Por primera vez, las obras de duplicación del túnel de Belate aparecen citadas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la causa especial del Tribunal Supremo. Los agentes piden al juez Leopoldo Puente que incorpore esta obra, adjudicada a la UTE Acciona, Osés y Servinabar, al conjunto de contratos objeto de investigación. Y no sólo Belate, también estima conveniente ampliar las indagatorias a las demás adjudicaciones de la empresa de Antxon Alonso en Navarra: las obras del Navarra Arena, las dos promociones de viviendas de VPO en Erripagaña y la rehabilitación del Antiguo Archivo General y los jardines de la Diputación.

El informe conocido este martes dedica un epígrafe a los túneles de Belate, contrato de 62,8 millones (IVA excluido) adjudicado a dicha UTE en diciembre de 2023, que estas últimas semanas está siendo objeto de análisis en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. Precisamente, el informe se hace eco de la denuncia que interpuso UPN el pasado 5 de septiembre ante la comandancia de la Guardia Civil de Navarra. Cinco días más tarde, la Guardia Civil trasladó a la UCO copia íntegra del expediente, que tiene al menos medio centenar de páginas. Tras un “análisis preliminar” de la denuncia, los agentes plantean incorporar Belate al conjunto de la investigación. Hay varios elementos que sustentan dicha petición, en primer lugar sus protagonistas.

El informe recoge una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2019 en la sede del Ministerio de Fomento al que asistieron Santos Cerdán, el entonces consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza; el exsecretario de Estado Pedro Saura y el exdirector general de carreteras Javier Herrero. Este último también está investigado en el caso Koldo por el presunto amaño de contratos de obras del Estado. En dicha reunión, según la UCO, se gestó la subvención de 40 millones que el Ministerio de Fomento, con José Luis Ábalos como titular, otorgó a las obras de la N-121-A.

El informe de la UCO también se hace eco de las supuestas irregularidades señaladas por los dos letrados y el interventor de la mesa de contratación de Belate y que figuran en la denuncia de UPN. Cita en primer lugar el “mantenimiento, con carácter extraordinario, por parte del Gobierno de Navarra, más allá de la edad límite de jubilación, de Jesús Polo, presidente de la mesa”. Según la denuncia de UPN, esta persona “con su voto, previo conocimiento de las valoraciones otorgadas por el resto de la mesa, habría dirimido en favor de la UTE de Acciona/Osés/Servinabar, la adjudicación”.

Asimismo, la Guardia Civil recoge las “supuestas deficiencias en la custodia y confidencialidad de las ofertas”, que estuvieron en un servidor a la vista de otros empleados del departamento. También refleja los votos particulares de los dos letrados y el interventor sobre la “falta de fundamentación de los informes de valoración” y las discrepancias sobre la acreditación del cumplimiento de la solvencia técnica por parte de la UTE.

La denuncia ante la Guardia Civil de Navarra incluye también el escrito que el secretario de la mesa, Lorenzo Serena, envió al Parlamento de Navarra el 18 de marzo de 2018, así como algunos de los correos electrónicos que se intercambiaron miembros de la mesa y que fueron entregados al Parlamento de Navarra. A los agentes les llama la atención los comentarios que recibieron varios vocales de la mesa de que Acciona iba a resultar la adjudicataria antes de debatirse las ofertas.

La UCO también ven un motivo de investigación los contactos que Jesús Polo tuvo con empresas incursas en el procedimiento de adjudicación. Se refiere a una llamada que realizó el 8 de noviembre de 2023 a una constructora para consultarle si habían visto las actas en la plataforma electrónica (PLENA). Al responderle que no las habían visto, el presidente de la mesa expuso que estaban a tiempo de modificar actas e informes “y evitar la mala imagen que se va a dar”. Lorenzo Serena consideró “gravísimo” este hecho.

El informe de la UCO también cita los otros cuatro contratos que Acciona y Servinabar se adjudicaron en Navarra. El anterior informe, del junio, ya hablaba del primer contrato que se adjudicaron ambas empresas, las obras de acondicionamiento del Navarra Arena, en agosto de 2017. En concreto el informe recoge varios Whatsapps entre Koldo García y Cerdán sobre la eventual adjudicación.

El nuevo informe de la UCO incluye los abonos percibidos por Servinabar de las cinco UTE que con formó con Acciona. En total son 1,8 millones. Los agentes  añaden una breve descripción de las UTE Archivo Navarra, UTE Lote 1 Ripagaina VPO y UTE Ripagaina VPO, “sin perjuicio de que V.E. estime conveniente ampliar las indagatorias sobre las mismas”, dice el informe. Por contra, no aparecen referencias a la UTE del colegio de Arbizu que constituyeron Acciona y Alegure, otra empresa de Antxon Alonso.

Los agentes de la OCU se incautaron de diversa documentación sobre adjudicaciones en Navarra de Acciona, Servinabar y Alegure en los registros del pasado viernes de la sede de la multinacional en Madrid y Bilbao, además diverso material informático. El mayor número de evidencias fueron encontradas en el despacho en Bilbao de Tomás Olarte, responsable de Acciona zona norte y un directivo que ha estado ligado al dueño de Servinabar, Antxon Alonso, al menos desde 2016, con el proyecto de Mina Muga. Su firma aparece en el contrato de prestación de servicios entre Acciona Construcción y Servinabar para la mina. Olarte ha sido el representante de Acciona en cinco UTE que se crearon con Servinabar después de adjudicarse las obras en Navarra: Navarra Arena, las dos promociones de VPO, la rehabilitación del Archivo General y, por último, las obras del túnel de Belate. 

Del despacho de Olarte la UCO se llevó una carpeta archivador denominada UTE Túnel Belate, otra carpeta con el nombre Proyecto Mina Muga, dos libretas sobre esta mina y otra libreta sobre Geoalcali (empresa impulsora del proyecto minero). También encontraron una carpeta denominada UTE Ripagaina VPO y un conjunto de 217 folios relacionados con la UTE de Navarra Arena. Además, los agentes se llevaron el teléfono móvil de Olarte y volcaron el contenido de su portátil. 

En el registro de la sede de Acciona en Madrid, la UCO se llevó una carpeta con documentación de Servinabar y Alegure y dos archivos informáticos con facturas de estas dos empresas de Antxon Alonso. Además, Acciona le ha dado acceso a la Guardia Civil a correos electrónicos y archivos alojados en servidores remotos. 

Los registros en las cooperativas guipuzcoanas Noran y Erkolan fueron más livianas. De Erkolan los agentes sólo se llevaron el disco duro interno de un ordenador portátil que no pudieron encender. De Noran se llevaron el libro de registro de socios y un centenar de folios con documentación. Por último los agentes se llevaron material informático y documentación de dos viviendas de Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Acciona Construcción, que también está investigado.