Vivienda
Emma Robelo, afectada de las VPO de Maristas: "Con cinco hijos, la estabilidad que necesitas se vuelve más evidente"
El quinto episodio del videopódcast de Desafíos de Navarra recoge los testimonios de dos de las adjudicatarias de la promoción de VPO de Maristas, que reclaman la "implicación de las administraciones"
Publicado el 29/10/2026 a las 05:00
Emma Robelo Porta tiene 35 años y llegó a Navarra desde Murcia en 2017 junto a su marido, con el que ha formado una familia numerosa con cinco hijos y espera poder acceder a una vivienda propia en Maristas.
Durante su primer alquiler en el mercado libre en Navarra, pagaron 500 euros al mes por un piso de 60 metros cuadrados en Barañáin. Antes, habían descartado una opción en el Casco Antiguo porque "era un cuarto piso sin ascensor y el propio dueño me sugirió que, estando embarazada, no me convenía". De Barañáin se trasladaron a un piso pequeño de dos habitaciones y un baño en Burlada, cedido a un "precio familiar" por los padres de un compañero de trabajo. Sin embargo, con el tercer embarazo de Robledo, buscaron una vivienda más amplia y se mudaron a un piso protegido (VPT) de alquiler en Sarriguren, donde residen actualmente.
Durante la búsqueda de vivienda, el matrimonio llegó a encontrarse con requisitos de "perros sí, niños no". Por ello, asegura: "Me escondía la tripa porque creo que la gente tenía miedo de que no les pagases".
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DESCONFIANZA EN EL ALQUILER
"Nunca hemos dejado de pagar nuestro alquiler. Sabemos que la gente que lo alquila también cuenta con ese dinero", relata ella sobre la desconfianza que se ha generado en torno al alquiler.
En 2023, solicitaron por primera vez una vivienda a través de la bolsa de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y resultaron adjudicatarios en la problemática promoción del solar de Maristas. Actualmente, siete personas (ella, su marido y sus cinco hijos) viven en un piso que se les queda pequeño, mientras la obra de Maristas acumula retrasos e incertidumbre legal por su gestión en régimen de cooperativa.
"Pienso que ha sido muchísima presión emocional. Tengo cinco hijos, entonces claramente la estabilidad que necesitas se vuelve todavía más visual, más evidente cada día, y creo que está siendo muy duro", reconoce.
Icíar Antoñanzas Soteras, afectada de Maristas: "Las administraciones tendrían que apoyar a los adjudicatarios"
Icíar Antoñanzas Soteras tiene 30 años, es natural de Sangüesa y lleva unos 15 años viviendo en Pamplona, adonde se trasladó inicialmente por motivos de estudio y deporte. Tras graduarse en Psicología a los 22 años, dedicó cuatro años a preparar a jornada completa la oposición al PIR (Psicólogo Interno Residente), sin percibir ingresos y viviendo con sus padres. Posteriormente, continuó cursando másteres hasta alcanzar la estabilidad económica, pasados los 28 años.
Lleva dos años viviendo de alquiler con su pareja gracias a una oferta de un familiar con un precio "más ajustado", aunque con el objetivo de formar una familia, la búsqueda de una vivienda propia se convirtió en una prioridad frente a un mercado del alquiler en el que no veía una solución a largo plazo. "Yo no veía la opción de vivir siempre de alquiler, porque para mí es un gasto que va como una saca rota... Para mí, tener una vivienda de primera necesidad lo veo prioritario, sobre todo porque nuestro objetivo al final es formar una familia. Esa estabilidad es elemental", explica.
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A LA ESPERA DE MARISTAS
Sin embargo, los planes de la pareja quedaron supeditados a los contratiempos de la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Maristas. Ahora, embarazada de su primer hijo, Icíar explica: "Nuestra idea principal era no vivir juntos en pareja hasta que nos dieran Maristas. Menos mal que no tomamos esa decisión, porque, si no, hubiéramos estado esperando un hijo y cada uno viviendo con nuestros padres".
Ante la incertidumbre económica que afrontan las familias adjudicatarias, apela directamente a la responsabilidad de las instituciones: "Necesitamos ayuda de las administraciones públicas, que son quienes idearon este proyecto. Nosotros simplemente somos adjudicatarios y, como adjudicatarios de vivienda protegida, nos tendrían que respaldar las administraciones públicas".
