La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presentó este lunes como un aval del Consejo de Navarra un informe que dictamina que es compatible la continuidad de los proyectos de redacción y construcción del centro de tratamiento de residuos con la situación judicial del expediente. Navarra Suma, que se ha opuesto a la ubicación del proyecto en terrenos de la ampliación de la Ciudad del Transporte, cuestionaba que siguieran vigentes después de que el TSJN declarase nulo el expediente al admitir un recurso contra el acuerdo de Nasuvinsa para autorizar la ejecución del proyecto, valorado en más de 75 millones, en terrenos destinados inicialmente a uso logístico.

El dictamen del Consejo de Navarra se realizó el 27 de julio y este lunes fue comunicado al Parlamento Foral. Desde esta institución se solicitó, a instancias de Navarra Suma. La coalición cuestionaba que siguieran los contratos y los pagos e incluso llegó a recordar, en diferentes foros, al presidente de la entidad, David Campión, que tendría que hacer frente con su patrimonio a la responsabilidad en que podría incurrir. Los contratos fueron suspendidos en junio pasado con el aval de todos los grupos. Se acordó retomarlos una vez resuelto el nuevo procedimiento puesto en marcha en febrero, tras conocerse la anulación judicial “por defectos de forma”.

Ahora, según explicó la Mancomunidad en una nota, el Consejo, máximo órgano consultivo de la Comunidad, dictamina que la continuidad de los contratos “es compatible con el ordenamiento jurídico y respeta los principios generales por los que se rigen las Administraciones Públicas”. Recordaba también que en abril Navarra Suma se preguntaba si era “legal” destinar dinero público al proyecto tras la anulación del plan urbanístico que lo avalaba, promovido por el Gobierno de Navarra y Nasuvinsa.

Campión valoró “muy positivamente” el dictamen y reiteró la necesidad del proyecto para cumplir con las normas de tratamiento de residuos y evitar el vertido, sin tratar, de toneladas de residuos al año.

Mancomunidad destacó también que en el dictamen se indica que la ruptura del contrato hubiera podido suponer costes injustificados y una indemnización al adjudicatario. Así como que la anulación del expediente en marcha se debía a temas formales.

La planta de residuos se había proyecto para iniciarla este mismo año.