El director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra que sustituya al cesado Pedro López tendrá sobre la mesa una tarea urgente y delicada, desbloquear antes de fin de año el modificado del proyecto de Belate para poder abonar a la adjudicataria (Acciona y Osés) las certificaciones pendientes desde mayo. El motivo es que está en juego parte de la subvención de 40 millones que el Ministerio de Transportes concedió en 2024 al Gobierno de Navarra para la adecuación de los túneles de Belate y Almándoz a la normativa europea. De momento, la Comunidad foral se arriesga a perder 10 millones de esa subvención si no arregla en tres semanas el reparo suspensivo que emitió la Intervención Delegada el 26 de noviembre.

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El Gobierno de Navarra recibió en 2024 un primer pago de 5 millones de la subvención estatal, que han servido para cubrir parte de los 7,5 millones facturados por la UTE adjudicataria entre abril y diciembre del año pasado. El Ejecutivo foral también ha recibido un segundo pago, de 15 millones, que es un anticipo de la inversión prevista a lo largo de este año.

El problema es que Obras Públicas suspendió en mayo el pago de certificaciones debido a la tramitación del modificado número 1 del proyecto porque los sobrecostes previstos (8,5 millones) superaban el límite del 10% del precio de adjudicación. Entre enero y abril, la adjudicataria sólo ha podido cobrar 4,97 millones. Si antes del 31 de diciembre no hay más pagos, Obras Públicas no podrá justificar los 10 millones restantes de la subvención. Según el Real Decreto que regula esta subvención, esa cantidad se restaría del pago de 20 millones acordado para 2026.

Esta subvención de 40 millones aparece citada en el último informe de la UCO, conocido en noviembre, en el que se aconseja al magistrado Leopoldo Puente incorporar el túnel de Belate a la causa especial del Supremo. El informe recuerda que las gestiones para dicha subvención se produjeron siendo José Luis Ábalos ministro de Transportes y que Santos Cerdán, entonces diputado, asistió en 2019 a una reunión en el ministerio donde se habló de la duplicación de los túneles para poder cumplir la directiva europea de seguridad, por lo que pudo haber intermediado para lograr la ayuda. En el pasado, cargos del PSN atribuyeron a Cerdán la consecución de esta ayuda para los intereses de Navarra.

La subvención, que no estaba prevista en el Plan estratégico de Subvenciones, fue de concesión directa por “motivos de urgencia e interés público”. Fue aprobada en 2023 pero como el Gobierno de Sánchez tuvo que prorrogar los presupuestos no pudo efectuar el pago. Así, el Estado retrasó esta ayuda un año.

Entre los gastos subvencionables se incluyen las expropiaciones, la “redacción de los estudios y proyectos y las asistencias técnicas precisas para la ejecución de las obras” tanto del túnel de Belate como de Almándoz. El Gobierno de María Chivite tenía previsto licitar las obras de duplicación del túnel de Almándoz este año, pero no ha sido así, por lo que tampoco puede aportar gastos de esta segunda obra.

LA TRAMITACIÓN DEL MODIFICADO VUELVE AL PUNTO AL QUE ESTABA HACE UN AÑO

El calendario aprieta y los trámites administrativos también. La Intervención General, mediante un reparo suspensivo, paralizó el 26 de noviembre la tramitación del expediente de modificado de proyecto del nuevo túnel de Belate. El Gobierno de Navarra anunció dos días más tarde que acataba la decisión de Intervención. Esto supone que Obras Públicas debería retrotraer la tramitación del expediente a noviembre de 2024, cuando el entonces director de Nuevas Infraestructuras, Jesús Polo, firmó la conformidad a la tramitación del modificado según la propuesta técnica presentada por la dirección de obra. Así, habría que negociar una nueva propuesta técnica y someterla al trámite de audiencia del contratista (Acciona-Osés, tras la salida de Servinabar). Con el visto bueno del nuevo director de Obras Públicas y el informe de la Secretaría General Técnica, el expediente debería ser fiscalizado por la Intervención antes de aprobarse por acuerdo de Gobierno.

Condensar en tres semanas algo que ha costado un año se presenta como misión imposible. En Cohesión Territorial estudian una vía intermedia que no requeriría aprobar el modificado, según ha podido saber este periódico. Consiste en reducir los sobrecostes por debajo del 10% del precio de adjudicación (5% para más unidades de obra y un 5% para nuevas unidades), que es el límite fijado en el pliego. Según esta solución, sólo se abonarían los precios contradictorios (sobrecostes) que no aparecen citados en el informe de intervención. Sería una patada para adelante que dejaría múltiples problemas sin resolver. Hay que tener en cuenta que Obras Públicas rechazó paralizar los trabajados cuando se aprobó la tramitación del modificado. Esto ha supuesto que Acciona y Osés están excavando y sosteniendo el túnel confirme a un proyecto que no ha sido aprobado. Por ejemplo, en los 1.800 metros de túnel que ya están excavados se han utilizado unas cerchas, tres veces más caras, que no figuran en el proyecto.

Hasta ahora, Obras Públicas ha accedido a las pretensiones de la adjudicataria sin resistencia. Si el nuevo director general endurece su postura, es más que probable que salten las discrepancias. Existen precedentes, como la reforma del Antiguo Archivo General, donde Acciona -en UTE con Servinabar- optó por el recurso de alzada ante la negativa del departamento de presidencia a ampliar el plazo de ejecución.