En un movimiento inédito, el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, ha corregido el informe sobre las cuentas generales de Navarra de 2024 al considerar, entre otras diferencias, que el auditor incluía juicios personales, criterios contrarios a los de la Asesoría Jurídica de la institución e intromisiones en las competencias del Parlamento y del Gobierno foral.

Ese auditor ha mantenido en el informe los puntos suprimidos de su trabajo en los que, entre otros aspectos, recomendaba disolver dos sociedades públicas. Una, el INI, el Instituto Navarro de Inversiones, para evitar duplicidades con Sodena, al considerar que sus funciones están ya incluidas en el objeto social de esta segunda sociedad. 

La otra empresa pública que recomendaba que se suprima era Nafarbide, la que se encargará de gestionar los peajes a los vehículos pesados, “por carecer de medios suficientes” y por “la imposibilidad de llevar a cabo los futuros encargos” de acuerdo a la normativa de contratación pública, dado que su actividad, indicaba, la puede realizar la Administración foral.

El hecho es que son dos puntos de otros muchos suprimidos en el informe en los que el auditor ha mantenido su criterio haciendo uso de la “cláusula de discrepancia”, prevista en la ley y que nunca se había puesto en práctica. 

Esta cláusula, que se incorpora al informe, es una “salvaguarda” para los auditores frente a “posibles manipulaciones” de quien está al frente del órgano fiscalizador, algo que, desde la Cámara de Comptos, han negado que haya ocurrido en este informe.

En un comunicado, el órgano fiscalizador explica que tras la presentación del borrador del informe de las cuentas de 2024, el presidente de la institución, el secretario general y el resto de auditores, “mostraron al citado auditor su desacuerdo con las conclusiones. Dicho desacuerdo se basaba, principalmente, en la incorrecta aplicación de las normas de auditoría e interpretaciones jurídicas no fundamentadas”.

En concreto, Comptos señala que en “determinadas afirmaciones y conclusiones del autor del borrador existe una falta de evidencia de auditoría, clave para poder realizar esas afirmaciones". Sostiene que "se trata de meros juicios personales del auditor que no pueden admitirse en la labor de una institución rigurosa. Respecto a la opinión de legalidad, el autor del borrador ha sostenido y mantenido criterios contrarios a la opinión de la Asesoría Jurídica de la institución, órgano al que le corresponde fijar dicha opinión”.

Añade que en el borrador se detectaron, asimismo, “intromisiones en las competencias del Parlamento de Navarra, por ejemplo, al referirse a la tramitación de los presupuestos, y del Gobierno de Navarra, en este caso respecto a su capacidad para tomar decisiones sobre la organización en la prestación de sus servicios”.

"En definitiva, el borrador presentado por el auditor no cumplía con los criterios de calidad exigibles a una auditoría, entre otros la imparcialidad, objetividad, ponderación y evidencia de auditoría, sostiene en su comunicado la Cámara de Comptos.

La institución recalca que al presidente es a quien corresponde aprobar los informes y "garantizar" su calidad. "Por tanto, en uso de sus facultades y su responsabilidad, ha corregido el borrador teniendo en cuenta el criterio del resto de miembros de la institución, en el convencimiento de que el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y la ciudadanía en general merecen fiscalizaciones rigurosas y objetivas".