Una reciente adjudicación de contratos temporales de larga duración (hasta 3 años) para el puesto de Administrativo en el Gobierno de Navarra ha creado malestar y ha sido cuestionada por algunos aspirantes que denuncian “irregularidades” en el proceso. En concreto, se apunta a que se han adjudicado varios contratos (entre ellos en el departamento de Cultura, Turismo y Deporte) a aspirantes que ni siquiera figuran en las listas de contratación vigentes de la Administración Núcleo. Al menos hay interpuesto un recurso de alzada impugnatorio. 

Según algunos de los afectados (aspirantes vigentes en listas de Administración Núcleo), Función Pública habría utilizado de forma “ilegal” la conocida como ‘prioridad excepcional de llamamiento’. Esta prioridad permite a un aspirante que acaba de terminar un contrato ser llamado nuevamente con preferencia dentro de los 15 días siguientes sin seguir necesariamente un orden estricto de puntuación.

Sin embargo, los afectados denuncian que esta excepcionalidad se ha aplicado a aspirantes que únicamente están en listas de llamamiento del Servicio Navarro de Salud, “listas que no caducan y que pertenecen a un ámbito que la propia norma excluye taxativamente”. Así, consideran que es “inadmisible” que una situación jurídica (estar incluido en las listas de Osasunbidea) genere beneficios en un ámbito donde la propia norma se declara inaplicable. “Esto supone, en la práctica, que una persona con 0 puntos en el censo de las listas vigentes de Administración Núcleo ha pasado por delante de centenares de aspirantes legítimos con puntuaciones altas, quienes se han visto desplazados de sus contratos que por derecho les correspondía o forzados a aceptar destinos peores o renunciar”, denuncia uno de los afectados. 

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“Al aplicar la Administración la prioridad excepcional utilizando listas ajenas a las permitidas, se ha vulnerado el principio de legalidad y el orden de prelación de los aspirantes legítimos de la Administración Núcleo, lo que vulnera frontalmente los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público en Navarra”. 

Este afectado entiende asimismo que el hecho se ve agravado por la existencia de una advertencia “ignorada”. “Con 24 horas de antelación a la adjudicación, presenté por registro oficial una instancia advirtiendo de esta ilegalidad. La Administración decidió ignorar la alerta y proceder con la adjudicación viciada de nulidad”, señala. En su caso concreto entiende que se ha adjudicado una plaza a “extraños” al procedimiento, “lo que supone una nulidad de pleno derecho y una grave inseguridad jurídica para el resto de los integrantes de las listas”.