El 'Caso Cerdán' en Navarra
Los sobrecostes, del 11%, se quieren justificar por "imprevistos"
Fuentes próximas a la UTE adjudicataria niegan que fueran ellos quienes solicitaran la modificación sino que lo pidió el Gobierno de Navarra
Actualizado el 18/07/2025 a las 09:41
El primer expediente de modificación que tramita el departamento de Cohesión Territorial sobre las obras de Belate supone un incremento del 11,2% respecto al proyecto de ejecución material (67,7 millones). La ley permite sobrecostes del 10% sin necesidad de modificar el contrato. A partir de ahí se aceptan sólo en determinados supuestos. En el caso del túnel, se alegan “circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicataria diligente”. Está por ver si los sobrecostes quedan aquí o si hay más expedientes de modificación. Las obras tienen como fecha de finalización diciembre de 2027 y se desconoce el porcentaje de ejecución.
La propuesta técnica está firmada por la dirección facultativa de las obras que lleva una empresa externa. Sin embargo, en el documento queda claro que las modificaciones son a requerimiento de la dirección general de Obras Públicas por la necesidad de actualizar el proyecto. Desde Cohesión Territorial indicaron el martes que la UTE reclamó hace meses a la dirección de obra la modificación del contrato y esta se lo trasladó en un informe a la dirección general de Obras Públicas. Sin embargo, fuentes próximas a la UTE aseguraron este jueves a este periódico que fue el Gobierno foral la que pidió la modificación.
Te puede interesar
La mayor parte de los sobrecostes que figuran en el expediente de Belate han sido ya ejecutados por Acciona, Osés y Servinabar, como es el caso de las depuradoras y los polvorines. Por tanto, las empresas están a la espera de que el Gobierno foral apruebe el expediente para poder cobrar las certificaciones.
La propuesta técnica motivada, es decir, el presupuesto y su justificación, está fechada el 24 de noviembre de 2024. No es habitual que la Administración se demore tanto, lo que podría deberse a dos motivos, que existan discrepancias entre Obras Públicas y la adjudicataria con el presupuesto o que los servicios jurídicos y/o el interventor -debe fiscalizar el expediente de gasto- tengan duras. O ambos casos.
El departamento de Cohesión Territorial no ha informado en qué fase de tramitación está, aunque otras fuentes consultadas por este periódico señalan que está en su fase final y que incluso podría aprobarse en la sesión de gobierno del día 23.
