Quedan menos de seis semanas para buscar una solución a los procesos de estabilización de plazas de secretarios e interventores y, de momento, el Gobierno no ha movido ficha ni se ha fijado un plazo para ello, como este miércoles sostuvo la portavoz del Ejecutivo, la consejera Amparo López.

Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra suspendió cautelarmente la convocatoria de estabilización por méritos ante las dudas sobre la constitucionalidad de parte de la ley que la regula. Eso bloqueó el resto de procesos, ya que la ley vincula todos ellos, al establecer que se debe tomar posesión de las plazas de forma conjunta.

El pasado 24 de octubre, el Gobierno anunció que impulsaría la modificación de la ley para desvincular los procesos. De ese modo, mientras se resuelve el de méritos, podría tomar posesión el personal cuyo proceso no está paralizado, facilitar traslados y generar lista de contratación y de sustituciones activas para que las entidades locales puedan cubrir las necesidades que tengan, explicó el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

Sin embargo, cuatro semanas después el Ejecutivo no ha aprobado y remitido al Parlamento el proyecto para modificar la norma y la fecha tope para llevar a cabo estos procesos, el 31 de diciembre, se acerca. “Administración local está ejerciendo una escucha activa con los colectivos implicados, con las personas concretas que están en esa situación y lo explicaremos con detalle”, respondió ayer López.

En principio, el Ejecutivo tendría asegurados los votos para ese cambio legal, ya que además del tripartito contaría con el respaldo del PP, como anunció este grupo. “¿Estaría dilatando ese paso ante el recelo de otros grupos, porque disociar esos procesos podría afectar a plazas concretas?”, preguntó este periódico. La portavoz respondió que eso no le consta. “Nosotros velamos por los intereses generales desde el respeto máximo al marco legal existente y equilibrando todos los intereses”, contestó.