La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a una administrativa de un centro de salud de la Comunidad foral a 8 años de cárcel y 28 de inhabilitación profesional por haber accedido en 1.300 ocasiones a los historiales médicos de su hija y los hijos menores de esta, con quienes no tenía ningún tipo de relación, entre los años 2021 y 2024. Los jueces la han considerado responsable de cuatro delitos continuados de revelación de secretos por parte de un funcionario público. La sentencia estima que concurren en los hechos la agravante de parentesco y las atenuantes de reparación del daño (ha consignado ya más de la mitad de la indemnización) y de anomalía y alteración psíquica en grado leve (en el momento en que fue apercibida por el SNS de la queja presentada frente a ella, cesó en su comportamiento).

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Según se detallaba en el escrito de acusación, la acusada, entre mayo de 2021 y el mismo mes de 2024, accedió de forma ininterrumpida a la historia clínica informatizada de su hija, "por motivos ajenos a sus funciones profesionales, sin contar con su consentimiento y sin justificación asistencial alguna". Lo hizo además en un periodo en el que tenía prohibido comunicarse con ella por orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona. Para la Fiscalía, esas acciones implicaron haber invadido su esfera personal e íntima con esos accesos, hecho que también llevó a cabo con los historiales de sus nietos. Cuando la perjudicada, defendida por la letrada Silvia Sánchez Soto, supo de ello, sufrió una crisis de ansiedad. En el juicio la encausado manifestó no recordar esos accesos, afirmación que no ven creíble los magistrados debido a que el proceso se inició a raíz de que terceras personas compartieron con los perjudicados información reservada a sus historiales clínicos, que ellos no habían facilitado y les hizo sospechar. "Resulta acreditado que esta mecánica constante y mantenida en el tiempo, referida no solo a ella sino a sus hijos menores, la han afectado de forma considerable ya que llegó a pedir a los facultativos que la atendían y al pediatra de los niños que no escribieran nada en sus historias clínicas porque no era posible colocar un cortafuegos que limitara el acceso a esa información", señala.