El presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha planteado impedir la entrada al Legislativo a los agricultores condenados por los incidentes ocurridos tras intentar irrumpir en la Cámara durante una protesta. La medida se llevaría a cabo durante la presente legislatura y ahora los grupos tomarán la decisión, aunque en principio parece que la mayoría está de acuerdo.

El caso judicial por los incidentes protagonizados por agricultores en las puertas del Parlamento el pasado 7 de marzo se ha cerrado con un acuerdo que llevó a la condena de los 19 acusados a entre 4 y 8 meses de cárcel, penas que quedan suspendidas tras el reconocimiento de los hechos por parte de estos y el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas.

Los portavoces parlamentarios ya han adelantado este lunes sus posturas en relación con la propuesta de Hualde de impedir la entrada de todos ellos en la sede de la institución: PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo, que suman mayoría, están a favor de la iniciativa de Hualde, mientras UPN, PP y Vox coinciden en rechazarla, argumentado que entonces se extienda a todas las personas condenadas.

El portavoz de UPN Javier Esparza, ha dicho que lo que hay es un intento de “criminalizar” a un colectivo y que es “mentira” que se les haya acusado de protagonizar un “intento de asalto” del Parlamento. Ha indicado que hubo unos incidentes, unos desórdenes públicos que su grupo rechazó, pero “basta de bulos, manipulaciones y mentiras”. Ha señalado que “la justicia ha dejado en mal lugar a la presidenta (María) Chivite que criminalizó a los agricultores” a los que se ha condenado “a penas mínimas”.

Hay que señalar que entre los condenados está el alcalde de Lazagurría, Máximo López, y Salvador Moreno, miembro de la ejecutiva de UPN. Esparza ha confirmado que López ha dimitido de su cargo público y ya no es alcalde. En cuanto a si Moreno debe dejar la ejecutiva, como le ha pedido el PSN, ha dejado caer que deben cumplir las responsabilidades que exija la justicia y no el Partido Socialista, “socio de Bildu”, al que “da la alcaldía de Pamplona” con un teniente alcalde “condenado”.

El socialista Ramón Alzórriz ha recalcado que lo que ocurrió en marzo fue “mucho más grave” que lo que ha concluido el acuerdo entre fiscalía y los agricultores, porque él sí mantiene que hubo un “intento de asalto al Parlamento de Navarra cuando se estaban debatiendo los presupuestos”.

El socialista ha detallado que antes de tomar la decisión de impedir el acceso al Parlamento de estas personas van a conocer un informe jurídico sobre este asunto. Él defiende que no deben poder entrar. “Han sido condenados y han asumido el delito”, ha señalado.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha declarado que no es la primera vez que se ha tomado una medida así. “Si hay precedentes, que se apliquen los mismos precedentes”, es la posición que ha mantenido. Ha respondido a otros portavoces que han dicho que entonces no se deje acceder a nadie condenado por desórdenes públicos. Araiz ha incidido en que en este caso se trata de incidentes relacionados con el Parlamento.

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que apoyan la propuesta de no permitir la entrada de estas personas que intentaron entrar en el Legislativo “de forma violenta”.

Por otro lado, ha pedido a UPN que aplique a sus cargos públicos y orgánicos “la misma vara de medir” que aplicó a cargos de Geroa Bai, en referencia al que fue consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi.

Irene Royo, del PP, ha señalado que su grupo no entendería la decisión de impedir la entrada a esas 19 personas si no se extiende a todos los que hayan sido condenados por desórdenes públicos.

Por el grupo Contigo Navarra, Miguel Garrido, ha señalado que estas personas acusadas por desórdenes públicos intentaron acceder por la fuerza en e Parlamento y es “lógico” que se les impida el acceso a la Cámara con carácter temporal.

La portavoz de Vox Maite Nosti ha señalado que entonces o entran “todos” los condenados por desóedenes públicos “o ninguno”, no sólo los agricultores.