Dos hombres fueron juzgados ayer acusados de revelar secretos industriales de una empresa navarra relacionada con la producción del vino y después utilizarlos para fundar su propia firma con el mismo objeto social en Andalucía. La Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para el trabajador que se marchó de la firma navarra y 1 año y 9 meses para el socio con el que fundó la segunda firma. Asimismo, reclama que ambos indemnicen a la denunciante con 1,1 millones de euros, la cantidad que invirtió en I+D+I durante ocho años para sacar adelante sus productos y sistemas. Los dos acusados solicitaron ayer la absolución en el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal nº 2, al defender que la información con la que fundaron su empresa no era confidencial ni secreta.

La fiscal relata que uno de los acusados era el responsable de producción de una empresa navarra dedicada a la elaboración de unos productos y sistemas innovadores que favorecen la elaboración del vino. Desde su puesto de responsabilidad, el acusado tenía acceso a toda la información en cuanto a planos, recetas, componentes, nutrientes... Asimismo, sigue la Fiscalía, tenía acceso a los datos de proveedores y distribuidores y de los clientes de la empresa para la que trabajaba.

Para evitar que toda esta información se difundiera, sigue el escrito de acusación, el trabajador había firmado una cláusula de confidencialidad que decía, por ejemplo, que se comprometía a “no publicar ni realizar presentaciones públicas o revelación de ningún otro modo a terceros de los aspectos y proyectos científicos o técnicos relacionados con esta información confidencial, debiendo mantener en estricta confidencialidad y secreto toda la información a la que pudiera tener acceso”. Tampoco podía sacar de las instalaciones ningún material relacionado con las investigaciones.

En 2019, la fiscal añade que el responsable de producción y el otro procesado entablaron contacto e iniciaron las gestiones para constituir en Andalucía una empresa “con el mismo objeto social” y con ambos como administradores únicos solidarios. La Fiscalía sostiene que el primer acusado incumplió su acuerdo de confidencialidad y utilizó toda la información para, “sin necesidad de realizar inversión alguna en I+D+I y sin contar con las instalaciones imprescindibles”, ofrecer en el mercado el mismo sistema para elaborar el vino y sus correspondientes productos.

La empresa navarra denunció los hechos y el caso fue investigado en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona por el equipo EDITE de la Policía Judicial de Guardia Civil de Navarra. Ahora ha llegado a juicio.