El Gobierno de Navarra deberá pagar 41.671 euros y sus intereses a una agente de Policía Foral que denunció acoso laboral en el trabajo tras pasar a ejercer las funciones de responsable de la Oficina de Atención Policial de Tudela. La demandante sufrió dos períodos de incapacidad temporal largos (2016 y 2018) y refirió que vivió con “gran ansiedad” que “no se le permitía desarrollar adecuadamente las tareas que le correspondían como mando intermedio operativo porque su superior inmediato no contaba con ella, no le informaba directamente de los temas relacionados con la organización del trabajo, turnos por vacaciones o directrices para el equipo”.

Hallándose en situación de baja médica, la demandante presentó en 2017 instancia dirigida al Secretario General Técnico de Justicia e Interior del Gobierno de Navarra que contenía denuncia de acoso laboral por parte del Comisario.

Ahora, en el fallo del Juzgado de lo Social, previa declaración del incumplimiento de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales, se condena a la administración demandada al pago de 37.171,43 € por las lesiones psicofísicas, morales y patrimoniales, con el interés legal correspondiente desde la interposición de la demanda (2023). Asimismo, previa declaración de vulneración de su derecho fundamental a la integridad física, se le condena a pagar otros 4.500 euros.