A la vista de la documentación que Nasuvinsa ha entregado a la Oficina Anticorrupción y de Buenas Prácticas de Navarra (OANA), este organismo concluye que las dos licitaciones de vivienda protegida que se adjudicó Acciona-Servinabar podrían ser nulas de pleno derecho. Además, esta unión temporal de empresas (UTE) tendría que haber sido excluida de la primera de las licitaciones (62 viviendas en Erripagaña en 2018) por incumplir el pliego con la documentación requerida en su oferta.

“La Oficina de Buenas Prácticas ha podido comprobar que Nasuvinsa ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo”. Esta frase figura en el informe relativo a la promoción de 62 VPO adjudicada en 2018 a Acciona-Servinabar, empresas que figuran en el informe de la UCO sobre el caso Cerdán. La omisión de trámites esenciales fue de tal entidad, según este organismo, que Nasuvinsa “no ha podido explicarla con una argumentación técnico jurídica mínimamente razonable”.

Así, el informe fija trece incumplimientos de la Ley Foral de Contratos Públicos donde casi todos son “ausencias”. Ausencia de autorización para contratar dictada por el Departamento Derechos Sociales, del que dependía esta empresa pública; ausencia de actuaciones preparatorias del contrato; ausencia de actas, de declaraciones sobre conflictos de intereses y ausencia de propuesta de adjudicación, entre otros asuntos.

El gerente de Nasuvinsa en aquellas fechas era José María Aierdi (Geroa Bai), actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. En la mesa de contratación estaba el responsable de área de vivienda de la empresa pública, Alberto Bayona López. En noviembre de 2019, este fue nombrado gerente de Nasuvinsa a propuesta de Aierdi, entonces ya era vicepresidente del Gobierno de María Chivite y consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda.

UNA MESA SIN PRESIDENTE

Una de las cuestiones que más llama la atención de la OANA por tratarse de algo elemental es que la mesa de contratación de las 62 VPO de Erripagaña, formada por cuatro miembros, no tenía presidente, sólo secretario. “Resulta inédito”, dice la oficina. La ley de contratos deja claro que para las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos en la mesa se exige la asistencia del presidente.

Mediante oficio, la oficina preguntó en agosto sobre esta cuestión al actual director gerente de Nasuvinsa y su respuesta es que el artículo 134 de la Ley Foral de Contratos Públicos no es de aplicación a las empresas públicas como Nasuvinsa. Es el mismo argumento utilizado cuando Anticorrupción pregunta por otras “ausencias”, como los informes previos o el acuerdo de Nasuvinsa aprobando el expediente.

Otra irregularidad detectada por Anticorrupción es la ausencia de un representante de la Junta de Contratación de Navarra en la mesa al tratarse de un contrato de más de 10 millones.

Por lo demás, al no existir actas, Anticorrupción señala que no puede pronunciarse sobre la “imparcialidad e independencia del órgano de contratación”. Entre la escasa documentación aportada por Nasuvinsa figura un PDF que parece tratarse de un documento interno de trabajo, con anotaciones a mano y que no está firmado por los miembros de la mesa.

Otra “ilegalidad” que fue determinante para adjudicar el contrato a Acciona-Servinabar es lo ocurrido con los sobres que contienen las ofertas. El sobre B es la oferta cualitativa, es decir, la propuesta técnica. Y el sobre C son los criterios cuantificables mediante fórmulas. Uno de estos criterios es el plazo. El pliego deja claro que incluir datos cuantificables en el sobre B es causa de exclusión de la licitación porque contamina el proceso. Sin embargo, Acciona-Servinabar y la UTE Murias-Ibáñez incluyeron el plazo de ejecución en el sobre B. A pesar de ello, a ambas empresas se les permitió continuar en la licitación. En rueda de prensa, José María Aierdi explicó ayer que en el sobre B lo que apareció fue “un trabajo técnico de indicación de estudio de la obra con un plazo teórico” que no coincidía con el plazo fijado en el sobre C y que los servicios jurídicos de Nasuvinsa no vieron motivo de exclusión. No lo ve así la Oficina Anticorrupción. Precisamente, Acciona-Servinabar perdió un contrato por este mismo error en 2021 y su recurso no fue aceptado por el Tribunal Administrativo de Contratos.

EL SEGUNDO CONTRATO

El segundo contrato analizado por Anticorrupción corresponde al mandato de Bayona (2022). Es un lote de 46 viviendas de alquiler social en Erripagaña. En este caso, los incumplimientos de la Ley de Contratos se limitan a la “ausencia de actuaciones preparatorias del contrato” y la “ausencia de resolución/acuerdo del órgano competente de Nasuvinsa aprobando el expediente de contratación”. Pero ambos supuestos son “causa suficiente de nulidad del procedimiento, por la sencilla razón de que no hubo acto de aprobación”, dice el informe.

Apunta otras dos irregularidades. Por un lado, la UTE Acciona-Servinabar no cumplió el criterio social que le obligaba a contratar a tres personas con discapacidad. Además la OANA considera que se debió analizar un indicio de práctica colusoria porque la empresa que presentó la mejor oferta técnica (EBA SL) fue excluida por exceder el precio máximo de licitación. Es decir, debería haberse investigado un posible pacto entre empresas y si cometió un error “inexplicable” para autoexcluirse.

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