Eduardo Santos, exconsejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra en el primer Gobierno de María Chivite (2019-2023), ha cobrado casi cien mil euros brutos en prestaciones por cesantía entre enero del año 2024 y agosto del 2025. Las cesantías se crearon para compensar los límites en la reincorporación al mercado laboral que fija la ley para ex altos cargos del Gobierno. Antes de ser elegido parlamentario por Podemos en 2015, Eduardo Santos había trabajado como abogado, mediador y profesor asociado de Derecho Penal y Penitenciario en la Universidad Pública de Navarra. Desde Podemos  indican que Eduardo Santos ya no pertenece al partido al haberse dado de baja.

Santos no ha renunciado a su derecho legal a la cesantía pese a que desde Podemos pidió en 2015 la supresión de los “privilegios” (dietas, cesantías, coches oficiales, cargos de libre disposición y escoltas) a políticos y ex altos cargos; así como la limitación de los sueldos a niveles “acordes a la escala superior de los cuerpos de funcionarios”.

El cobro de cesantías por parte de Eduardo Santos se inició en enero de 2024. En ese ejercicio recibió 64.308 euros brutos. En 2025, ha cobrado 32.650 hasta el fin de su prestación, que tuvo lugar el pasado 18 de agosto. También se le reintegraron en 2024 15.164 euros de cotizaciones. Y es que, como contempla la norma, si durante el periodo de devengo de la prestación no procede que el interesado se encuentre dado de alta en su sistema de previsión social, puede suscribir un Convenio Especial con la Tesorería General de la Seguridad Social y tiene derecho al reintegro de las cotizaciones derivadas del mismo.

Las cesantías no se pueden recibir si los exaltos cargos son funcionarios, tienen una pensión o si se incorporan a un trabajo (sí pueden recibir la diferencia entre su nuevo sueldo y lo que les correspondería por cesantía). La cuantía de la prestación por cesantía asciende al 80% de lo que percibían al año en el momento del cese y se puede cobrar durante un periodo igual a la mitad del tiempo en el que estuvieron en el cargo, con un máximo de dos años.

Otro exconsejero del Gobierno de Chivite, Bernardo Ciriza, que ocupó la cartera de Cohesión Territorial, ha recibido una prestación por cesantía durante dos años (agosto-2023/agosto-2025). En su caso, la prestación ha cubierto la diferencia entre su pensión de jubilación y lo que cobraría por cesantía (el 80% del salario de consejero): 1.342 euros brutos al mes. Así, en 2025 percibió 10.179 euros (enero- 18 de agosto), mientras que en 2024 cobró 16.242 euros por el ejercicio completo.

El Gobierno de Navarra ha abonado 194.401 euros brutos en cesantías entre enero y agosto de 2025 a dos exconsejeros y nueve exdirectores generales. La cantidad se va a quedar lejos de los 363.151 euros que desembolsó en este tipo de prestaciones en 2024, pues este mes de octubre van a finalizar sus prestaciones los últimos exaltos cargos del anterior Gobierno de Chivite que aún tenían derecho a ellas. El máximo tiempo para cobrarlas que permite la ley son 24 mensualidades.

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