'Caso Cerdán'
Servinabar se adjudicó contratos que no concordaban con su objeto social
Con Acciona reformó el Palacio de Navarra con irregularidades y sobrecostes. La empresa de Antxon Alonso tendría que haber sido excluida de esta licitación y la del Navarra Arena porque no era del sector de la construcción
Actualizado el 17/06/2025 a las 10:10
La sombra de las irregularidades se extiende sobre otra de las obras ejecutadas por Servinabar en alianza con Acciona, la reforma del antiguo Archivo General, junto al Palacio de Navarra, para convertirlo en dependencias del Gobierno foral. Las obras duraron seis meses más de lo previsto y tuvieron un sobrecoste de al menos un 19%. Pero lo más llamativo es que Servinabar no estaba entonces en el registro de empresas constructoras, circunstancia que obligaba a excluir esta oferta de la licitación. Estas obras salieron a licitación en 2018 en la legislatura de Uxue Barkos (Geroa Bai) y fueron impulsadas por el departamento de Presidencia que entonces dirigía María José Beaumont.
Servinabar, empresa de Joseba Antxon Alonso Egurrola, nació en 2015 dedicada a “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”, según figura en su objeto social. En noviembre de 2019 cambió su objeto social al de “elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”. Sin embargo, en estos cuatro primeros años de actividad se adjudicó en UTE con Acciona tres obras de construcción: las oficinas del Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General y la construcción de 62 viviendas de VPO en Erripagaña.
Por tanto, Servinabar se adjudicó contratos que quedaban fuera de su objeto social a pesar de que el artículo 126.4 de la Ley Foral de Contratos Públicos señala como causa de invalidez del contrato “la falta de capacidad jurídica o de obrar del contratista”.
Para la adjudicación de un contrato público se exige por un lado la capacidad jurídica o de obrar del contratista, que está relacionada con su objeto social, y por otro lado la solvencia económica y técnica, que se acredita con su experiencia. Cuando varias empresas concurren en UTE, basta con que una de ellas acredite solvencia económica y técnica, pero la capacidad jurídica se exige a todas.
Las obras del Archivo General, presupuestadas en 2,86 millones, estuvieron marcadas por numerosos imprevistos, retrasos y sobrecostes. La UTE Acciona-Servinabar obtuvo la peor puntuación técnica pero se adjudicó las obras al presentar la oferta económica más baja (2,4 millones). Antxon Alonso firmó una declaración el 5 de febrero de 2018 en la que afirma que Servinabar “cumple las condiciones exigidas para contratar respecto a la acreditación de la personalidad jurídica del contratista” y que está inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas del Sector la Construcción (REA).
La unidad gestora, en un informe del 10 de mayo de 2018, señaló que “el presidente de la Mesa eleva al órgano de contratación la propuesta de adjudicación al resultar de la documentación obrante en poder de la Administración que el licitador ha acreditado la posesión y validez de la documentación exigida”. Según fuentes jurídicas, existió algún tipo de error o falta de diligencia en la comprobación de la documentación o se obró con mala fe.
SE LIBRÓ DE PENALIZACIONES
Al margen de esta cuestión, las obras del Archivo General se prolongaron durante 18 meses a pesar de que “el cumplimiento del plazo de ejecución se consideraba un “elemento esencial del contrato”. En marzo de 2019, la UTE solicitó una ampliación de plazo por un cúmulo de contratiempos: retraso en la licencia de obras municipal, necesidad de proteger la secuoya, despachos que no estaban desalojados, errores en el proyecto.... Esta petición fue rechazada y la empresa presentó un recurso. Por medio hubo un cambio de gobierno tras las elecciones de mayo de 2019. Javier Remírez (PSN) relevó a Beaumont al frente del departamento de Presidencia. El recurso fue entonces aceptado parcialmente, lo que libró a la UTE Acciona-Servinabar de una penalización por los retrasos. A ello se sumó un sobrecoste sobre el papel del 19%. Sin embargo, el desfase fue del 29% si se tiene en cuenta que las obras del jardín y la fuente ornamental, que inicialmente entraban en el contrato, las afrontó otra empresa.
Se da la circunstancia de que entre julio de 2020 y septiembre de 2021, la presidenta de Navarra, María Chivite, se reunió en cuatro ocasiones con Antxon Alonso. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno foral, estos encuentros fueron a iniciativa del dueño de Servinabar y en ellos se hablaron de las obras del Archivo General y del proyecto de Mina Muga.
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La actual directora de Buenas Prácticas firmó la adjudicación
La actual directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), Edurne Eginoa, era la directora general de Presidencia y Gobierno Abierto cuando se adjudicaron las obras del Archivo General y la que firmó la propuesta de adjudicación del contrato a la UTE Acciona-Servinabar. Como se recordará, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha encargado a la OANA que revise las adjudicaciones a dicha UTE.
Hay otros dos nombres propios en esta adjudicación. El actual director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, fue el arquitecto que supervisó el proyecto y la persona que figuraba como persona de contacto para las empresas interesadas en la licitación. López Vera, que lleva en el cargo desde 2019, fue quien firmó la adjudicación de las obras del túnel de Belate en enero de 2024. Además, el presidente de la mesa de contratación del Archivo General fue José Contreras López, actual secretario general de la Cámara de Comptos, el órgano que también va a revisar las adjudicaciones.
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Geroa Bai se desvincula de adjudicaciones bajo la lupa
El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento foral, Pablo Azcona, desvinculó este lunes a los cargos de su coalición en los últimos gobiernos de Navarra de cualquier relación con las supuestas adjudicaciones o acciones a través de las cuales Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y el exasesor ministerial Koldo García presuntamente obtenían comisiones.
Así, Pablo Azcona señaló que en el caso de la licitación de la equipación del Navarra Arena durante la legislatura 2015-2019 “solo hubo una empresa que concurrió a esa licitación, solo una”. La adjudicación fue para la UTE Acciona-Servinabar.
En cuanto al proyecto de Forestalia, señaló que “el departamento de José María Aierdi informó negativamente, por tanto se opuso al proyecto de Forestalia en Navarra”. Y del proyecto de Mina Muga impulsado por Geoalcali dijo que “no hubo mayor tramitación aquí, más allá de los inicios, que en una encomienda de gestión en un gobierno de UPN se tramitó a través del ministerio”.
