Vivienda
Navarra controlará desde julio el precio del 75% de los alquileres registrados
A principios de ese mes Madrid dará luz verde al control de precios navarro
Actualizado el 20/05/2025 a las 07:10
Navarra tendrá a principios de julio vía libre para controlar los precios de más del 75% de los alquileres habituales registrados en la comunidad. Estos alquileres, en la actualidad en torno a 25.000 y también conocidos como alquileres de larga duración, son aquellos donde el inquilino reside de forma permanente y los únicos que se verán afectados por el límite de precios tras la declaración de las zonas tensionadas. Es decir, que ni los alquileres de temporada, pensados fundamentalmente para estudiantes o trabajadores desplazados, ni tampoco los turísticos entran dentro de esta nueva limitación de precios que recoge la normativa para las zonas que se declaren como tensionadas donde también se permitirá la prórroga extraordinaria anual en los contratos tras la finalización del periodo ampliado previsto en la normativa- cinco años para las personas físicas y siete para las jurídicas-.
De acuerdo con el calendario que este lunes trasladó la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, será en julio cuando el Boletín Oficial de Estado publicará las dos resoluciones ministeriales que activarán esta medida: el índice de precios de referencia de alquiler y las zonas tensionadas solicitadas por la Comunidad foral.
Son los dos pilares que hacen falta para que Navarra pueda empezar a limitar los precios del alquiler después de que este mismo lunes Alfaro firmara la Orden Foral por la que se declaran como Zona de Mercado Tensionado 21 municipios de la comunidad, entre ellos Pamplona y Tudela. Antes de esa publicación en el BOE, el próximo 30 de junio se espera que el ministerio de Vivienda resuelva esta primera declaración navarra, que agrupa al 68% de la población de la comunidad y a más del 75% de los contratos del alquiler registrados y formalizados durante los últimos cinco años.
Vivienda ha optado por establecer un umbral mínimo de población de 5.000 habitantes. La declaración tendrá una vigencia de tres años, hasta julio de 2028, y será entonces cuando se evalúe la necesidad de prorrogar la medida en función de los resultados obtenidos.
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Lo que busca Navarra con esta primera declaración que irá de la mano de un ambicioso plan de 56 medidas es destensar el mercado y paliar la insuficiente oferta de vivienda asequible. Para ello, como defendió Alfaro, que estuvo acompañada durante la rueda de prensa por la directora general de Vivienda, Elga Molina, se actuará en el ámbito de la oferta y la demanda con medidas transversales y del ámbito de la gobernanza. Por lo pronto, la declaración permitirá ya desde julio limitar el precio del alquiler de los nuevos contratos que se firmen y de aquellos inmuebles que no hayan sido arrendados en los últimos cinco años al valor superior que establezca el índice de referencia de precios de alquiler que determinará el Ministerio de Vivienda trimestralmente en función del lugar donde esté situado el inmueble y de sus características. En las viviendas que hayan estado alquiladas, la renta de los nuevos contratos deberá respetar el alquiler vigente en ese periodo y podrá continuar actualizándose anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC).
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Para los agentes inmobiliarios, que en la fase de alegaciones pidieron paralizar el proceso, la medida no es “ni necesaria ni conveniente” y podría romper el equilibrio en el mercado de alquiler donde no ven un problema “crítico” de incremento de rentas. Cuestionan que sólo en cuatro de los 21 municipios que serán zonas tensionadas, las rentas y los gastos asociados superan el 30% de los ingresos familiares y por un escaso margen -éste es uno de los requisitos que deben cumplir los municipios que sean declarados zonas tensionadas de vivienda-: en Pamplona el 30,12%; en Valle de Egüés, el 31,18%; en Berriozar, el 30,52% y en Ansoáin, el 30,09%. Ayer, Alfaro lo que defendió ante los medios fue el consenso casi unánime de los municipios para aprobar esta declaración asegurando que únicamente Tudela solicitó al Ejecutivo dar marcha atrás al proceso.
