El Gobierno de Navarra admitió este jueves 21 de mayo que la solución ideal al problema de las 507 viviendas de alquiler social en Navarra que están en manos de Testa Residencial -controlada por el fondo estadounidense Blackstone- pasaría por adquirir estos inmuebles. El departamento que dirige Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin) ya ha hecho sus cálculos. Se necesitarían entre 50 y 100 millones. El acuerdo se presenta difícil por dos motivos, la dotación presupuestaria necesaria y porque las posiciones económicas entre el Gobierno foral y Blackstone están muy alejadas. Así que la solución alternativa para evitar que cientos de familias se queden en la calle es “dilatar el fin de la calificación de vivienda protegida”, explicó la consejera.

Testa Residencial es el mayor propietario de vivienda social de alquiler en Navarra. Tiene promociones en Buztintxuri, Rochapea, Ezcaba, San Jorge, Echavacoiz, Artica y otros municipios. En 2017 se produjeron las primeras pérdidas de calificación como vivienda protegida al cumplirse los plazos de 20 años que entonces fijaba la ley. Para evitar que los inquilinos se quedaran en la calle, el Gobierno ha ido prorrogando las calificaciones de VPO mediante acuerdos con Testa Residencial. Este año hay 210 pisos que pierden su condición de protegida y el próximo son otros 175.

La consejera contó en el Parlamento de Navarra que desde 2023 ha mantenido tres reuniones con este “fondo buitre que toma las decisiones en despachos de Nueva York”.  En estos contactos, el departamento de Vivienda ha sondeado la posibilidad de adquirir las 507 viviendas, pero las posturas están muy alejadas.

La valoración económica que ha hecho la sociedad pública Nasuvinsa de estos pisos es de 50 millones (a una media de casi 100.000 euros por piso). “Pero la empresa considera que estas viviendas valen el doble, es decir, 100 millones, en base a sus criterios”, desveló Alfaro. Además, existen otras promociones de vivienda social en la misma situación en manos de otros fondos. Alfaro también informó de que este año ya se ha gastado la partida de 8 millones para adquirir vivienda protegida ejerciendo el “derecho de tanteo y retracto”.

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La estrategia de Blackstone, en Navarra y en otras comunidades, es vender a particulares su parque de viviendas -más de 8.000 pisos en toda España-. Como alternativa, ofrece contratos de alquiler, con importantes subidas respecto a lo que pagan como vivienda protegida. Begoña Alfaro desveló este jueves un caso de desahucio por impago de un matrimonio octogenario.

“Todo esto deriva de la política de la derecha, del pan para hoy y hambre para mañana que ejercían”, sostuvo la consejera.  Actualmente, las 507 viviendas siguen alquiladas, 219 de ellas con prórrogas de calificación de vivienda protegida en alquiler, donde los inquilinos reciben las ayudas a arrendatarios. Hay otra parte que percibe ayudas a través del programa David, dirigido a familias o personas vulnerables.

Begoña Alfaro ofreció todos estos detalles en el pleno del Parlamento tras una pregunta de Mikel Zabaleta (EH Bildu), que tuvo duras palabras para el fondo Blackstone, al que acusó de “hacer negocio con la necesidad de la gente”. “Detrás de todas estas cifras hay personas con nombres y apellidos”, afirmó Zabaleta. 

 La consejera señaló que aquellos inquilinos que están en zona de mercado tensionado, “es decir, en este caso, la totalidad de las viviendas”, pueden acudir a servicio de mediación del Gobierno de Navarra para asesorarse y para pedir una prórroga de tres años, que está contemplada en la ley. “Y en esta línea vamos a seguir trabajando, también muy conscientes de las dificultades que tenemos por el marco normativo que existe y por ser escasas las herramientas a las que nos podemos acoger”, manifestó.