Informe de fiscalización
Aurrecoechea, auditor de Comptos, vio indicios de delito en el sobrecoste de Belate
El autor del borrador del informe sobre las cuentas de Navarra de 2024, del que discrepó el presidente de la institución, compareció este martes en el Parlamento. Se mantuvo en las duras conclusiones que Cabeza suprimió de su trabajo
Actualizado el 15/04/2026 a las 14:34
El auditor de la Cámara de Comptos Miguel Ángel Aurrecoechea destacó este martes 14 de abril que la tramitación del expediente de modificación de las obras de duplicación del túnel de Belate por parte de Obras Públicas a finales de 2024, con el consiguiente sobrecoste y “sin causa legal que lo justificara”, le llevó a advertir a la Asesoría Jurídica del órgano fiscalizador que había hechos que a su juicio y el de su equipo “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.
Añadió que la Asesoría, a quien compete decidir si traslada esos hechos al Tribunal de Cuentas (ante posibles delitos contables) o a la Fiscalía, destacó que no se apreciaban indicios de responsabilidades, conclusión a la que llegó sin solicitarle antes a él la documentación en la que había basado su aviso, agregó.
Aurrecoechea fue el autor del borrador del informe de fiscalización de las cuentas de Navarra de 2024, del que el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, eliminó duras conclusiones. El auditor mantuvo varias de ellas, utilizando por primera vez lo que se denomina cláusula de discrepancia, que se adjuntó al informe, junto a las respuestas que a esos puntos dio el presidente de Comptos. Todo ello se hizo público el pasado 17 de marzo. Este martes, a petición de UPN, el auditor compareció en el Parlamento, manteniendo todo lo que sostuvo en esa cláusula. El viernes acudirá a la Cámara Ignacio Cabeza.
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DEFIENDE QUE TRABAJÓ CON EVIDENCIAS Y RIGOR
Este auditor, contra del criterio del presidente y la Asesoría Jurídica de Comptos, sostuvo que se prescindió del procedimiento legal en dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas, Pedro López, en 2024, la que a su juicio supuso aprobar implícitamente la modificación del proyecto constructivo de Belate, y la que dio conformidad al modificado y autorizó continuar las obras por motivos de interés público, dando lugar a gastos por al menos 7,54 millones de euros que a su juicio no le correspondía asumir a la Administración.
Explicó que para llegar a sus conclusiones sobre esta última resolución, realizó un trabajo “muy riguroso”, analizando “multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes”, como “exigen las normas técnicas de auditoría”, para concluir “que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”. Y contó con las explicaciones del ingeniero de minas que revisó el proyecto, agregó.
El auditor recordó que la Intervención General formuló un reparo suspensivo del modificado de las obras de Belate en noviembre de 2025, lo que paralizó todo ese expediente. “El motivo era la existencia de un perjuicio económico a la Hacienda Pública de Navarra. Esto, en el ámbito del Tribunal de Cuentas, podría ser susceptible de posible responsabilidad contable”, agregó.
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SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS NAFARBIDE E INI
El auditor también negó que se hubiera extralimitado al recomendar disolver dos sociedades públicas. Una, Nafarbide, que depende del departamento de Cohesión Territorial y gestionará los futuros peajes a vehículos pesados en las grandes vías y las obras que se realicen en estas. La segunda es el INI (Instituto Navarro de Inversiones), del departamento de Economía y Hacienda.
Detalló que la primera va a incumplir la ley de Contratos, que regula que en general los entes instrumentales de la Administración solo pueden contratar con terceros como máximo el 50% del importe del encargo, cuando Nafarbide no va a tener capacidad de realizar las inversiones en las grandes vías con medios propios (2.600 millones al menos en 30 años). Señaló que ahora se plantea la necesidad de licitar actuaciones por 11,6 millones en contratos de obra y 0,3 millones para asistencia técnica. Junto a sus gastos estructurales, serían 12,6 millones en total, de los que va a contratar con terceros el 94%.
En cuanto al INI, destacó que la “mayor evidencia es la duplicidad de su objeto social” con el de otra sociedad pública, Sodena, algo que ya se reflejó en el informe de las cuentas de 2023. Agregó que así además lo acaba reconociendo el presidente de Comptos en su respuesta, concurriendo en “una evidente incoherencia”.
LAS SUBVENCIONES A DEDO DEL PARLAMENTO
El auditor también mantuvo su criterio en contra de la cantidad de subvenciones nominativas (a dedo) para unos ayuntamientos y concejos en detrimento de otros que deciden vía enmiendas a los presupuestos de Navarra los grupos parlamentarios (desde 2019, con su mayoría, los miembros del Gobierno y Bildu). En su cláusula de discrepancia, sostuvo que eso quiebra los principios de igualdad y no discriminación, cuando para esos mismos fines existen convocatorias a las que se pueden presentar todas las entidades y que no cubren las necesidades por falta de fondos.
Comptos empezó a advertir sobre el aumento de esas subvenciones cuando analizó las que se dieron entre 2019 y 2022. Ahora, su presidente, Cabeza, afirma que era un estudio general y el auditor le contestó ayer que Comptos, por ley, no realiza estudios.
Asiáin (Geroa Bai), al auditor: ¿Ve neceario este debate, ayuda a la imagen de Comptos?
El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiáin, preguntó al auditor Miguel Ángel Aurrecoechea, tras escuchar sus explicaciones sobre las discrepancias que ha mantenido con el presidente de la Cámara de Comptos: “¿Ve necesario este debate público en torno a la labor de Comptos? ¿Ayuda en algo a su imagen y o credibilidad? ¿Cree que ayuda en algo a la transparencia? Porque ha venido a desdecir la contestación del presidente a su discrepancia o incluso a cuestionar nuevamente sus afirmaciones ”.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, replicó que los “torquemada de turno” habían cuestionado al auditor por opinar de manera distinta al presidente. Lo cierto es que la oposición respaldó que Aurrecoechea haya mantenido su postura, pese a haber sido cuestionado por la propia institución.
Esparza, que había solicitado la comparecencia, señaló que las cuestiones puestas de relieve por este auditor, como el exceso de las subvenciones nominativas o cuestionar la creación de Nafarbide o el INI, ya las defendió Comptos en otros informes. Indicó que, por ejemplo, de los 40 ayuntamientos en los que gobierna Bildu, 30 han recibido estas subvenciones nominativas. “Claro que se rompe el principio de igualdad”, lamentó.
Irene Royo, del PP, sostuvo que el auditor había mantenido una posición de vanguardia al defender la eficacia y eficiencia en el gasto público.
Los socios del Gobierno defendieron el informe del presidente de Comptos y discreparon de las posiciones del auditor en lo que afecta a las competencias del Parlamento y el Gobierno. Acusaron, además, a UPN de usar políticamente lo ocurrido.
La socialista Ainhoa Unzu señaló que cuestionar las subvenciones nominativas en un informe oficial de Comptos hubiese supuesto “una intromisión en las funciones de este Parlamento”.
Laura Aznal, de Bildu, respondió a Esparza que muchas subvenciones van a ayuntamientos de Bildu por ser “la primera fuerza municipalista” y que UPN hacía igual cuando gobernaba con las inversiones en polideportivos.
