Navarra sigue dando pasos para regular de forma integral la vivienda colaborativa, una de las soluciones por las que apuesta para tratar de “estabilizar los precios”, “incrementar la producción de viviendas asequibles” y ofrecer alternativas al modelo tradicional de propiedad y alquiler. Entre las medidas recogidas en la normativa que ha elaborado para desarrollar este modelo se contempla la rehabilitación de edificaciones singulares como caseríos, antiguos molinos, conventos, estaciones de ferrocarril o cuarteles, “y cuenten o no con algún nivel de protección”, para hacer viviendas colaborativas. Como se explica en el proyecto, “la rehabilitación de estas edificaciones daría lugar a una vivienda colaborativa que, sin estar segregada en viviendas privativas”, deberá garantizar espacios interiores de al menos 30 metros cuadrados útiles para cada unidad de convivencia. Lo que se busca es que cada una de estas viviendas cuente, al menos, con una habitación, una cocina y un baño y se reserva la obligación de disponer de cocina propia para los casos en los que no haya una colectiva que permita atender a todos los integrantes de la cooperativa.

El Ejecutivo navarro ha acordado este miércoles remitir al Consejo de Navarra el anteproyecto de ley donde se establecen las especificidades propias de tres modalidades de vivienda colaborativa: la asequible, la destinada a personas mayores y la vinculada al patrimonio arquitectónico posibilitando la promoción de viviendas colaborativas en las edificaciones singulares antes mencionadas.

La vivienda colaborativa es una solución intermedia entre la propiedad plena y el alquiler donde la titularidad de los inmuebles corresponde a la cooperativa y los socios ostentan un derecho exclusivo sobre las viviendas coexistiendo además espacios comunes dedicados a actividades y servicios colaborativos. Para ello, los edificios deberán reservar al menos un 10% de la superficie útil para espacios comunes destinados al desarrollo de actividades colaborativas. Se trata de modelo que hasta ahora no contaba en la Comunidad foral con una regulación específica que el Ejecutivo pretende incorporar a través de una nueva ley. “Queremos incorporar una nueva forma de entender la vivienda. Porque no solo hablamos de un lugar donde vivir, sino de comunidades que comparten espacios, cuidados y proyectos de vida, apostando por un modelo solidario, sostenible y alejado de la especulación”, ha defendido la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.

El proyecto recibió al menos nueve escritos de alegación en la fase de participación pública que estuvo abierta hasta el pasado 22 de marzo. Entre las propuestas que no fueron aceptadas figuran varias remitidas por Lagungarri Cohousing. La asociación había sugerido la creación de un Catálogo Foral de Suelo para Vivienda Colaborativa con la colaboración de las entidades locales con la idea de incorporar las fichas estandarizadas de cargas de urbanización correspondientes a cada una de las parcelas susceptibles de albergar este tipo de actuaciones. La sugerencia no fue aceptada porque, como explicó la directora general de Vivienda, Elga Molina Roig, “ya existen instrumentos específicos de gestión del suelo público, como el Banco Foral de suelo público y los patrimonios municipales de suelo”. Molina Roig recordó además que la normativa vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo prevé que los suelos integrados en dichos instrumentos puedan ser adjudicados en régimen de derecho de superficie y destinarse, entre otros usos, a proyectos de vivienda colaborativa. Otra de las sugerencias de Lagungarri que no fue aceptada planteaba una modificación sustancial del régimen de requisitos patrimoniales de los socios de la cooperativa. En concreto, planteó que los límites de renta y patrimonio no constituyeran un requisito para la participación en el modelo ni para su reconocimiento como vivienda colaborativa, quedando circunscritos únicamente a los supuestos de acceso a ayudas públicas individuales.