Rifirrafe
Geroa Bai sostiene que el PSN quiso aprobar en agosto en sesión de gobierno los sobrecostes de Belate
Geroa Bai y Contigo Navarra piden al consejero Óscar Chivite que no intente corresponsabilizarles de una gestión de la que él es el único responsable, recalcan
Publicado el 07/10/2026 a las 05:00
Geroa Bai y Contigo Navarra responsabilizaron al consejero de Cohesión Territorial, al socialista Óscar Chivite, de la gestión que ha llevado a resolver el contrato de las obras de duplicación del túnel de Belate y tener que licitar uno nuevo. Además, le acusaron de no haberles informado hasta junio de la orden de continuidad de las obras con el cuestionado modificado del proyecto, orden que Obras Públicas dictó al cierre de 2025 y que no convalidó el interventor general. Así reaccionaron, tras escuchar que el consejero les corresponsabilizaba de esa orden de continuidad.
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“No intente hablar de agentes externos continuamente, es usted el responsable del departamento”, le replicó a Chivite el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona.
Un rifirrafe que se produjo este martes por la tarde, durante la comparecencia parlamentaria de Chivite y del vicepresidente primero y consejero de Presidencia del Gobierno, Javier Remírez, ambos del PSN.
Azcona desveló en la sesión que los socialistas pretendieron aprobar en agosto, en una sesión del Gobierno, el abono a la UTE Acciona-Osés de los sobrecostes de las obras del túnel de Belate, 8,3 millones de euros, a través de la vía del “enriquecimiento injusto”. Contó que su grupo fue quien pidió que la Asesoría Jurídica del Ejecutivo hiciera antes un informe. Miguel Garrido, de Contigo, lo ratificó, añadiendo que también solicitaron ese análisis.
REUNIÓN A FINAL DE JUNIO
La exigencia de ese informe se puso sobre la mesa en la reunión que el consejero Chivite mantuvo a finales de junio con los socios del Gobierno, para explicarles la situación de bloqueo de las obras de Belate, después de que ese mismo mes el Interventor General no convalidara la orden de continuidad de las obras. Para seguir los trabajos, les trasladó la vía por la que abonarían el sobrecoste a la UTE: el “enriquecimiento injusto”. Esta se usa, por ejemplo, para abonar trabajos realizados, pero que por diversos motivos no tienen formalizado un contrato que los sustente. Lo tiene que aprobar el Ejecutivo.
“Ustedes pretendían llevar a sesión de gobierno el enriquecimiento injusto en agosto de este año. Fue Geroa Bai el que pidió que, por favor, se hiciese un informe jurídico antes de llevarlo a sesión de gobierno. Esta es la realidad y ya vale de agentes externos”, reclamó este martes Pablo Azcona.
La Asesoría Jurídica concluyó en septiembre que esa vía no se podía utilizar para hacer el pago y el Gobierno ha tenido que optar por intentar rescindir el contrato de acuerdo con la UTE .
La confesión de Geroa Bai se produjo después de que Óscar Chivite dijera algo que molestó tanto a Azcona como a Miguel Garrido, de Contigo. Ambos se removieron en sus asientos al escuchar cómo el consejero sostenía en relación a la controvertida orden de continuidad que “todos los socios del Gobierno pidieron la continuidad de las obras”.
CONTIGO: “FLACO FAVOR HACE”
Garrido ratificó las palabras de Azcona, pero añadió irónicamente: “Estamos muy hábiles revelando las reuniones internas que hemos tenido los distintos socios del Gobierno”.
El portavoz de Contigo rechazó el intento del consejero de “corresponsabilizar” a los socios. “Exigimos la continuidad de la obra, pero sin que se pague ni un euro más del necesario, con todas las garantías legales y con una transparencia absoluta. Y ustedes, señor Chivite, lo que hicieron fue una resolución no fiscalizada por parte del interventor general, que carece, según la Asesoría Jurídica, de soporte administrativo y que es susceptible de ser nula de pleno derecho sin informarnos ni a los socios hasta junio ni a este Parlamento”.
“Flaco favor hará, señor Chivite, a la relación de socios y a este Gobierno si trata de imputar su responsabilidad en esta gestión al resto”, agregó Garrido
REMÍREZ: “PATIO DE COLEGIO”
El vicepresidente Javier Remírez sostuvo que fue el portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, el primero que les planteó pedir ese informe a la Asesoría Jurídica sobre el enriquecimiento injusto (algo que Araiz a su vez contó ayer), para dar “mayor soporte” a la decisión, y que todos lo “convinieron” así, dado que ese análisis solo lo podían solicitar o la presidenta o él.
Cerró el debate señalando que estas discusiones son “pequeñas peleas de patio de colegio” que no interesan a la ciudadanía.
NOVIEMBRE DE 2025
La Intervención General, órgano de control interno del Gobierno, formula un reparo suspensivo del modificado de las obras de los túneles de Belate, que supone unos sobrecostes de 8,5 millones de euros. Concluye que carece de los requisitos legales. El Gobierno acata esa decisión. Cesa al director de Obras Públicas, Pedro López.
31 DE DICIEMBRE DE 2025
La directora general en funciones de Obras Públicas, Berta Miranda, firma una orden de continuidad de las obras con las modificaciones del proyecto, hasta que se encuentre “una solución alternativa” y para que no se paralicen las obras, sostiene.
12 DE JUNIO DE 2026
El Interventor General se entera en mayo de la existencia de la orden de continuidad. En un informe firmado el 12 de junio no la convalida. Sostiene que el proyecto que modificaba el original y con el que se realizaban las obras no cumplía los requisitos legales. Obras Públicas no está de acuerdo y replica que si lo acata, las obras se paralizan.
La ex directora general de Obras Públicas en funciones Berta Miranda afirma que firmó la continuidad de las obras a petición de los técnicos
La que fue directora general de Obras Públicas en funciones tras la salida de Pedro López, Berta Miranda, compareció ayer en el Parlamento, a petición de UPN, para explicar por qué el 31 de diciembre firmó una orden de continuidad de las obras de Belate con el modificado del proyecto. La Intervención General del Gobierno, órgano de control interno, se enteró de esa orden en mayo y en junio firmó un demoledor informe que no la convalidó. Miranda sostuvo ayer que firmó la orden de continuidad por una instrucción de funcionarios de los servicios técnicos del departamento de Cohesión Territorial y de la dirección general de Obras Públicas. Indicó que antes de firmarla, y dado que ella estaba realizando una suplencia y no había participado en la tramitación del proyecto, consultó “expresamente si jurídicamente era correcto” y que se le dijo que sí.
Miranda sostuvo que actuó así a fin de que siguieran las obras según el modificado del proyecto original, hasta que se buscase una solución alternativa a este.
Miranda fue la directora general en funciones de Obras Públicas entre el 2 de diciembre de 2025 y el 4 de febrero de 2026.
El portavoz de UPN, Pedro González, afirmó que la directora general no había concretado “quién le dijo que firmara la orden de continuidad” de la obra. Indicó que han pedido el expediente, pero el Gobierno no se lo ha facilitado todavía. Sostuvo que para el PSN lo “prioritario” era que la UTE cobrase el aumento planteado en el modificado.
