Ha sido por los pelos y una vez que se ha desvelado el voto de Vox, que era decisivo. El Parlamento ha aprobado la ley que permitirá tomar posesión de sus cargos a casi medio centenar de secretarios e interventores, norma propuesta por el Partido Popular y que necesitaba mayoría absoluta, 26 votos de 50. A los 24 apoyos ya previstos de ‘populares’, socialistas, Geroa Bai y Contigo Navarra (Podemos, IU y Batzarre) se han sumado el parlamentario de Vox Emilio Jiménez y la que abandonó estas siglas, hoy parlamentaria no adscrita, Maite Nosti.

Los grupos han llegado a este pleno sin saber exactamente qué iban a hacer estos dos últimos representantes, y gracias a su apoyo se ha aprobado la norma.

CUÁL ES EL PROBLEMA Y QUÉ CONSIGUE EL CAMBIO LEGAL APROBADO

Se da así una solución parcial al bloqueo que vive el proceso de estabilización de plazas vacantes de secretaría e intervención en las entidades locales de Navarra.

La ley que se ha modificado señalaba que las personas que lograran una plaza en los cuatro procesos abiertos para estabilizar las plazas de secretarios e interventores tomarían posesión de estas en la misma fecha. Los procesos se realizaron, pero el problema se originó cuando uno de ellos, el proceso selectivo excepcional por concurso de méritos que afecta a 145 plazas (122 de secretario y 23 de intervención), se suspendió sine die, pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Los otros tres procesos que se pretende desbloquear afectan a 47 plazas. Son el proceso selectivo de estabilización y el proceso selectivo en turno libre, ambos por concurso oposición, y que suman 37 plazas (31 de secretaría y 6 de intervención) y el concurso extraordinario de traslados para funcionarios con habilitación foral y que atañe a 10 personas (4 secretarios y 6 interventores).

Un tema complejo en el que hay muchos intereses enfrentados. De hecho, en la tribuna de invitados de la Cámara han seguido el debate afectados que se beneficiarán de este cambio legal, como los que aprobaron el proceso selectivo en turno libre, que han aplaudido tras la votación, y representantes de los que están en contra de esta modificación.

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LA POSICIÓN DE LOS GRUPOS: VOTOS A FAVOR

Por el grupo autor de la iniciativa, el PP, Irene Royo ha recalcado que este tema no podía seguir paralizado y que por eso plantearon el cambio legal para desbloquear la situación y no vulnerar los derechos de los funcionarios con una plaza ya asignada y sin otros impedimentos para tomar posesión. “La no solución no puede ser la solución”.

Ha señalado que este Parlamento no podía mantener una ley que impedía cumplir la directiva europea para estabilizar plazas y reducir la temporalidad, ya que la norma navarra no contemplaba cómo solventar la situación de bloqueo de uno de los procesos, como ha sido el caso.

El socialista Javier Lecumberri ha defendido que ante una situación sobrevenida, como es el recurso ante el Constitucional, había que adoptar una solución para desbloquear el resto de procesos y reducir así la temporalidad en este colectivo como señala la Unión Europea, además de dar estabilidad a estas plazas de las entidades locales.

“Es de justicia hacia los trabajadores de los tres procesos que no están suspensos y han logrado sus plazas”, ha añadido.

Lecumberri ha indicado que la solución al bloqueo que se estaba sufriendo debía ser aprobada por el Parlamento, al ser el autor la ley que vinculaba la toma de posesión de las plazas de los cuatro procesos.

Por Geroa Bai, Pablo Azcona ha señalado que había que tomar una decisión para intentar solucionar un asunto tan complejo y había dos caminos, desvincular los procedimientos y romper así el bloqueo o no hacerlo, y ellos han optado por desligarlos para avanzar en tres de los cuatro procesos abiertos.

Para Miguel Garrido, de Contigo Navarra, la peor alternativa “hubiese sido dejar las cosas como están” y la opción elegida es la “menos lesiva”.

Emilio Jiménez, de Vox, ha señalado que no se podía satisfacer a todos los afectados y han optado por la vía que les ha parecido más justa.

EL RESTO DE GRUPOS

UPN por su parte se ha abstenido. Su portavoz en este tema Yolanda Ibáñez ha señalado que había que buscar una solución integral al problema, porque las personas afectadas por los diferentes procesos no son responsables, y ha apuntado al papel del Ejecutivo de María Chivite. “Los que han aprobado un examen tienen derecho a tomar posesión y el Gobierno es el que tiene la responsabilidad y debe dar respuesta”, ha agregado, señalando que así también lo habían apuntado los propios interesados por ese proceso.

Ibáñez ha explicado que UPN había optado por la abstención, porque “no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido”.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que las mismas razones por las que se vincularon por ley los cuatro procesos se mantienen, destacando que entre los afectados había en ello un consenso prácticamente general. “Era una cuestión nuclear por razones de eficacia y una regla esencial de los procedimientos”.

Ha sostenido que se desvinculan los procesos cuando ya se conoce el nombre de las personas concretas que se verán beneficiadas y ha cuestionado que esta vía beneficie al “interés general”. Ha concluido que la seguridad jurídica no se verá garantizada, ya que seguro que se plantean recursos tras este cambio legal aprobado por el Parlamento.