Un total de 63.925 navarros han sido atendidos en centros de Atención Primaria de otras comunidades autónomas a las que se habían desplazado por distintos motivos entre 2025 y 2026. Así se ha puesto de manifiesto en el Parlamento foral durante una comparecencia del consejero de Salud, Fernando Domínguez, a petición de UPN, para explicar los criterios y procedimientos utilizados por el SNS en la atención a personas no residentes. A su vez, en el marco del fondo de compensación de desplazamientos cortos los centros de Atención Primaria de la Comunidad foral han atendido a 44.626 personas que habían llegado a Navarra desde otras comunidades autónomas, ha indicado Nancy Nelly Gonzalo, jefa de Asistencia Sanitaria al Paciente del SNS.

Domínguez ha puesto de manifiesto que  la universalidad "no significa gratuidad absoluta" pero ha recalcado que "en nuestro sistema sanitario primero se atiende al paciente y después se determina, de acuerdo a sus circunstancias, el régimen económico que le corresponde".

Por ejemplo, a la pregunta de UPN sobre qué ocurre con los atendidos en los encierros, Domínguez ha señalado que los heridos se consideran como "un accidente" y se tratan como tal. Si son extranjeros y tienen seguros médicos se les cobra y si no los tienen se factura a la persona. 

El consejero ha explicado que hay siete categorías de pacientes no residentes: desplazados de otras comunidades autónomas (aunque se diferencia si es asistencia en Primaria, hospitalaria o una urgencia ya que la compensación y financiación cambia); pacientes derivados desde otras autonomías en coordinación con Navarra, por ejemplo a centros de referencia; pacientes procedentes de comunidades limítrofes con las que hay convenios de asistencia, como La Rioja, País Vasco o Aragón; asegurados de otros estados de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y Suiza; asegurados de estados con los que se tiene un convenio bilateral; personas no residentes sin cobertura sanitaria pública reconocida y, por último, menores, mujeres gestantes y personas en situaciones de urgencia o emergencia.

LOS PACIENTES ATENDIDOS ENTRE COMUNIDADES

Nancy Nelly Gonzalo ha explicado que existe un sistema de registro y se trabaja con el Ministerio y con las comunidades autónomas. Ha señalado que en 2025 y 2026 se han derivado desde Navarra 140 personas para procesos de hospitalización mientras que se ha recibido a 241.

En el caso de distintos procesos ambulatorios, la Comunidad foral ha realizado 3.051 derivaciones frente a 1.140 personas recibidas. Y para procedimientos de altas especialización se han derivado 1.838 personas mientras que se han recibido 148.

Además, 130 pacientes de alta complejidad de ingreso han ido a otras comunidades y Navarra ha recibido a 71 mientras que para otras técnicas ambulatorias se han derivado a 1.708 pacientes y se ha recibido a 77.

Según Gonzalo, el saldo acumulado entre 2024 y 2026 es de 1,9 millones en positivo.

El consejero Domínguez ha explicado que los costes de pacientes con derecho a asistencia con tarjeta sanitaria de otras comunidades se compensan a través del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria. Se trata de los mecanismos financieros del Sistema Nacional de Salud creados para compensar los costes de la atención sanitaria prestada por una comunidad autónoma a pacientes de otra.

El sistema informático del Ministerio de Sanidad que hace posible este sistema es el SIFCO. Debido al régimen foral, cuando el SIFCO calcula la liquidación anual el saldo resultante (positivo si ha atendido a más pacientes de fuera) se compensa directamente en el cálculo de la aportación quinquenal del Convenio Económico con el Estado. "Si Navarra presenta un saldo a su favor por haber asumido costes de pacientes de otras regiones, esa cantidad económica se resta del dinero total que Navarra le tiene que transferir al Estado ese año".

Para residentes de la UE, se usa la tarjeta sanitaria europea y la factura se remite al INSS. Y su importe se descuenta de la aportación anual que Navarra transfiere al Gobierno central, ha añadido Domínguez. 

Cuando el paciente proviene de un país sin convenio y no está cubierto por los fondos públicos se factura al seguro privado de viaje o al propio ciudadano.

En cualquier caso, Domínguez ha aclarado que "existe un sistema público de asistencia sanitaria, financiado públicamente, pero determinadas prestaciones pueden generar un derecho de reclamación económica frente a un tercero o frente a un usuario sin derecho a asistencia con cargo a fondos públicos".

Con todo, ha recalcado que la obligación del sistema sanitario público es "garantizar el derecho de acceso", dar una prestación adecuada y, posteriormente, "determinar la imputación económica a quien corresponda".