Seis detenidos durante el desalojo del gaztetxe de la Rochapea

Actualizado el 03/09/2021 a las 07:48

Seis jóvenes fueron detenidos a primeras horas de este jueves por la Policía Nacional durante los incidentes protagonizados en la Rochapea por un grupo de 400 personas en una protesta contra el desalojo del gaztetxe. El amplio dispositivo policial desplegado en la calle Artica y aledaños impidió acercarse al edificio número 30 a los concentrados, que, tras unos momentos de tensión, respondieron a los agentes con lanzamiento de objetos. Una carga policial posterior acabó en carreras y con el cruce de contenedores en dos calles próximas. Al menos, 40 personas fueron identificadas y tres agentes resultados heridos con carácter leve.

La Policía Nacional, que dispuso de apoyo aéreo de vigilancia con un helicóptero, proporcionó cobertura para el cumplimiento de la diligencia de desahucio dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 4 tras la Junta de Compensación de la Unidad urbanística donde prevén levantarse bloques de viviendas. Una de las seis naves que engloba el conjunto de la futura actuación fue ocupado en septiembre de 2016 y convertido desde entonces en gaztetxe. El solar acogió antes el taller de coches de la mercantil Caser y una parte de Talleres San Pedro S.L., sin actividad desde hace años. Informes municipales, redactados en 2018, confirmaron que la nave del gaztetxe no reunía “condiciones de seguridad para desarrollar actividades de pública concurrencia”.

Este jueves por la mañana, cuando quedó despejado el tramo de la calle Artica paralelo a la antigua Matesa -hoy Edificio Iwer-, la Policía Municipal cerró con un coche patrulla el acceso desde Marcelo Celayeta. Al mismo tiempo fue requerida la presencia de la Unidad Canina y del Grupo de Intervención Especial (GIE) de la Policía Foral ante las sospechas de que se hubiesen encadenado tres personas en el interior del gaztetxe.

Durante dos horas, entre las nueve y cuarto y once y media aproximadamente, no pudieron despejarse los rumores de tal posibilidad. La circulación por las redes sociales de una fotografía, acompañada de una explicación que daba por segura la presencia de los tres ocupantes, alimentó las conjeturas en ese sentido. Hubo un instante en que tal creencia cobró firmeza al verse a agentes acceder a los edificios provistos de mazas y equipos de apoyo técnico.

Ni rastro de encadenados

Las predicciones barajadas en esa línea resultaron finalmente infundadas. Ni la Unidad Canina como tampoco los agentes de la GIE, que llegaron a encaramarse en el tejado en su inspección visual, encontraron rastro de personas que obligase a detener el proceso de desalojo, previo al derribo contemplado.

A mediodía, con el regreso de la normalidad al barrio de la Rochapea tras las horas previas de tensión, el foco de atención se trasladó a las inmediaciones de las dependencias de la Policía Nacional. Alrededor de 200 personas expresaron su disconformidad por la detención de los seis jóvenes. La concentración se desarrolló sin incidentes, con el emplazamiento de sus participantes a continuar su protesta por la tarde-noche en una plaza de la Rochapea.

El juzgado avala el desalojo por “allanamiento”

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Pamplona autorizó con una diligencia el desalojo del gaztetxe de la Rochapea llevado a cabo este jueves por la mañana. Con su dictamen, estimó la demanda de la Junta de Compensación de la Unidad urbanística, donde se proyectan viviendas, “al existir, en definitiva, un allanamiento” o, lo que es lo mismo, “la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no corresponde, aunque la persona se halle en la tenencia material del mismo”.

La liberación del solar, tras el derribo del gaztetxe y las naves anexas, entre las que se encuentra un almacén del Ayuntamiento, posibilitará completar el desarrollo de la zona con una nueva urbanización de viviendas. El proyecto contempla un diseño similar a la edificación residencial contigua. Respeta una altura de planta baja y 4 pisos, “con una profundidad máxima en planta de 12 metros”, según informó ayer el consistorio pamplonés. “Las plantas elevadas se destinarán a uso residencial, con aparcamiento vinculado en el sótano, y la planta baja, que puede ocuparse en su totalidad, está calificada con uso dotacional público”, de acuerdo a las mismas fuentes. Preguntado por las medidas que se van a adoptar tras el desalojo, el alcalde, Enrique Maya, dijo ayer que “habrá vigilancia policial. Finalmente la idea es proceder al derribo de esas naves hasta el punto de que las haga inocupables otra vez. Esto ya es una cuestión técnica pero que nadie dude que se adoptarán todas las medidas necesarias”. Como precisó, “estas ocupaciones producen molestias en el vecindario y nosotros tenemos que velar sobre todo por las personas que cumplen con sus obligaciones, con lo que tienen que hacer, y encima sufren molestias. Tenemos que impedir que nuevamente sea ocupado y lo haremos”.