le buscaran un alojamiento. “Pero me han dicho que no disponen ahora mismo de viviendas. Y en el Gobierno de Navarra la respuesta ha sido que no cuentan con esta prestación. Tampoco nos han dado un sitio por falta de espacio en comedores sociales. Nos han dejado de la mano de Dios y no sé si podré regresar a mi habitación. El dueño dice que sí”. Más suerte ha tenido la pareja con la menor a su cargo a la que sí Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona les paga la estancia en un hotel. “Es para una semana; en este tiempo nos dicen que busquemos un lugar”, indicaba.
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En su caso, aunque se legalice la situación de la bajera y se les permita vivir allí de nuevo, no lo tiene claro. “Es que no quiero que mi hija, tan pequeña, tenga que revivir lo que pasó”, contaba con la voz entrecortada. Ni para los adultos está siendo fácil. “No me lo puedo quitar de la cabeza. Y encima a eso se suma que estamos agotados. La noche del asesinato nos llevaron a declarar a comisaría y no pegamos ojo. Tampoco pudimos comer nada, ni tan siquiera nos ofrecieron un bocadillo”.
SIN EMPADRONARSE
Los inquilinos pagaban entre 300 y 550 euros al mes, además de una fianza por el mismo coste del alquiler. Ninguno de ellos estaba empadronado en la dirección de la bajera. “Ya sabíamos que no era legal”, reconocía ayer uno de ellos. Tampoco había contrato de alquiler. “Supongo que por lo mismo”, añadió otro de los inquilinos. “Nunca hubo una inspección de policía o desde el Ayuntamiento”, afirmó un inquilino, cuya estancia sumaba ocho meses.
Este jueves recordaban que la convivencia entre ellos era buena salvo con el joven detenido por el asesinato de la joven. “Ponía la música a altas horas, hablaba en voz alta por teléfono y tenía broncas continuamente. Vino la policía pero nos dijo que sin una orden judicial no podían sacarlo de la bajera”, recordaban.
Aunque se intentó desde este periódico recabar información del área de Servicios Sociales a través de su concejal responsable, Txema Mauleón (Contigo Zurekin), su respuesta fue que "los expedientes sociales están protegidos por la ley de protección de datos al igual que los expedientes médicos. No se puede dar información de casos concretos".
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