El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves con el ‘no’ de los 20 parlamentarios de UPN, PP, grupo mixto y la parlamentaria no adscrita, la Ley Foral para el derecho a la vivienda asequible, una iniciativa que en marzo impulsaron los tres grupos que apoyan el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu ante la necesidad, justificaron en el preámbulo de la proposición de ley, de “adoptar medidas que favorezcan un parque inmobiliario adecuado a un precio asequible al que pueda acceder la ciudadanía en general y, en especial, los colectivos más vulnerables” y que en las últimas semanas ha recibido duras críticas por parte de UPN y PP. Tras los nuevos datos que en las últimas hora se han ido desvelando en torno a la presunta trama de corrupción destapada por la UCO, el debate para su aprobación ha terminado eclipsado por la dimisión el miércoles por la tarde de Ramón Alzórriz como vicesecretario general y portavoz parlamentario del PSN por mucho que que la presidenta del Gobierno, María Chivite, haya terminado con el pretexto de tener que aprobar este ley la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana tras la dimisión de su número 2.

Entre otros cambios, la nueva normativa de vivienda introduce el sorteo para adjudicar las VPO de alquiler y en las reservas generales (pueden llegar hasta el 80% de una promoción) se favorecerá a las personas empadronadas en el municipio donde se ubique la promoción que tengan una edad inferior o igual a 35 años o 60 o más. Además, elimina el arrendamiento con opción a compra para dar paso a nuevas figuras residenciales como los alojamientos dotacionales y crear un registro de grandes tenedores.

Los portavoces de los cuatro grupos impulsores de la modificación se han felicitado por la aprobación de una norma que para UPN y PP no sólo no ayuda a solucionar el problema de la vivienda sino que dificultará aún más el acceso. Ni con los cambios introducidos en el trámite de enmiendas dando marcha atrás a uno de los aspectos de la norma que más críticas había suscitado para evitar que el acceso a las subvenciones por adquisición o arrendamiento de vivienda y por rehabilitación protegida dependieran además de la renta del patrimonio situando el límite en 100.000 euros han logrado su apoyo. 

Para el portavoz regionalista, Juan Luis Sánchez de Muniáin, con la nueva normativa el problema se agravará: “Si castigan al que quiere y puede disponer de vivienda asequible en el mercado es imposible que la situación mejor”, ha advirtió censurando a los cuatro grupos que "atribuir la situación al contexto general de la vivienda, no les disculpa de la torpeza de paralizar durante años planes urbanísticos como el del Echavacoiz".

También para el PP lo urgente es agilizar los grandes desarrollos urbanísticos pero se ha optado, ha lamentado su portavoz Maribel García Malo, por incorporar el sorteo para adjudicar las VPO de alquiler “cuando no hay viviendas que sortear”. “Son medidas insuficientes, desordenadas y poco orientadas a resolver el problema que tiene la vivienda en Navarra. ¿Cuántos viviendas van a poner a disposición de los solicitantes de vivienda con esta ley?”, ha cuestionado antes de advertir que esta ley va a complicar el problema de vivienda en Navarra. "Para afrontar esta emergencia hay que apostar por medidas valientes", ha concluido. Desde el grupo Mixto, Emilio Jiménez, ha pedido acabar con los "farsas" y ha lamentado la aprobación de una ley que perpetúa "el caos de un Gobierno atrapado en la ineptitud y corrupción".

Hay que recordar que en el transcurso del debate de la norma en comisión se debatieron 43 enmiendas, de las que se aprobaron únicamente 8, todas suscritas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. El resto, 22 del PPN y 13 de UPN, cayeron con la oposición de los grupos que dan respaldo parlamentario al Gobierno. Entre otros cambios, tras su paso por comisión, la Ley Foral excluyó del acceso a vivienda protegida a todas las personas que hayan vendido algún inmueble en los últimos cinco años. Sin embargo, en el transcurso del debate efectuado esta mañana en Pleno se ha aprobado una enmienda in voce de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin por la que se recupera el límite de 100.000 euros, de modo que solo los titulares de las transmisiones que superen esa cantidad quedan privados de esa posibilidad. UPN se ha abstenido, mientras que el grupo mixto y la no adscrita se han posicionado en contra.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Para diversificar las tenencias, en la nueva normativa se fomenta la promoción y rehabilitación de viviendas y se favorece la colaboración público-privada. Además, se introducen una serie de previsiones dirigidas, entre otros, a la revisión de los regímenes de calificación de las viviendas protegidas, de los procedimientos de adjudicación y de las figuras residenciales. Por un lado, desaparece el régimen de arrendamiento con opción de compra y la incorporación de la fórmula del arrendamiento asequible, así como del estatuto de propiedad, cuya titularidad ahora podrá ser plena o en derecho de superficie. En cuanto a los procedimientos de adjudicación, se sustituye el sistema de baremación en los procesos de acceso a viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible, por el método de sorteo, en el caso de reservas generales destinadas a determinados grupos de población. Para el resto, tendrán preferencia las personas empadronadas en el municipio donde se ubique la promoción, cuya edad sea igual o inferior a 35 años o igual o superior a 60. Además se introducen nuevas figuras residenciales, como los alojamientos dotacionales, configurados como equipamientos comunitarios de titularidad pública orientados a atender, de forma rotatoria, situaciones específicas de dificultad en el acceso a un hospedaje digno por parte de determinados colectivos sociales.