El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra tiene abierto un procedimiento sancionador por el uso de indebido de residuos procedentes del fresado del asfalto de la carretera N-121-A durante las obras de mejora contratadas por el departamento de Cohesión Territorial en 2024. La capa asfáltica fresada fue depositada en distintos puntos de Doneztebe, Sunbilla, Bertizarana y Donamaría y en lugar de ser valorizado por una empresa especializada fue utilizado como material de relleno para caminos públicos y parcelas particulares, según el informe realizado por el Seprona de la Guardia Civil a raíz de la denuncia de un particular.

Los supuestos vertidos ilegales proceden de las obras de conversión de la N-121-A en vía 2+1 entre Oronoz Mugaire y Sunbilla, que terminaron a finales de 2023. Estas obras incluyeron el fresado de la capa de rodadura y su posterior asfaltado. A principios de 2024, el Seprona recibió un aviso ciudadano alertando de la presencia de depósitos del asfalto retirado, que estaba siendo utilizado por particulares. Los agentes acudieron a la zona y localizaron nueve acopios de este material que en el Listado Europeo de Residuos tiene el código LER 170302 (mezclas bituminosas y otros productos alquitranados).

La Guardia Civil contactó con algunos de los titulares de los terrenos donde se almacenaba el fresado, que declararon que un trabajador de la constructora a bordo de un camión fue repartiendo por los pueblos el citado material a particulares. Los agentes también contactaron con la constructora, que explicó que parte del material se utilizó para los accesos al vertedero de las tierras de excavación y “una pequeña parte fue entregada en pequeños acopios a algún particular y al propio ayuntamiento de Sunbilla para su uso y adecuación de alguna zona”. El material restante fue dejado en “pequeños montones para uso posterior”. Los agentes también se entrevistaron con la empresa que tenía subcontratado el fresado y asfaltado de la vía, quien explicó que la gestión del residuo no estaba incluido en el contrato.

LA NORMATIVA DE RESIDUOS

Según el informe de la Guardia Civil, el residuo era de “fácil acceso a terceras personas” y fue utilizado por particulares para “acondicionar caminos, entradas a parcelas o incluso hacer rellenos, actividades sin el correspondiente permiso y en lugares donde el uso de este residuo podría no estar permitido por tratarse de terreno forestal, estar cerca de masas de agua o hábitats de interés comunitario”.

El informe redactado por el Seprona fue entregado al departamento de Desarrollo Rural, por ser el competente para el procedimiento sancionador. Este departamento ha confirmado que abrió un expediente, que sigue en tramitación. En concreto se investiga la posible infracción de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos “por llevar a cabo un proceso de gestión de residuos sin autorización (eliminación de residuo mediante depósito sobre el suelo)” y del Decreto Foral 23/2011, por el que se regula los residuos de construcción “por la obligación del poseedor de residuos de entregarlos a un Gestor de Residuos, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo”.

El expediente sancionador por los vertidos de asfalto de la N-121-A entre Sunbilla y Oronoz Mugaire coincidió en el tiempo con la paralización de la licitación de las obras del siguiente tramo de esta carretera, el comprendido entre Oronoz Mugaire y Almandoz. En noviembre de 2024, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, anunció en el Parlamento que la licitación del tramo 3 entre Oronoz y Mugaire había sido suspendida para “actualizar el proyecto”. En respuesta a una pregunta de UPN, el consejero explicó que había que incluir el aprovechamiento o valorización de 35.000 toneladas de la capa de rodadura en cumplimiento de una orden ministerial sobre economía circular. Sin embargo, Chivite eludió comentar la existencia de una denuncia en Medio Ambiente por los acopios en Sunbilla y Doneztebe. “Las obras han de contar con las mejores garantías legales, técnicas, de eficiencia y también medioambientales”, dijo el consejero.

Las obras de estos 5,6 kilómetros de la N-121 siguen sin licitarse siete meses después de su suspensión. Acumula, por tanto un retraso de más de dos años ya que salieron a concurso en marzo de 2023. La licitación recibió cuatro ofertas. Las obras tenían un presupuesto de 14 millones y un plazo de ejecución de siete meses.