El Pleno del Parlamento aborda este jueves el debate y aprobación de la Ley Foral de Industria y de Transición Ecológica y Digital donde se plantea un cambio de enfoque en la política económica e industrial de la Comunidad foral al combinar incentivos a la inversión con nuevas exigencias en materia de sostenibilidad. 

Entre las principales novedades se recoge la creación de los Proyectos Empresariales de Interés Estratégico para Navarra, una figura reservada a iniciativas con una inversión mínima de 50 millones de euros y la generación de al menos 100 empleos directos indefinidos. Estos proyectos disfrutarán de tramitación preferente, reconocimiento de interés público y ventajas urbanísticas destinadas a acelerar su implantación. La ley incorpora una segunda categoría para inversiones de menor dimensión. Los proyectos de interés foral, con una inversión mínima de 10 millones de euros y determinados requisitos económicos o tecnológicos, podrán acceder a procedimientos abreviados, ayudas públicas y acceso preferente a suelo empresarial.

La simplificación administrativa constituye otro de los pilares de la norma. El texto prevé una Ventanilla Única Empresarial, la coordinación de autorizaciones entre departamentos y la reducción de plazos para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas. El objetivo es reducir costes regulatorios y mejorar el atractivo de Navarra como destino de inversión. En paralelo, la ley refuerza las exigencias ambientales para la industria. Todas las empresas industriales deberán disponer de planes de descarbonización. Las compañías de más de 500 trabajadores tendrán de plazo hasta finales de 2028 y el resto hasta 2030. El incumplimiento podrá tener consecuencias en el marco de la normativa foral de cambio climático.

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha empezado su intervención con una dura crítica al posicionamiento de las principales organizaciones empresariales, CEN, Cámara Navarra y Adefan, que el pasado lunes consideraron que el texto no incorpora mejoras suficientes ni recoge cuestiones que consideran esenciales para las empresas como la seguridad jurídica, la fiscalidad y las infraestructuras y tampoco, dijeron, va a beneficiar a la competitividad industrial ni afronta una "verdadera y profunda simplificación administrativa". Para las empresas el texto de la ley debería ser "mucho más ambicioso" y "valiente" para defender a las empresas. 

Para Irujo, la opinión de las tres organizaciones, “muy poco favorable” al texto, respira “en exceso los humos del pasado siglo XX” y ha querido recordar que de las 421 alegaciones recibidas en los dos periodos de participación pública, “el 68,17% se incluyeron total o parcialmente lo que demuestra una voluntad de llegar a compromisos”. 

Sobre las alegaciones de la CEN, ha explicado que realizó 95 y se incluyeron total o parcialmente 73 y que dentro de las desestimadas se encuentran aquellas que solicitaban la supresión de la práctica total de los artículos referidos a los valores de la industria. “La CEN considera que una ley debe legislar, no definir valores y solicitaban la supresión del artículo sobre economía social, responsabilidad social empresarial, empleo de calidad, conciliación de la vida laboral y familiar. Aquí radica la principal discrepancia con la CEN en que la Ley sitúa en el centro a las personas”. 

Sobre Adefan ha dicho que si en el texto no hay más desarrollo sobre lo que debe ser un plan de empresa familiar, es “porque no lo han solicitado”. 

Por último, recuerda que la Cámara realizó “19 comentarios, más que aportaciones, y que ni una sola era una aportación novedosa al texto”. Añade que tampoco realizó propuestas sobre cómo fomentar la agilidad y simplificación administrativa.