El 'caso Cerdán' en Navarra
Javier Remírez evitó una sanción a Acciona y Servinabar por los retrasos en las obras del Archivo General
Nada más llegar María Chivite al Gobierno en 2019, el consejero aceptó un recurso de alzada de la adjudicataria para ampliar el plazo de ejecución
Publicado el 15/01/2026 a las 05:00
Javier Remírez ha vuelto al Gobierno foral y a sus dependencias del Palacio de Navarra. Un edificio que conoce bien, entre otras razones porque bajo su anterior mandato se terminaron las obras de rehabilitación del Antiguo Archivo General y los jardines para su uso como dependencias administrativas. En diciembre de 2019, Remírez firmó una orden foral que otorgaba a la contratista -la UTE formada por Acciona y Servinabar- seis meses más de plazo para terminar los trabajos. Gracias a esta ampliación de plazo, la adjudicataria se libró de una penalización económica. Todo ello a pesar de que la dirección facultativa había advertido del “bajo rendimiento” por parte de la constructora para realizar los forjados y estructuras y de que el interventor delegado pidió aclaraciones al poner en duda que la causa principal de los retrasos fueran imprevistos.
Las obras del antiguo Archivo General, edificio anexo al Palacio de Navarra, guardan numerosas similitudes con los actuales trabajos de duplicación del túnel de Belate, según se desprende del análisis de los expedientes: incumplimientos de la oferta técnica, sobrecostes, retrasos, dudas de la Intervención e informes técnicos que no son tenidos en cuenta en las resoluciones administrativas. Además, en ambas obras tuvo un destacado papel Pedro López Vera, el director general de Obras Públicas cesado en diciembre a raíz de la polémica por los sobrecostes de Belate.
Durante la licitación y ejecución de las obras del Archivo General, Pedro López tenía plaza de arquitecto en la dirección general de Interior. Fue el responsable de la supervisión del proyecto de reforma del edificio y de la ejecución de las obras. La ampliación de plazo otorgada a la adjudicataria se sustentó en un informe técnico firmado por Pedro López en el que defendía que la causa de los retrasos era una combinación de causas imputables tanto a la Administración como al contratista, así como errores en el proyecto.
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Este informe técnico fue firmado por Pedro López el 22 de noviembre de 2019, cuando el entonces consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ya le había fichado como director general de Obras Públicas.
La reforma del antiguo Archivo General se impulsó en la legislatura de Uxue Barkos (Geroa Bai). En 2017 se adjudicó la redacción del proyecto y dirección de obra. Y en 2018, se adjudicaron las obras. Se presentaron cuatro ofertas. Acciona-Servinabar obtuvo la peor puntuación en la oferta técnica pero ganó gracias a la rebaja en su oferta económica.
El proyecto tenía su complejidad. Al tratarse de un edificio construido a finales del siglo XIX, no había planos detallados de espacios e instalaciones. Al gozar de un grado 2 de protección, había que tener especial cuidado con diversos elementos, como la secuoya del jardín. A pesar de ello, Acciona-Servinabar prometió ejecutar las obras en 10 meses en lugar de los 12 fijados en el pliego. “El plazo de ejecución se considera un elemento esencial del contrato”, decía claramente.
Las obras, que comenzaron en julio de 2018, sufrieron un primer contratiempo porque el ayuntamiento denegó la petición de hacer una rampa en el jardín para acceder al sótano del edificio y talar dos árboles de la avenida de San Ignacio para facilitar la entrada y salida de camiones.
El 15 de marzo de 2019, cuando faltaban cuatro meses para concluir las obras, la UTE Acciona-Servinabar solicitó una ampliación de plazo de seis meses y la suspensión parcial de los trabajos mientras se redefinía el diseño del jardín. Esta solicitud fue denegada por la dirección general de Presidencia, que entonces ostentaba Edurne Eginoa, actual directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.
La denegación se basó en informes técnicos y jurídicos. Se decía que el edificio quedó desalojado y vacío en julio y no en septiembre, como sostenía la constructora. Los informes también señalaban que la adjudicataria era consciente de que la secuoya era monumento natural y exigía especiales medidas de protección y que en su oferta técnica no vio especial dificultad en ello.
Acciona-Servinabar presentaron el 3 de junio ante la consejera (María José Beaumont) un recurso de alzada contra la denegación de más de plazo. El 26 de mayo habían sido las elecciones autonómicas, así que la contestación se demoró. En agosto María Chivite salió elegida presidenta y nombró Javier Remírez vicepresidente y consejero de Presidencia.
El cambio político trajo consigo un cambio de criterio técnico. En octubre se encargó a la dirección facultativa un informe sobre el estado de las obras del Archivo General. El informe detalla diversos imprevistos y contratiempos. Hubo que redibujar zanjas y arquetas. Una pala dejó sin iluminación a la estatua de los Fueros al romper un cable que apareció donde no se le esperaba. Además, el departamento de Presidencia fue introduciendo cambios en el proyecto, como una preinstalación para equipos de luz y sonido en la sala multiusos. Por último, hubo varios parones ordenados por Presidencia para hacer ruedas de prensa y reuniones.
Sin embargo, los técnicos añadían que el “bajo rendimiento” en la realización de forjados y estructuras” había retrasado algunas semanas e incluso meses la obra. “Creemos que no se han puesto todos los medios necesarios para aumentar los rendimientos. Hemos tenido que replantear y calcular varias veces algunos forjados por mala ejecución del hierro de la constructora. Hemos tenido que rehacer dos veces unas zancas de escaleras que no se habían hecho conforme al proyecto”, dice el informe.
Las opiniones de la dirección facultativa quedaron reflejadas en el informe jurídico y en la propia orden foral firmada por Javier Remírez. El departamento denegó la suspensión parcial de las obras, pero autorizó la ampliación de plazo de seis meses hasta el 18 de diciembre. El 10 de diciembre se firmó el certificado de fin de obra.
El interventor delegado pidió aclaraciones por la supuesta falta de diligencia de la constructora. Pedro López, en un informe fechado el 23 de diciembre, admitía falta de personal y errores de ejecución pero insistía en los múltiples imprevistos por “desconocimiento, falta de planos, etc”. “Todas las modificaciones están autorizadas, justificadas y valoradas”, decía en su respuesta al interventor.
Al estimarse el recurso de alzada, la adjudicataria se libró de una penalización que, según el Ley Foral de Contratos, ascendía a 240 euros diarios. Además, cuando el plazo se considera condición esencial, la Administración puede determinar la resolución culpable del contrato y pedir indemnización por daños y perjuicios.
El remodelado Archivo General y los jardines se inauguraron casi un año más tarde, el noviembre de 2020, con motivo de una visita de Pedro Sánchez. Cuatro meses antes, el 24 de julio, María Chivite recibió al dueño de Servinabar, Antxon Alonso, según explicó, “para hablar sobre las obras del edificio”.
