La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de la función pública, denuncia en un comunicado que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha dado instrucciones para no conceder los permisos retribuidos por asistencia a consulta médica cuando esta se realiza fuera de la Comunidad Foral. 

Una decisión que, según el sindicato, vulnera un derecho básico del personal docente y que castiga a quienes, por su lugar de residencia, reciben atención sanitaria en otras comunidades autónomas. 

UNA MEDIDA QUE PENALIZA A LA RIBERA Y A LOS DOCENTES EMPADRONADOS FUERA DE NAVARRA

CSIF asegura que la orden afecta de manera especial al profesorado de la Ribera de Navarra y de otras zonas limítrofes, muchos de los cuales están empadronados y viven en comunidades cercanas como La Rioja, Castilla y León, Aragón o la Comunidad Autónoma Vasca.

Para estos docentes, su centro de salud, su médico de familia y sus especialistas de referencia están en las localidades limítrofes donde residen, que pertenecen a otras comunidades autónomas.

"Negarles el permiso por el simple hecho de que la consulta se realiza al otro lado del límite administrativo supone una discriminación sin justificación y obliga a los docentes a elegir entre perder retribución, recurrir a días de asuntos propios o renunciar a la atención médica que necesitan", explica el sindicato. 

CSIF afirma que el permiso retribuido para acudir a consulta médica es un derecho reconocido al personal empleado público, y la normativa no condiciona su disfrute al lugar donde se encuentre el centro sanitario.

El sindicato considera que el Departamento de Educación está aplicando una interpretación restrictiva, arbitraria y carente de amparo legal, que además genera inseguridad jurídica en los centros y desigualdad entre el propio profesorado. 

CSIF Navarra exige al Departamento de Educación la retirada inmediata de la instrucción, el reconocimiento de los permisos denegados hasta ahora por este motivo y una comunicación clara a todos los centros que garantice un criterio uniforme y respetuoso con los derechos del profesorado. 

El sindicato advierte de que, de no producirse una rectificación inmediata, adoptará todas las medidas legales a su alcance para revertir esta situación y defender los derechos de los docentes afectados.

Asimismo, ofrece asesoramiento a todo el profesorado al que se le haya denegado un permiso por este motivo.