El PSN y Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa han registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para derogar la ley foral 15/2022, de 17 de mayo, que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra. En la actualidad, Educación cuenta con 111 docentes, aunque la carga lectiva que existe alcanza sólo a 68. El resto realiza otras tareas que son asignadas por las direcciones de los centros con un coste de algo más de 2 millones de euros para las arcas forales. Los profesores son seleccionados por el Arzobispado, sin pasar por ningún proceso selectivo, para impartir una asignatura que eligen aproximadamente la mitad del alumnado en ciclos obligatorios. 

Según informa el PSN en una nota de prensa, la proposición de ley tiene el objetivo de “corregir una desigualdad normativa y avanzar hacia un marco educativo público basado en la equidad y la coherencia jurídica”.

La actual ley foral 15/2022 fue aprobada por Navarra Suma y Geroa Bai para “garantizar que los docentes de religión que tienen contrato laboral temporal mantengan su puesto de trabajo y la jornada correspondiente, incluso cuando se reduce la carga lectiva de la asignatura por los cambios educativos en cumplimiento de la LOMLOE”. “Esto significa que aunque haya menos horas de religión por curso, la Administración no puede reducirles la jornada ni despedirles por razones de carga lectiva, algo que no sucede con el resto de docentes del sistema educativo público”, afirma la socialista, Ainhoa Unzu.

El PSN subraya, además, que “el sistema de selección del profesorado de religión actualmente no incorpora los principios de igualdad, mérito y capacidad en los mismos términos que el acceso a la función pública docente, lo que refuerza la necesidad de evitar privilegios que rompen el equilibrio del sistema educativo público”. “Nuestro objetivo es acabar con privilegios que no se sostienen en criterios de justicia ni de equidad”, añade Unzu.

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PARA CONTIGO, UNA "ANOMALÍA"

Por su parte, desde Contigo-Zurekin remarcan que la norma aprobada en 2022 “blindó los puestos y condiciones del profesorado de religión, pese a la reducción progresiva de su carga lectiva”. Una ley que, “tal y como se ha conocido recientemente, supone un coste cercano a los dos millones de euros anuales para las arcas públicas y ha generado un evidente agravio comparativo con el resto del profesorado”.

Desde Contigo-Zurekin destacan que “esta situación tiene su origen en una anomalía estructural: el mantenimiento de la asignatura de religión en el ámbito de la educación pública”. “No es aceptable que personal contratado de manera discrecional para impartir religión esté desarrollando tareas docentes y no docentes ajenas a esa materia, cuando esas funciones deberían corresponder a profesorado que ha accedido mediante procesos basados en la igualdad, el mérito y la capacidad”, señala el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán.

La coalición subraya que esta iniciativa “no va dirigida contra ningún colectivo, sino que pretende corregir una desigualdad evidente”. Asimismo, Contigo-Zurekin “interpela directamente al Arzobispado, que fue quien mandató la contratación de este profesorado, para que forme parte de la solución”.