El Juzgado de lo Penal nº 2 ha condenado a dos empresarios por haber ‘robado’ secretos industriales sobre la elaboración del vino a una empresa de la comarca de Pamplona para luego fundar la suya en Andalucía. La magistrada concluye que uno de ellos, que trabajó para la empresa víctima, se hizo con todos los secretos e incumplió así el acuerdo de confidencialidad que había firmado, por lo que le impone dos años de cárcel. Al otro, su socio en la nueva firma, le condenan a 1 año de prisión. La sentencia prohíbe a los dos la utilización de dichos productos y sistemas. En otro procedimiento se decidirá la cuantía de la indemnización. En sus conclusiones provisionales, el fiscal pedía 1,1 millones de euros.

La sentencia recoge que uno de los acusados era responsable de producción de una firma navarra dedicada a la creación de unos productos y sistemas innovadores que favorecen la elaboración del vino. Unas innovaciones que habían salido adelante gracias a una “relevante” inversión en I+D+I (Investigación-Desarrollo-Invnovación). Desde su puesto laboral, relata el fallo, el procesado tenía acceso a información como planos, recetas, componentes y datos de proveedores, distribuidores y clientes. Por este motivo, “para evitar la difusión de toda esta información”, su contrato incluía una cláusula de confidencialidad.

En 2019, continúa la sentencia, este acusado entró en contacto con el otro e iniciaron los trámites para constituir una empresa con el mismo objeto social en Sevilla. Para ello, el primer acusado “se hizo con toda la información de la que disponía, faltando a la cláusula de confidencialidad”. A continuación, sin necesidad de invertir en I+D+I y sin contar con instalaciones necesarias, sacaron al mercado sistemas y productos equivalentes al de la firma navarra.

El principal acusado afirmó que cuando se marchó se llevó su ordenador portátil, que nadie le pidió que borrara nada, y que parte de las recetas eran suyas. “Ninguna de la información de la empresa que había en mi ordenador tenía valor de secreto”, argumentó. Pero la magistrada ve probado que “incumplió” sus obligaciones de confidencialidad, pues al entrar a trabajar firmó ese acuerdo de confidencialidad que definía expresamente qué era información confidencial y cuáles eran sus obligaciones. El fallo resalta que la Guardia Civil, al entrar en la empresa de Sevilla, descubrió que “no había actividad” y que toda la documentación que había en los ordenadores de los dos acusados tenía su origen en la firma navarra.

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