Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela alertó este jueves de que el IX informe de la Fundación FOESSA arroja una imagen de una Navarra en la que, pese a la extensión de prestaciones sociales como la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital, crecen la precariedad y la desigualdad y no se logra romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Que sigue teniendo rostro de mujer, de menor de edad o joven, y de persona migrante. Aunque se ha logrado en el último lustro reducir la tasa global de exclusión, lo que ha descendido es la exclusión moderada, mientras que la severa se mantiene inalterada. Además, hay "un amplio grupo de personas que, pese a estar integradas, tienen dificultades crecientes para sostener su bienestar". En datos: sólo la mitad de la población navarra se encuentra en integración plena, mientras que el resto se mueve entre una integración precaria (243.000 personas) y los distintos grados de exclusión social, que alcanzan al 13,2% de la ciudadanía, 89.000 personas en cifras redondas. Y quisieron servirse de una imagen para dar cuenta de la dimensión de ese dato: "Si se cogieran de la mano, formarían una cadena humana capaz de unir Pamplona con el Castillo de Javier". Ante ello, reclaman "intervenciones públicas que estén a la altura". "Prestaciones sociales sí, pero sobre todo acompañamiento social e integralidad. La Administración ha de ser cercana, ha de adaptarse y ser flexible si quiere responder a las necesidades reales de los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente de los pequeños y de las pequeñas".

Pedro Fuentes, investigador del equipo de estudios de Cáritas, perteneciente a la Fundación FOESSA, quiso aclarar que la exclusión social es algo que va más allá de la pobreza económica o la privación material. "Es un fenómeno complejo que supone la acumulación de distintas dificultades que les limitan en la participación plena de la sociedad". Empleo, ingresos, vivienda, salud, relaciones sociales, etc. Así, hasta 37 indicadores que se ponen en correlación. El estudio, en el que han participado más de 180 investigadores, se ha elaborado con datos de más de 12.000 hogares, 576 en Navarra. "Es probablemente la mayor operación estadística privada que se hace en este país", valoró Fuentes. 

VIVIR CON MENOS DE 471 EUROS AL MES

Si se pone el foco en el riesgo de pobreza, la población afectada "ha crecido de forma relativamente clara y constante entre 2019 y 2024", duplicándose (ha pasado de 50.000 a 95.000 personas). En el caso de la pobreza severa, se ha triplicado (de las 17.000 a las 53.000). "Son aquellos adultos que viven con menos de 471 euros al mes; o aquellos hogares con un adulto y dos menores a cargo que viven con menos de 990 euros", clarificó Maite Quintana, directora de Cáritas. 

Los buenos datos macroeconómicos no permean en muchas capas de la población. "Lo que se refleja es una fragilidad económica cotidiana que lleva a que un 26% no pueda afrontar gastos imprevistos, el 15% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada y que el 11% de las familias tengan retrasos en pagos de vivienda". 

"ES UN MITO QUE ESTÉN EN CASA ESPERANDO LA PAGUITA"

Navarra se encuentra entre las comunidades en las que el acceso conjunto al Ingreso Mínimo Vital o a la Renta Garantizada alcanza a un porcentaje más alto de la población en situación de vulnerabilidad. Pese a ello, la cobertura conjunta es del 55% de la población potencialmente demandante. "Acceder al IMV es complicado, Es un proceso complejo de mucho papeleo, de mucha burocracia, pero no es sólo problema administrativo, es también un problema de falta de información. Según la encuesta que hemos realizado, el 57% de los hogares en situación de exclusión severa no han recibido información sobre el IMV", apuntó Fuentes. 

El investigador de Cáritas también quiso combatir los prejuicios que el imaginario social acumula en torno a las personas que perciben una prestación social. "Eso que se piensa de que están tranquilamente sentadas en sus casas esperando que alguien les lleve una pensión, una paguita, o como quieran llamarlo, no es cierto. Es un mito". Según el informe, tres de cada cuatro hogares en exclusión severa están activados, esto es, o buscando empleo, o estudiando o en un proceso de acompañamiento. "Chocan con barreras estructurales y se topan recursos escasos, fragmentados y muy poco personalizados. "No fallan las personas, falla el sistema", concluye el análisis. 

80.000 PERSONAS EN VIVIENDA INSEGURA

La vivienda se ha consolidado como el principal factor de exclusión social. El 22% de la población navarra afronta problemas en este ámbito. Son 148.000 personas. El dato ha subido 5,5 puntos desde 2018. "Hay un desfase entre la renta de las familias y el precio de la vivienda". 

Entre ellas se encuentran las 80.000 personas que viven en situación de vivienda inadecuada o vivienda insegura. "O no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, o no tiene la seguridad jurídica necesaria para garantizar su permanencia en la vivienda". Son el doble de personas que en 2018. 

TRABAJAR YA NO GARANTIZA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Navarra crea empleo, tiene tejido laboral estable y la tasa de paro baja, pero el precio de la vivienda y la precariedad laboral, que afectan al 9% de la población, hacen que "trabajar ya no garantice la inclusión social". Cáritas pide "políticas de inclusión" que se concentren en dos sectores: las personas desempleadas y quienes ocupan puestos de baja calidad. La formación es "un factor clave". "La formación obligatoria ya no integra. Hay que ir de una FP para arriba", terció Quintana. 

105.000 PERSONAS CON PROBLEMAS DE ACCESO A LA SALUD

El 15,6% de la población, unas 105.000 personas, presenta problemas de exclusión relacionados con la salud. Una de cada diez personas con enfermedades graves o problemas de salud crónicos o discapacidad no han recibido atención médica en el último año para su enfermedad. "Algo que está vinculado con las listas de espera". También se hallan dificultades para cobertura de tratamientos odontológicos, de adquisición de gafas o audífonos, o para ir a terapia psicológica. Además, el acceso a seguros privados se ha duplicado desde 2018, de un 4% a un 8%.