Con nueve meses de retraso, el departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha acatado el reparo suspensivo dictado por la Intervención General al polémico modificado número 1, con unos sobrecostes de 8,5 millones, en las obras del túnel de Belate. La directora general de Obras Públicas, María Torres, ya ha firmado la resolución que deja sin efecto otra resolución firmada el 28 de mayo de 2025 por su antecesor en el cargo, Pedro López Vera, en la que se aprobaba el proyecto de modificado. Precisamente, por esta firma Pedro López fue cesado en diciembre por le Gobierno de Navarra como responsable de unos sobrecostes que no podían achacarse a imprevistos o a requerimientos externos.  

En la nueva resolución, la directora de Obras Públicas justifica que se haya tardado nueve meses en firmar por cuatro motivos. En primer lugar, por la "imposibilidad técnica de cambiar la solución del proyecto, una vez comenzada la excavación del túnel, sin paralizar la obra y poner en riesgo la misma". En segundo lugar, las "dudas manifiestas sobre la idoneidad del proyecto licitado" por la geología "mucho más adversa" encontrada en la ejecución del túnel. 

En tercer lugar, la directora general afirma que el proyecto original "no tenía las autorizaciones necesarias para su ejecución ni se ajustaba a la realidad geológica del terreno, por lo que no era factura su ejecución". El proyecto original, que fue aprobado en su momento por el director de Nuevas Infraestructuras Jesús Polo, no llegó a tener el visto bueno de la Sección de Minas del Gobierno de Navarra porque, después de la adjudicación, Obras Públicas lo retiró y presentó el sistema de excavación y sostenimiento impulsado por la propia UTE adjudicataria (Acciona, Osés y Servinabar). Obras Públicas señala, por último, que la idoneidad del nuevo sistema de excavación y sostenimiento ha quedado "constatada empíricamente por la experiencia de la ejecución".  

Como se recordará, tras el reparo suspensivo de la Intervención Generación, Obras Públicas firmó el 31 de diciembre de 2025 una "orden de continuidad" de la excavación del túnel, que no fue trasladada a la Intervención General. Esta orden de continuidad también fue objeto de reparo el pasado mes de junio. En él se decía que Los plazos para tramitar el modificado, incluidas las dos prórrogas, habían vencido, y por tanto no era posible continuar las obras según el proyecto contemplado en dicho modificado. 

Este informe llegó dos días antes del cale (conexión de las dos bocas). Esto creó un complejo problema jurídico: la adjudicataria había hecho unos trabajos siguiendo una orden considerada nula de pleno derecho. El Gobierno de Navarra planteó como solución una "certificación extraordinaria" con la que pagar los sobrecostes, pero la Asesoría Jurídica dictó que no se ajustaba a derecho. Como "única salida viable", la presidenta de Navarra, María Chivite, anunció el día 16 la decisión de rescindir el contrato de mutuo acuerdo.

El Gobierno de Navarra, en una nota de prensa, ha informado este lunes que Obras públicas "trabaja en un documento para la resolución del contrato por desistimiento de ambas partes por la imposibilidad de continuar la obra con el proyecto inicial". Según lo previsto, la próxima semana se dará traslado de la propuesta de resolución a la UTE constructora para dar inicio al trámite de audiencia. 

De manera paralela, "se están definiendo los trabajos de la finalización de la obra, elaborando un plan de mantenimiento y aseguramiento de las obras ya ejecutadas para evitar riesgos y accidentes". Y, además, se cuantificará la liquidación económica de las obras incluyendo las certificaciones pendientes de gastos del proyecto original de julio, agosto y septiembre y los trabajos de finalización de la obra.