La Cámara de Comptos asegura en un informe sobre las ayudas concedidas por Sodena a Sunsundegui, ya clausurada por la deuda acumulada y con el despido de sus 336 operarios, que su concesión no respondió “a criterios de buena gestión de fondos públicos”. “No decimos que ha habido irregularidades ni nada de eso. Decimos que esa decisión que se toma, desde el punto de vista exclusivamente financiero, no debería haberse tomado”, como aclaró el presidente del órgano fiscalizado, Ignacio Cabeza.

Si el Gobierno foral autorizó la aportación de Sodena, por un cómputo global de 49,13 millones de euros en un período comprendido entre 2009 y 2024, fue -siguiendo el razonamiento de Comptos- por el “impacto económico” que hubiese supuesto el cierre de la empresa en momentos críticos, con la consecuente repercusión en el empleo. Informes técnicos de Sodena reconocen que “las operaciones más relevantes (2013, 2023 y 2024)” respondieron a “razones de naturaleza socioeconómicas”.

De todo ello se deduce que prevalecieron fundamentos de orden político para evitar la desaparición de un icono de la industria en Sakana, con gobiernos de distinto signo, empezando por UPN en 2013, hasta el actual en el que Geroa Bai ostenta la cartera de Industria bajo la presidencia del PSN. La auditoría de Comptos sobre las ayudas de Sodena en un período de 15 años atendió a una solicitud formulada por el PP, sobre los años 2023 y 2024, ampliada en una segunda petición de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin, a un plazo de tiempo mayor. En concreto desde 2009.

Como se lee en el informe, en las sucesivas etapas de inyección económica -en especial en 2013 cuando Sodena vendió la empresa a directivos y a 133 trabajadores por un euro; y en 2023 y 2024, con el préstamo de 9 millones, refrendado por el Parlamento-, hubo advertencias en informes técnicos de la propia sociedad en los que se aludía al “alto riesgo” existente y las dificultades de devolución por la propia dinámica de la empresa. Sirva de aclaración, al respecto, que, como señala Comptos, el acuerdo de octubre de 2023 sellado con Volvo para fabricar dos modelos de última generación fue “un reto que Sunsundegui no pudo afrontar debido a sus carencias productivas y financieras, circunstancias que debieran haber sido tenido en cuenta a la hora de autorizar, sobre todo, la última aportación de seis millones en mayo de 2024”.

35,23 MILLONES EN 2013

El principal porcentaje de los 49,1 millones inyectados por Sodena a Sunsundegui, en concreto el 72%, con 35,23 millones, son de 2013. Dos años antes, el Ejecutivo de UPN había salido al rescate de la empresa, con su adquisición y, por tanto, su transformación en una sociedad pública. Fue en el año 2013, cuando el Consejo de Administración de Sodena -como reproduce Comptos en su auditoría- fue informado que “desde el punto de vista de Sodena y conforme a sus criterios de inversión, se debería presentar el concurso de acreedores”. Aún así, el gerente de la propia sociedad ya advertía que el “apoyo financiero adicional”, cuantificado en ese momento en 35,53 millones, debía ser una “decisión fundamentalmente basada en criterios socioeconómicos que correspondería al propio Gobierno”. Al final, entre tres opciones -cierre mediante concurso de acreedores, valorado en 25,21 millones; cierre ordenado de la compañía gestionando su disolución previa liquidación de todas sus deudas (36,26) y venta al personal de Sunsundegui (33,66 millones), el Gobierno se inclinó por esta última. En cualquier caso, “los criterios socioeconómicos” aducidos como justificación en la operación de venta no estuvieron “lo suficientemente detallados”, expone Comptos. El acuerdo de venta -con el 51% de las acciones a cinco personas de puestos directivos y el 49%, a 133 trabajadores por un euro- supuso “actuaciones en favor de Sunsundegui por valor de 35,23 millones”, vía capitalización de préstamos o cancelación de cuentas de crédito, etc.

Las últimas concesiones, las correspondientes a 2023 y 2024 por valor de 9 millones en su conjunto, fueron realizadas a pesar de la advertencia, reflejada en informes, de “un alto riesgo financiero”. Por lado, Comptos entiende que “se debería haber comunicado a la Comisión Europea de las dos operaciones de 2023 y 2024, previas a su concesión, para su análisis, tal y como apuntaba un informe de reparo no suspensivo del director general de Intervención”. Asimismo apunta a un informe del Servicio de Patrimonio, -anterior al emitido por la Dirección General de Presupuestos que emitió la propuesta para que el Gobierno de Navarra autorizase la operación de los 9 millones-, que concluyó que “no procedía la concesión del préstamo atendiendo a criterios exclusivamente financieros por su elevadísimo riesgo”. La situación era tan delicada en Sunsundegui que, en los últimos 6 millones 2024, ya se apuntaba la necesidad de inyectar otros 10 o 12.

Con todo, y debido a los problemas de liquidez, Sunsundegui no logró remontar la crisis que venía arrastrando desde años atrás, sobre todo, por el período de inactividad de la pandemia. El pasado mes de marzo, la administración concursal cifró la deuda en 50,21 millones.

El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, aseguró que “todas las operaciones” analizadas “están soportadas técnicamente, pero todas ellas detectan un alto riesgo financiero en las operaciones que se estaban apoyando porque la situación de la empresa era prácticamente insostenible”. “Por desgracia, desde 2007 ya estaba en una situación de preconcurso. Entonces, ahí acuden los fondos públicos para intentar salvar la empresa. Desde el principio, el alto riesgo financiero se detecta en todos los informes”, indicó.

Tal y como señaló, el grueso de las aportaciones se efectuaron para “mantener una empresa, para mantener un nivel de empleo, para mantener un nivel de compra de proveedores navarros, etc. Es decir, tampoco se puede decir que hemos tirado el dinero”. A partir de la experiencia con Sunsundegui, Comptos recomienda que para futuros casos “se tenga en cuenta la evolución” de las empresas. “Que en el tiempo se estudie realmente la evolución de una sociedad, si merece la pena seguir invirtiendo o no seguir invirtiendo”, aclaró Ignacio Cabeza.

Un segundo punto de recomendación por parte de Comptos apunta a “exigir compromisos financieros a los accionistas de las empresas que reciben ayudas públicas”.