El Parlamento de Navarra ha dado luz verde esta mañana a la Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial tras un largo proceso de participación que arrancó en septiembre de 2023 con la convocatoria de la Mesa de Industria. La aprobación de la norma, que ha contado con el voto en contra de UPN, PP, Grupo Mixto y parlamentaria no adscrita, ha sido posible gracias a la "abstención crítica" de EH Bildu que, como ha explicado el parlamentario, Oihan Mendo, ha decidido "darle una oportunidad" a pesar de ser un proyecto que "no les entusiasma porque está descompensado hacia la parte empresarial e incluye recetas obsoletas". Entre los aspectos positivo que han terminado inclinando la balanza de la formación abertzale hacia ha abstención están las medidas de mitigación climática que incluye como la exigencia que se recoge en la norma para que las empresas desarrollen planes de descarbonización.

El debate de la ley ha estado marcado por las duras críticas que el pasado lunes realizaron las principales organizaciones empresariales, CEN, Cámara Navarra y Adefan, al entender que el texto no incorpora mejoras suficientes ni recoge cuestiones que consideran esenciales para las empresas como la seguridad jurídica, la fiscalidad y las infraestructuras y tampoco, dicen, va a beneficiar a la competitividad industrial ni afronta una "verdadera y profunda simplificación administrativa". Para las empresas el texto de la ley debería haber sido "mucho más ambicioso" y "valiente".

Ha sido el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, el primero en intervenir en el debate. "Hoy toca hablar de fósiles", ha dicho en respuesta a las organizaciones empresariales que el lunes trasladaron públicamente una opinión "muy poco favorable" al texto de la ley. "En mi opinión, en la dirección de algunas de ellas se sigue respirando en exceso los humos del pasado siglo XX", ha afeado Irujo en su intervención donde ha recordado que "de las 421 alegaciones recibidas en los dos periodos de participación pública, el 68,17% se incluyeron total o parcialmente lo que demuestra una voluntad de llegar a compromisos".

UPN, PP, Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita han votado en contra de una ley que, según han coincidido, "no es la que necesita la industria Navarra". Algo que como ha citado la popular Maribel García Malo ha advertido la Asociación de la Industria de Navarra. La parlamentaria ha afeado a Irujo por llamar "fósiles" a las organizaciones empresariales por "levantar el dedo para defender sus intereses". "Es una falta de respeto intolerable e impropia del cargo que representa". "No vamos a blanquear una política industrial que no ha estado a la altura y no le vamos a apoyar esta ley porque no arregla nada y se va a convertir en la más intervencionista de todo el Estado", ha explicado antes de asegurar que a pesar de ser "una de las leyes más participadas, nadie se siente partícipe".

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Desde UPN, Ana Elizalde, ha explicado que la ley no cumple con las condiciones mínimas "porque deja a las empresas de Navarra en peor situación que las de su entorno y porque la administración no asume compromisos concretos como la seguridad jurídica y el silencia positivo. La ley entró mal al Parlamento pero va a salir peor porque la han condicionado a Bildu que es experto en gestión empresarial".

A iniciativa de EH Bildu, la Ley obliga al Ejecutivo Foral a ampliar normativamente los casos de devolución de ayudas públicas ante deslocalizaciones o malas prácticas empresariales. La medida persigue que las compañías tengan que reintegrar los fondos públicos recibidos incluso si el cese o la reducción de su actividad en Navarra no coincide directamente con su apertura en otro territorio, siempre que se demuestre una mala praxis en el cobro de la subvención. Y junto a Contigo impulsó una enmienda que obligará a la Mesa del Ecosistema Industrial Navarro a emitir y remitir al Parlamento un informe anual público sobre el cumplimiento del Plan Industrial, que deberá evaluar específicamente el impacto y el retorno social y económico de las ayudas y recursos públicos. 

La Ley impulsada por el Gobierno tiene por objeto instaurar un marco de estabilidad para, mediante la simplificación administrativa y el impulso de la transición ecológica y digital, fomentar empleo de calidad, atraer talento y recabar nuevas iniciativas tendentes a reforzar y proteger el ecosistema industrial de Navarra, especialmente en situaciones críticas o de crisis empresarial y con particular atención a las pymes.

A tal objeto, para atraer nueva actividad económica en las cadenas de valor prioritarias para Navarra, como son la automoción y la mecatrónica, la industria agroalimentaria, las energías renovables y el almacenamiento, la industria biofarmacéutica y la aeroespacial, se aboga, entre otros, por fomentar la economía circular, la transformación ecológica y digital, y la agilización de los trámites precisos para la implantación de proyectos industriales (Ventanilla Única Empresarial).

Del mismo modo, se propugna el establecimiento de redes de colaboración público-privadas, también en lo que atañe al refuerzo del emprendimiento y la apuesta por la I+D+I, en este caso sin perder de vista la promoción de Navarra como entorno ideal para realizar pruebas piloto de innovación en un entorno controlado y favorable.

En ese marco y sin perder de vista la redefinición de estrategias industriales que, para promover el crecimiento, la productividad, la resiliencia y los nuevos desafíos sociales, está teniendo lugar a nivel mundial, el proyecto de Ley se alinea con las precedencias fijadas en el Plan de Industrial de Navarra 2021-25 y en las políticas industriales de España y la UE, incluido el Plan para la prosperidad y la competitividad sostenibles en Europa 2024-2029, con el fin de crear un contexto que facilite los negocios.