Diario de Navarra

Un juzgado no aceptará ninguna demanda de divorcio si antes la pareja no ha negociado para llegar a un acuerdo amistoso. No es todo. El juzgado exigirá pruebas. Se deberá demostrar que una parte ha intentado conciliar con la otra. Esta es una de las grandes novedades para los abogados de familia que entrará en vigor el 3 de abril . La obligación de negociar previa a la demanda de divorcio se recoge en la Ley Orgánica 1/2025), conocida como ‘Ley de Eficiencia de la Justicia’. El abogado pamplonés, Álvaro Iraizoz Reclusa (Pamplona, 1980), es el secretario de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). ¿Cómo califica la nueva ley para su gremio? Preocupante. Parece que el legislador pretende evitar la sobrecarga de los tribunales y que busca reducir la litigiosidad. Ese espíritu, a priori, parece loable. Ahora bien, los abogados vislumbramos problemas en su aplicación. ¿Cuáles? Uno, muy importante, que se obliga a negociar. Se quiere que las partes resuelvan sus conflictos por sí mismas, en lugar de invertir en mejorar los medios de la Justicia. Cuando se rompe una pareja es porque hay dificultades. ¿Se puede obligar a negociar? Esa es una de las claves. ¿Se puede imponer a las partes a una negociación que, además según la ley, debe ser de buena fe? ¿Y se puede exigir legalmente a negociar cuando una de las partes no quiere? Ahí vemos una posible inconstitucionalidad de la ley porque esa obligación puede suponer una traba al acceso de los ciudadanos a los tribunales. Se vulnera el artículo 24 de la Comisión Europea a la tutela judicial efectiva, porque no solo no se invierte en Justicia sino que se imponen nuevos trámites y nuevos plazos para acceder a ella. ¿Nuevos plazos? Claro. Esa negociación, en la práctica, puede llevar, como mínimo, de uno a tres meses. O más. Incluso si un de las partes quiere puede dilatar el proceso negociador aún más. Se van a alargar los plazos a los ya sangrantes retrasos que padece la administración de Justicia. Y cuando hablamos de procesos de divorcios en los que hay hijos menores es muy delicada. Los procesos ya de por sí sufren retrasos. Ahora puede ser peor. ¿Qué tiempo de demora existe ahora en los divorcios? Un dato actual: el juzgado de Estella ha tardado cinco meses en admitir la demanda de divorcio. Cinco meses para iniciar un proceso de divorcio. Es lo que nos encontramos. ¿Cuánto dura ahora un proceso de divorcio sin consenso, con juicio? Pues entre seis meses y un año, pero depende de juzgados. Y eso sin contar que luego puede haber un recurso de apelación por una de las partes. Y te puedes ir a los dos o tres años... Cuando alguien se separa lo que quiere es pasar página lo antes posible. Dejar atrás esa etapa, pero con esos plazos... Pues las dilaciones son el pan nuestro de cada día. Y si hay hijos pequeños, con una convivencia tensa, es muy duro. Lo que se necesita es agilidad para que esos cónyuges hagan su vida por separado. La nueva ley nos lo pone más complicado a los abogados que estamos ahí escuchando a los clientes mientras llega la respuesta judicial. Hablemos de esa negociación. ¿Quién la paga porque un divorcio no es precisamente barato y a la pareja se le obliga a incurrir en un nuevo gasto? Hay servicios públicos de medicación y con esta ley creo que se van a colapsar. Precisamente, la inconstitucionalidad que argumentamos va en parte por ahí. Porque bueno, estás imponiendo que la gente, para acceder a la justicia, tenga que incurrir en un desembolso. Y negociar exige que los cónyuges tengan madurez emocional. Se presupone que la tienen. No solo para negociar sin más. Si no, que la ley pide negociar de buena fe. ¿Buena fe y divorcio no son contradictorios? Pues es muy complicado, sí. Pero a veces la hay. De hecho, por eso alcanzamos acuerdos. A nivel de España, casi un 80% de las disoluciones matrimoniales son de mutuo acuerdo. Efectivamente, ya se negocia en la actualidad, pero voluntariamente. La mediación es un recurso utilizado por algunas parejas... Y los abogados también hemos negociado siempre. El problema que vemos es que la nueva ley hace la negociación obligatoria. ¿La ley detalla cómo se ha de negociar? Regula una batería de métodos de negociación. Les llama Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Algunos son conocidos, más populares, como la mediación y la labor negociadora entre abogados. Otros métodos son menos conocidos, como la conciliación, la opinión neutral de una persona experta independiente, la oferta vinculante confidencial y el derecho colaborativo. Entiendo que todas son diferentes. ¿Qué distingue la mediación de la conciliación? La conciliación consiste en que un único abogado para las dos partes, experto en la materia, interviene de manera neutral para ayudar a llegar a un acuerdo. La mediación puede hacerla una persona que no sea experta en la materia. Ni siquiera el mediador tiene que ser abogado. El mediador está para facilitar el diálogo entre las partes, pero el conciliador, además, asesora. Ha mencionado antes que otra herramienta o método de negociación que plantea la ley es la opinión neutral de una persona experta independiente. ¿Eso suena igual que la conciliación? No es lo mismo. La opinión neutral de un experto independiente, digamos, que ese experto independiente hace un dictamen. La ley dice que se le encarga un dictamen sobre la materia en conflicto, que plantee una solución. Pero no es vinculante. Luego, las partes pueden aceptar esa propuesta o la matizan. En la conciliación no hay dictamen, es un asesoramiento. ¿Qué es la oferta vinculante confidencial? Es que una parte, ya está asistida de su propio abogado, hace una oferta a la otra parte para zanjar el conflicto. Y es vinculante. Si la otra parte la acepta ya es de obligado cumplimiento. Hay otro método que se denomina el derecho colaborativo. ¿Se refiere a la tradicional negociación entre los abogados de los dos cónyuges? No. El derecho colaborativo es que negocian dos abogados , pero los abogados renuncian al proceso judicial. Es decir, intentan una solución de mutuo acuerdo, pero si el proceso negociador fracasa, ellos no llevan el pleito al juzgado. Es un compromiso de intervenir solo en la solución amistosa del conflicto. Ahora tienen que explicar todos estos métodos a sus clientes... Así es, es un trabajo que debemos empezar a hacer para que se vayan familiarizando con todos estos métodos. Imagine el problema de explicarles todo esto a los clientes. Es un lío, pero el problema de la ley no es regular estos métodos. El problema es que que nos obliguen a acudir a uno de ellos antes de interponer una demanda en casos en los que hay menores. Pero si es que siempre hemos intentado llegar a una solución amistosa. Cuando ponemos una demanda cuando hay un conflicto entre menores es porque ya hemos intentado la solución amistosa y vemos que no hay solución y se necesita una respuesta judicial rápida. Creo que se les complica su trabajo... Para los abogados esta nueva ley es un campo de minas. Un sinfín de nuevos aspectos a tener en cuenta: hay que acreditar ante el juzgado que se ha llevado a cabo esta actividad negociadora obligatoria. Para demostrarlo, tendremos que remitir comunicaciones fehacientes a la parte contraria, como el burofax, que tiene un coste elevado. También, vigilar el cómputo de los nuevos plazos legales; compaginar el proceso de negociación con el deber de confidencialidad; tener cuidado con las posturas o estrategias que se mantienen; las ofertas que se hacen, que pueden ser vinculantes; la repercusión en materia en costas procesales a la parte que se entienda que no está actuando de buena fe.... Se complica, sí. Para nosotros y pero también para los ciudadanos que se divorcien. DNIÁlvaro Iraizoz Reclusa (Pamplona, 1980) estudió Derecho en la Universidad de Navarra. Se especializó en familia y trabajó durante ocho años en el bufete de Luis Zarraluqui, en Madrid. Casado y con dos hijos, cuenta con despacho en Pamplona y Madrid. Desde hace 5 años es vocal de la junta directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y desde hace uno, secretario. La asociación reúne a 2.700 abogados de todo el país.

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Álvaro Iraizoz, abogado de familia: “Los procesos de divorcio sufren grandes retrasos. Y se alargarán aún más”

Una nueva ley impone desde el 3 de abril a una pareja la obligación de negociar antes de divorciarse. El letrado Álvaro Iraizoz: "En vez de invertir en medios para la Justicia se dice a las partes que resuelvan sus conflictos por sí mismos”.

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