Profesores y familias se manifestaron este jueves por la tarde en la puerta del sindicato Steilas de Pamplona preocupados por la tramitación del recurso presentado por este sindicato al Tribunal Supremo en el que piden “paralizar la ley del PAI”, el Programa de Aprendizaje en Inglés. Una decisión que afectaría al derecho de ser funcionarios de 352 docentes.

Estíbaliz Trillo y Ana García del Pozo como portavoces de los concentrados quisieron recalcar que “Steilas en la rueda de prensa previa echó la culpa a Gimeno y al gobierno, pero los que han puesto nuestros puestos de trabajo en juego han sido ellos, los mismos que tienen la oportunidad de retirar el recurso antes del 11 de diciembre”.

También expresaron que “tras la adjudicación de plazas en el PAI, se estabilizaron muchos puestos de trabajo, sustituyendo a interinos por fijos. Europa pide disminuir la interinidad y el Gobierno de Navarra lo hizo”. “¿Por qué no piden plazas para los docentes de castellano que se han quedado sin trabajo o para los mayores de 60 años que no tienen opción de entrar en las listas de educación?”, manifestaban los padres.

Quisieron recordar que “Steilas ya interpuso un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Navarra que fue desestimado en junio de 2023 y por el que tuvieron que pagar costes”. Los afectados lo relacionaron con “una estrategia para ganar votos, en vez de buscar una estabilidad para todos”, y argumentaron que “si yo quiero el PAI para mis hijos, que me dejen elegirlo”. Llegando a la conclusión de que: “lo que sigue estando en juego son nuestros puestos de trabajo, si querían ir en contra del PAI lo tenían que haber hecho antes, cuando los puestos no tenían nombres y apellidos”.

El sindicato quiso dejar claro en su rueda de prensa que no tiene como objetivo “desfuncionarizar a nadie” sino “paralizar la ley del PAI”. Que “la normativa estatal impide convocar oposiciones en las que sea requisito una titulación C1 en lengua extranjera”, pero el departamento de Educación “intentó que cada autonomía tuviese la potestad para decidir en cada convocatoria si exigía esa titulación”.

Al no ser modificada la Normativa Estatal, este sindicato expresó que “el Gobierno foral siguió por la vía más peligrosa e injusta con un alto grado de inseguridad jurídica” y que “los porcentajes a los que obliga la ley de reducción de la interinidad no se han cumplido en la educación pública de Navarra, encontrándonos ante un gran fraude”.