El pleno del Parlamento aprobó ayer una modificación de la ley foral del Derecho a la Vivienda en Navarra para que las viviendas protegidas de alquiler mantengan su calificación de forma indefinida. La norma alcanza a 2.248 viviendas que hubieran perdido su protección en los próximos años. La iniciativa legislativa fue presentada conjuntamente por PSN, EH Bildu y Contigo Navarra, aunque sumaron también el voto a favor de Geroa Bai. UPN y PP votaron en contra porque, al hilo de lo denunciado por los constructores y promotores navarros, ven inseguridad jurídica a la norma y temen un frenazo a la construcción de nuevas promociones. A continuación algunas preguntas y respuestas sobre los cambios que introduce la nueva normativa.

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¿Qué regímenes distintos de clasificación coexisten hoy? 

En la actualidad coexisten en Navarra promociones de vivienda protegida sujetas a distintos períodos de protección, en función del momento de su calificación definitiva y del régimen jurídico vigente en cada momento. Así, la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra, establecía con carácter general una duración de 30 años desde la calificación definitiva. Posteriormente, la Ley Foral 10/2010 mantuvo la duración de 30 años para las viviendas protegidas calificadas en régimen de propiedad y en régimen de arrendamiento con opción de compra, y fijó en 15 años la duración del régimen de protección de las viviendas calificadas en régimen de arrendamiento. Reformas posteriores ampliaron progresivamente la duración de la protección pública (se elevó a 21 años la protección en arrendamiento) y fue en 2022 cuando se generalizó el carácter indefinido del régimen de protección de las viviendas protegidas.

Cambios en la nueva Ley: las VPO calificadas en régimen arrendamiento no se podrán vender en el mercado libre

De acuerdo a los grupos que han impulsado la norma, la presente ley foral tiene por objeto reforzar la estabilidad y permanencia del parque de vivienda protegida en Navarra. La medida se presenta como una respuesta a los “abusos” de determinados fondos de inversión que se han hecho con edificios de VPO de alquiler. En primer lugar, la nueva ley acaba con la posibilidad de que las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos veintiún años desde su calificación definitiva.

¿Afecta este blindaje de la calificación de vivienda protegida a promociones anteriores a la aprobación de esta Ley?

Sí, esta modificación será de aplicación a todas las promociones de viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible con independencia de la fecha de su calificación definitiva. El blindaje de la protección se aplicará a las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente a la entrada en vigor de la presente ley foral.

¿Cuántas viviendas se verían afectadas?

Según el Gobierno de Navarra, la norma alcanza a 2.248 viviendas de alquiler social protegidas que perderían su protección en los próximos años. 300 de ellas se hubieran visto sin protección en los próximos meses.  Según los datos recabados por la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP), las empresas navarras tienen 557 viviendas afectadas hasta 2030, y 773 más hasta 2054, frente a unas 67 vinculadas a fondos de inversión. ACP afirma que dos tercios del parque de vivienda protegida en alquiler ha sido promovido por empresas navarras o mediante fórmulas de colaboración público-privada. También afirma que, durante años, “los promotores navarros han buscado soluciones para los inquilinos cuando algunas promociones han finalizado su periodo de protección, sin que se hayan producido situaciones de desprotección ni conflictos sociales”.

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¿Por qué se dice que la nueva ley creará inseguridad jurídica y frenará nuevas construcciones?

Los promotores y constructores navarros afirman que la reforma introduce una “grave inseguridad jurídica porque altera de forma unilateral y retroactiva la normativa bajo las que estas viviendas fueron promovidas” impidiendo su descatalogación. Añaden que esta cuestión compromete la viabilidad de sus empresas y la confianza para volver a invertir en VPO de alquiler a futuro. El grupo de UPN ha solicitado un informe sobre la constitucionalidad de la norma al Consejo de Navarra. Desde el Gobierno y sus socios subrayan que la descalificación de vivienda, mientras no se haya producido, "no es un derecho consolidado, sino una expectativa".

¿En qué condiciones podrá el Gobierno de Navarra comprar viviendas protegidas a los fondos y grandes tenedores?

Geroa Bai presentó una enmienda para ampliar el derecho de tanteo y retracto del Gobierno de Navarra sobre viviendas protegidas ya descalificadas durante un periodo de diez años, con el objetivo de evitar operaciones especulativas por parte de grandes tenedores y fondos de inversión, así como mantener vivienda asequible en las zonas con mayor tensión del mercado. Ante esta vivienda se abstuvieron UPN y PP y votaron a favor el resto de grupos.